La firma tenía a su cargo los trabajos de ampliación a cuatro carriles de la CA-2 Oriente, que va de la cabecera de Escuintla a Ciudad Pedro de Alvarado, frontera con El Salvador, y que para el siguiente año el Ministerio de Finanzas había presupuestado Q500 millones.
Aldo García Morales, ministro de Comunicaciones, confirmó este martes en la Comisión de Finanzas del Congreso que la notificación la recibieron el pasado viernes.
La nota refiere que Sigma Constructores cancela la relación de las obras vigentes con el Estado.
“La liquidación significa que si hay una obra que está pendiente de ejecutar con nosotros —Comunicaciones— y se le debe dinero, se cancela, y el contrato, que no solamente es de un proyecto, sino de varios, se entrega, porque ya no cuentan con fondos”, explicó.
Diputados se oponen a las asignaciones de Q500 millones para las constructoras Sigma
y Odebrecht, S. A. en el plan de gasto del 2017.
Se incluyen Q150 millones a la firma Constructora Nacional, S.A. (Conasa), que ejecuta una ruta alterna para no pasar por el centro de la cabecera de Chimaltenango.
Álvaro Mayorga, representante legal de Conasa, está vinculado con el caso Cooptación del Estado.
La empresa Topsa, también relacionada con ese proceso, no tiene asignación para el 2017, pero sí varias obras en ejecución en el 2016.
Los diputados votaron a favor de que se haga una reducción al techo de gasto.
García Morales informó que Sigma tiene tres contratos vigentes, uno desde 1988 y que se ha ampliado por varios años en diferentes tramos.
En cuanto a la ampliación hacia la frontera con El Salvador, el ministro informó que la constructora reportó un avance físico del 13% y 11% de la ejecución financiera.
La ampliación paró luego de conocerse el caso Cooptación del Estado, el pasado 2 de junio, hasta que quedó suspendida.
En el 2014, el Congreso aprobó un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por US$280 millones —Q2 mil 156 millones— para ese trayecto, en el cual se contrató como empresa ejecutora a Sigma.
Según el sistema Guatecompras, la constructora ha recibido del 2006 al 2015 contratos por Q4 mil 82 millones.
García Morales señaló que, junto con la Procuraduría General de la Nación, analizan la ruta legal y financiera, y en los siguientes 10 días se presentará una plan.
Según el funcionario, la empresa debe devolver el dinero y se tendrá que renegociar el contrato en el Congreso y con el BCIE, e incluir la modificación para que se adjudique a un nuevo constructor.
Víctor Martínez, viceministro de Finanzas, expuso el 28 de septiembre último que el Ejecutivo trabaja en la modificación del proyecto.
Jairo Flores, presidente de la Comisión de Finanzas, dijo que se aplicará una reducción al techo de gasto a Comunicaciones para el 2017, debido al espacio presupuestario a Sigma, así como a la brasileña Norberto Odebrecht, S.A., —señalada de corrupción en Brasil—, que tiene a su cargo la ampliación de la carretera CA-2 Occidente.
En el presupuesto para el 2017 se incluyeron Q1 mil millones, que representan Q500 millones para cada firma.
