“Si hay elementos que investigar se deben de llevar a cabo y deducir responsabilidades, pero en base a una investigación adecuada, proporcional y razonable a los hechos que se están investigando”, explicó Pablo Hurtado, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).
En esa línea cuestionó el actuar del MP en cuanto a perseguir a la organización política bajo una ley de delincuencia organizada.
“No es sencillo comprender cómo puede darse esa aplicación, porque es una naturaleza diferente, no es un grupo criminal que se ha constituido para cometer ilícitos, hay un proceso de como se constituyó una institución de derecho público”, debatió.
Se sumó Gustavo Berganza, de la Asociación Doses, quien refirió que no se puede valorar aspectos electorales, que se rigen por una ley de rango constitucional, con una normativa legal de menor jerarquía.
Asimismo, destaca que en todas estas acciones legales hay un traslape “de manera dolosa” entre las jurisdicciones penales y electorales.
Amenazas
Estas acciones representan amenazas para la democracia del país, según indiciaron los representantes de la MOE-GT.
“Cada una de esas acciones, de una u otra manera constituyen importantes y serias amenazas a la estabilidad democrática de nuestro país”, aseguró Hurtado.
Berganza añadió: “Si el timón no se endereza (se está) a punto de chocar contra un iceberg que pude desmantelar los logros que hemos tenido en la democracia”.
A criterio de Hurtado, es escaza la información que se sabe públicamente de las investigaciones, sin embargo, considera que si se busca señalar fallas en el proceso electoral “están perdidos” ya que la Misión logró verificar los estándares mínimos con los que se cumplió para asegurar la validez de sus resultados.
“En el sentido de cuestionamiento a los resultados fue grotesco ver videos e imagines de fiscales auxiliares del MP viendo las papeletas”, comentó el representante de Asíes.
Berganza reforzó la idea agregando que para poder señalar un fraude se tuvo que haber involucrado a todos los miembros de la Juntas Electorales y que es una acusación “injusta” en contra del trabajo ciudadano.
“Quien quiera decir que hubo fraude está totalmente loco para hacer fraude habría que haber cooptado a 120 mil ciudadanos hubieran tenido que conspirar”, refirió.
