Fueron denunciados funcionarios públicos, pero la mayoría de los hechos fueron cometidos por particulares.

López señala que el 65 por ciento de las denuncias todavía está en investigación, pues la unidad solo cuenta con nueve personas para atender en todo el país.

Incremento

La presidenta de la Asociación de Periodistas de Guatemala, Ileana Alamilla, asegura que la entidad está preocupada por el incremento de agresiones contra los comunicadores.

Según Alamilla, también coordinadora del Observatorio de los Periodistas, “informes internacionales resaltan que México, Brasil y Centroamérica son lugares donde hay un marcado deterioro de la libertad de prensa”.

La comunicadora dice que en muchos casos las agresiones son cometidas por agentes del Estado y autoridades locales, pero ahora también hay reportes de población y agentes de seguridad privada.

Desprotegidos

El próximo martes se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, pero Guatemala no podrá mencionar muchos logros en cuanto a la protección de los comunicadores sociales.

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) publicó en su informe del 2015 que el peligro para los periodistas es mayor en las zonas fronterizas, debido a la presencia de estructuras criminales, presiones de grupos de poder y la intolerancia de las autoridades locales.

Ejemplo de esa intolerancia es el crimen contra Danilo López y Federico Salazar, de Prensa Libre y radio Nuevo Mundo, respectivamente, hecho que ocurrió el 10 de marzo del año pasado, en Suchitepéquez.

El director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Ricardo Trotti, dijo a Prensa Libre que en la organización existe “preocupación por los avances de la violencia en contra de los periodistas guatemaltecos, tanto por las agresiones que proceden del crimen organizado como desde el poder político”.

Julio Carranza, representante en Guatemala de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reconoce que en el país, “desde el punto de vista legal y formal, la libertad de prensa y el derecho a la información está totalmente garantizado, pero todavía existen presiones y situaciones que afectan la seguridad de los periodistas y su seguridad, sobre todo en los departamentos”.

Otros ataques

Atentar contra la libertad de expresión no solo incluye agresiones físicas o verbales.

En su informe, la PDH menciona los ataques cibernéticos contra varios medios de comunicación, como el ocurrido a Prensa Libre el 14 de julio del 2015, cuando apareció una página con la dirección www.prensallibre.com.

Ese suceso fue considerado por el medio como una muestra de la intolerancia de los políticos.

Otra manera de coacción se revela en un informe de la SIP en el que se resaltan “las resoluciones legales y judiciales, que representan un obstáculo para el trabajo de los medios de comunicación”.

Se trata de la decisión de prohibir el acceso de la Prensa al nuevo juicio contra Efraín Ríos Montt, que se inició el 16 de marzo. “Es una violación al artículo 35 constitucional y a la Ley de Emisión del Pensamiento”, se indica.

Sin respuesta

Una propuesta para crear un programa de protección a periodistas surgió en el 2012 por una recomendación de Naciones Unidas, debido al riesgo que enfrenta el gremio.

Trotti dice que en una reunión de abril de este año, la SIP “criticó al Gobierno por la inacción en materia de un sistema de protección largamente añorado por la prensa guatemalteca”, y que se resaltó la denuncia de 16 entidades periodísticas sobre su exclusión para la creación de ese sistema.

Por ello, la SIP pide al Gobierno que, “en cumplimiento con su mandato constitucional y el que deriva de la Ley de Emisión del Pensamiento, debe hacer mayores esfuerzos en pos de una sociedad con mayores libertades de prensa y de expresión”.

“Parcialmente libre”

La organización Freedom House, defensora de la libertad de prensa con sede en Estados Unidos, otorga a Guatemala una puntuación de 60, donde cien significa tener mayores restricciones y cero representa una libertad absoluta de los medios de comunicación, por lo que se considera al país “parcialmente libre”.

El informe de la organización señala que el país aprobó una ley de acceso a la información en el 2008, “pero la obtención de la información sigue siendo difícil en la práctica, sobre todo para los periodistas fuera de la capital”.

Importante

Carranza resalta que la libertad de prensa es un principio fundamental estrechamente vinculado con el derecho fundamental de estar informado, ambos necesarios para consolidar la democracia.

“La sociedad considera muy necesaria la existencia de órganos de prensa profesionales, objetivos y comprometidos en todo el país”, asegura.

Responsable sigue libre 

El 10 de marzo del 2015 fueron asesinados Danilo López, corresponsal de Prensa Libre, y Federico Salazar, de radio Nuevo Mundo.
Por el crimen, perpetrado en el parque central de Mazatenango, fueron capturadas seis personas; pero una de ellas quedó libre por falta de mérito.
Según el Ministerio Público, los capturados son coordinadores del ataque y responsables de haber disparado contra López y Salazar.

Entre los detenidos se encuentran dos agentes de la Policía Nacional Civil, y uno de ellos, José León Cabrera Solís, es colaborador eficaz.

El caso de López y  Salazar se trasladó a la Fiscalía Especial contra la Impunidad    del Ministerio Público, para agilizar las investigaciones y dar con los responsables intelectuales del crimen, pues se sospecha que están involucrados un diputado del Frente de Convergencia Nacional y funcionarios ediles del departamento.

La hipótesis del Ministerio Público es que el ataque fue dirigido contra el corresponsal de Prensa Libre y que la muerte de Salazar se dio que se encontraba en el mismo sitio.

En una declaración, Cabrera Solís aseguró que por el crimen recibió Q25 mil, y  al consultar quién había pagado por la muerte de esa persona, otro presunto participante respondió que la orden fue  del alcalde de Mazatenango Óscar Roberto Lemus Gordillo.

En el 2013, López recibió amenazas del alcalde de San Lorenzo, en el mismo departamento, José Linares, quien estaba molesto por una nota publicada en abril de ese año.

Juzgados para intimidar a la Prensa

Recurrir a juzgados no competentes para exigir aclaraciones es una manera de intimidación a la Prensa, aunque también se utilizan otros argumentos en leyes distintas a la Constitución.

La organización Freedom House indica en su informe del 2015 sobre la libertad de prensa que, aunque en Guatemala la libertad de expresión está garantizada en el artículo 35 de la Constitución, “la prensa guatemalteca está sujeta a varias restricciones legales”.

Entre estas restricciones se menciona el artículo 41 de la Ley de Radiocomunicaciones, que prohíbe las transmisiones “ofensivas para los valores cívicos y los símbolos nacionales”, y prohíbe  programas “contrarios a la moral y la buena etiqueta”.

La organización cuestiona que la difamación todavía se contempla en el  Código Penal, con penas de hasta cinco años de prisión, ya que “los negocios y líderes políticos utilizan cada vez más estas disposiciones”.
“Como tal, las autoridades, los políticos, las élites empresariales y otros a menudo recurren a los tribunales, en un esfuerzo por silenciar a la Prensa”, asegura el informe.

La Procuraduría de los Derechos Humanos resaltó en su informe del año pasado los casos en que se utilizó el derecho penal para limitar la libertad de expresión.

Periodistas de Siglo 21 fueron denunciados por la titular de la  Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico por publicaciones sobre su gestión.

Denuncias similares existen contra periodistas que ejercen en la provincia, así como columnistas de opinión.