Luego de ser destituido, Sandoval brindó una conferencia de prensa con el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, en el que aseguró que en la fiscalía hay investigaciones que podrían nunca salir a luz porque involucran a allegados al partido oficial, al Congreso y a magistrados.
“El Gobierno de la República Guatemala rechaza categóricamente las declaraciones vertidas por el abogado Juan Francisco Sandoval, quien en conferencia de prensa transmitida desde las instalaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos y en compañía del señor Procurador de Derechos Humanos, el día 23 de julio del año 2021, realizó afirmaciones sobre supuestos hechos penales, haciendo mención directa o indirecta hacia el Presidente”, se lee en el comunicado del gobierno
Durante la conferencia Sandoval informó que se obtuvo una declaración de una persona cercana a la agrupación oficial que detalló vínculos entre el partido de Gobierno y los Q122 millones incautados en una propiedad del exministro José Luis Benito.
“Se obtuvo una información de una declaración, de una persona cercana a la agrupación política oficial, que explicó la posible relación de ese dinero con el partido de Gobierno (…) se requirió una declaración testimonial del exsecretario privado de la presidencia, y desde ese entonces los ataques en mi contra, en contra del personal de la Feci se incrementaron”, dijo Sandoval.
Por otro lado, el Gobierno comunicó que el Ministerio Público es autónomo y por lo tanto aseguró que no es su competencia emitir comentarios sobre las decisiones que toman las autoridades de esa institución. Asimismo, solicitó que “los órganos competentes realicen la indagación de mérito y presenten los elementos de convicción que permitan demostrar la falsedad o veracidad de lo dicho (por Sandoval)”.
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Pronunciamiento de bancadas
Hasta la tarde del sábado 24 de julio, cinco bancadas del Congreso de la República habían emitido comunicados rechazando la destitución de Sandoval. Se trata de los bloques de oposición Winaq, URNG-Maíz, Bancada Semilla y Movimiento de Liberación para los Pueblos.
Todas coinciden con que la destitución fue ilegal y socava los esfuerzos que se habían emprendido en materia de lucha contra la corrupción e impunidad.
Además, también piden la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, y el presidente Alejandro Giammattei por debilitar el procesamiento de casos de corrupción de alto impacto.
A título individual, también rechazaron la destitución las diputadas Evelyn Morataya y Andrea Villagrán, del bloque BIEN, y el diputado Christian Álvarez, del bloque Compromiso, Renovación y Orden (Creo).
Al pronunciamiento de los congresistas se suman múltiples muestras de indignación por parte de la comunidad estudiantil, sector religioso, empresarial y de sociedad civil.
