El inicio de las operaciones marítimas comerciales de TCQ no escapan de la polémica generada por esa terminal desde el 11 de julio del 2012, porque su trabajo se realizará con base en un contrato de usufructo oneroso firmado con la Empresa Portuaria Quetzal por 25 años prorrogables, que permanece bajo litigio en los tribunales de Guatemala.
Por la firma de ese contrato enfrentan proceso el expresidente Otto Pérez Molina, la exvicepresidenta Roxana Baldetti y 10 personas más, quienes se habrían beneficiado con US$24.4 millones en sobornos, que entregaron los ejecutivos de la compañía Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB). Luego, TCB vendió la operación a APM Terminals.
En espera de fallo
Aizenstatd dijo que la operación se fundamenta en el contrato inicial suscrito con EPQ durante la administración de Pérez Molina.
“Existe hoy en día un contrato y que puede tener señalamientos de nulidad solicitada por la Procuraduría General de la Nación y que llegará a una eventual sentencia, pero al día de hoy no hay una sentencia firme”, resaltó.
Anabella Morfín, procuradora general de la Nación, dijo en breves declaraciones: “Esto desde mi punto de vista no afecta en nada la acción de nulidad que se está discutiendo en los contencioso administrativo, porque finalmente el juicio debe continuar y esa es mi responsabilidad”.
Agregó: “Naturalmente, cuando está ya una sentencia firme el juez decide el destino de las cosas y es justamente lo que pretendemos. Eso es irrefutable, los vicios existen y espero que sean declarados oportunamente”.
El interventor dijo que si el contrato es declarado como nulo, en sentencia firme, la terminal no podrá seguir operando.
Ruta legal
Aizenstatd recordó que con ese contrato oneroso la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Portuaria Nacional y el Ministerio de la Defensa otorgaron los permisos para entrar en operación.
Lo anterior fue refutado por las organizaciones sindicales de EPQ, cuyos miembros ayer realizaron una protesta pacífica frente a la nueva terminal y calificaron el inicio de operaciones como ilegales.
“Existen procesos que no están resueltos, porque este proyecto nació corrupto”, afirmó Javier Reyes, secretario de uno de los sindicatos portuarios.
Reyes dijo que hay ilegalidades en la constitución de los contratos administrativos del 2012, los convenios con la Municipalidad de Puerto San José por las licencias de construcción, la solicitud de nulidad de la PGN, los acuerdos de la junta directiva de la EPQ y la posición de la Contraloría General de Cuentas.
Solo llegó la SAT
El intendente de Aduanas, Wérner Florencio Ovalle, y el superintendente de Administración Tributaria (SAT), Francisco Solórzano Foppa, fueron los únicos funcionarios en la ceremonia.
Ovalle indicó que existe una cláusula que establece que si se declara nulo el contrato por un tribunal, de manera automática dejará de funcionar como depósito aduanero temporal.
En opinión de Marvin Flores, de Acción Ciudadana, este es un caso atípico y consideró que el contrato es nulo en función de que se contradice la Ley de Contrataciones del Estado cuando dan un usufructo para evitar la concesión. Pero también opinó que existía la posibilidad de que si Guatemala declaraba lesivo el contrato se iba a un litigio internacional y posiblemente el Estado de Guatemala iba a tener que pagar sanciones o la inversión realizada, algo similar al caso de ferrocarril, en donde el Estado tuvo que pagar aunque ganó el litigio.
En el caso de TCQ, era mejor que operara y no que el Estado corriera el riesgo de perder.
“Tiene razón el interventor. Hasta que no haya sentencia firme, el contrato del Partido Patriota, corrupto y todo, sigue vigente. El país se está jugando el usufructo de un bien estratégico del Estado, como lo es un puerto, y la empresa también corre riesgo. El Estado no hizo lo mejor y la administración pública quedó en un callejón sin salida”, afirmó.
Proceso opaco
- Estos son los acontecimientos en torno al contrato de usufructo que la Empresa Portuaria Quetzal concretó con una firma española.
- El 11 de julio del 2012, EPQ firmó el contrato de usufructo por medio del cual TCB de España operaría una terminal de contenedores.
- La EPQ, bajo la modalidad de usufructo oneroso, entregó una fracción de terreno de 348 mil 171.81 metros cuadrados.
- Cada año la portuaria recibirá, por canon del usufructo, Q6.5 millones, por 25 años.
- La PGN recomendó anular el contrato en agosto del 2015.
- TCQ entraría en operación el 1 de marzo del 2016.
- En abril del 2016, el MP y la Cicig señalan a 12 implicados, entre ellos a los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, por haber recibido sobornos.
- En junio, el juez de Extinción de Dominio ordena la intervención de TCQ.
- APM Terminals adquiere la participación de TCB en el mundo, por lo que TCQ es parte de sus activos.
