Facturas fantasma

Otro de los hallazgos está en el pago del servicio eléctrico. Mil 595 facturas no tienen Número de Identificación Tributaria (NIT), y otras lo tienen, pero es diferente al de la comuna  o están extendidas como consumidor final. Además, 182 facturas se encuentran a nombre de otras instituciones como la Dirección General de la Policía Nacional Civil o Inmobiliaria Dolores.

La CGC efectuó una muestra de 130 contadores, pero la dirección no coincide con la de la Municipalidad, y otras no corresponden a donde se encuentran instalados los contadores. Este señalamiento fue cuantificado en Q111.6 millones, y se involucra en una denuncia a nueve personas, incluyendo al gerente municipal, Ricardo de la Torre, y al director de Administración Financiera, Fidel Espaderos.

Señala a Arzú

Otro hallazgo  es por Q4 millones. Según la CGC, la Municipalidad incumplió con los plazos establecidos en ley en los eventos de cotizaciones públicas y licitaciones que efectuó esa entidad. “El Alcalde Municipal aprobó contratos extemporáneamente”, detalla el documento.

El alcalde se ve involucrado en otro hallazgo por Q69 mil, debido a que la CGC verificó que la Dirección de Obras emite evaluaciones de impacto vial. Cobró como compensación tres viaductos  y la ampliación del Anillo Periférico, pero no los contabilizó, pese a que la Municipalidad efectuó gastos por estos proyectos por Q1.2 millones.

La comuna también habría pagado Q99 mil 645 en horas extras injustificadas y que incumplen con el Código de Trabajo, ya que algunos de los empleados cobraron por este rubro, incluso más de su salario mensual.

El alcalde también se ve involucrado en la utilización de hojas no autorizadas por la CGC, en la cuales se suscribieron actas del Concejo, pese a estar prohibido en la ley. Por este hallazgo se estableció un pago de Q24 mil 919 a Arzú, y Q21 mil 50 a la secretaria del Concejo, María Elena Cruz.

La CGC aseguró en su informe que en el Fideicomiso del Transporte (Fidemuni) existen varios contratos que incumplen con requisitos establecidos en ley, por ejemplo, se adjudicaron obras como eventos de cotización pese a que sobrepasaban los Q900 mil establecidos.

• Municipalidad

Auditados por cinco entidades

La Municipalidad de Guatemala, por medio de un comunicado, ratificó que toda la información financiera, presupuestaria y de procesos de compras y contrataciones está a la vista de todos los guatemaltecos conforme lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública.

Añade que sus tres fideicomisos están auditados por cinco diferentes entidades: Contraloría General, Superintendencia de Bancos, las auditorías de los bancos que los manejan, la auditoría interna de la misma municipalidad y las auditorías externas de cada fideicomiso.

Aseguran que varios casos se vuelven a repetir y que ya tienen fallos favorables por Tribunales de Cuentas.

• Contraloría

Figura difícil de fiscalizar

El contralor, Carlos Mencos, indicó que los datos revelados, a su criterio,    son los más relevantes.
“Hay sanciones administrativas que suman Q457 mil, que dentro del debido proceso tendrán la oportunidad de presentar las pruebas que correspondan”, explicó Mencos.

El funcionario agregó:  “Lo he dicho en muchas oportunidades, me he opuesto al manejo de los fideicomisos y lo seguiré haciendo todos los días. Creo que deberíamos preocuparnos en fortalecer los procesos por medio de normas ordinarias. Los fideicomisos se sustentan en una ley de orden privado y a veces limita en la revisión del movimiento financiero”.