Esa propuesta generó críticas y rechazo entre la población, debido a que se incluyó en una coyuntura que se ha concentrado en la muerte de 40 menores en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
Según el diputado independiente Mynor Cappa, la iniciativa habría sido impulsada por diputados señalados, como Christian Boussinot, Arístides Crespo, Manuel García Chutá y César Fajardo, todos con procesos legales abiertos.
Para Javier Brolo, politólogo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), las acciones de las últimas semanas son muestra del temor que tienen los diputados respecto de procesos iniciados, apoyados por otros que también tienen miedo de verse implicados.
“De alguna manera están usando los recursos a su disposición para defenderse”, indicó Brolo.
Señala con nombres
El diputado independiente Mynor Cappa, quien fue uno de los 20 que votó a favor de la iniciativa que otorga amnistía legal, aseguró que fue sorprendido, pues pensó que se trataba de la ley que beneficia a los agroindustriales.
Cappa señaló a los diputados Arístides Crespo, Cristhian Boussinot, Manuel García Chutá y César Fajardo de haber impulsado la propuesta, debido a los procesos abiertos que tienen en su contra.
Incluso, Cappa señaló a Fajardo de haberlo calificado de cobarde cuando abandonó el pleno al percatarse del error. Según el diputado, se enteró desde hacía algunos días de la intención de incluir en la agenda la propuesta.
Se buscaron las versiones de Boussinot y Fajardo, pero no respondieron.
Varios intentos
En el Congreso, ningún legislador ha querido aceptar su respaldo a la propuesta. Algunos aseguran que la firma no es suya. Pero esa no es la única propuesta, pues el año pasado Juan Ramón Lau intentó establecer plazos en los procesos judiciales, con el fin, según él, de reducir el hacinamiento en las cárceles y garantizar el debido proceso a los sindicados. Esa medida no excluía los casos de alto impacto.
Además, el partido de Gobierno ha tratado de adelantarse, y promueve una iniciativa que le garantice mantener sus comisiones de trabajo y puestos en la Junta Directiva del Congreso, ante una posible cancelación del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).
Cristhians Castillo, politólogo del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), aseguró que los diputados tienen múltiples temores y el ambiente en el Congreso es de incertidumbre, debido a que en los últimos años se han utilizado prácticas ilegales y corruptas que les han permitido un estilo de vida.
“Mientras ello ocurre se han visto estas agendas oportunistas que buscan, de alguna manera, generar impunidad y condiciones para que no haya posibilidades de persecución por parte de la justicia guatemalteca”, dijo Castillo.
Según el politólogo, esas agendas las han impulsado sobre todo los diputados reelectos, que tienen temor de sus acciones, como la aprobación de contratos anómalos, tal el caso del de la empresa Norberto Odebrecht, que reconoció haber pagado sobornos a nivel latinoamericano para verse favorecida con proyectos, y solo en Guatemala dieron coimas por US$18 millones (Q138.6 millones).
“El Congreso está jugando con fuego, porque por tratar de salvar a unos diputados está poniendo en riesgo a un organismo del Estado. Eventualmente y en un futuro cercano se exigirá la depuración”, manifestó.
Según el politólogo independiente Ricardo Barreno, los congresistas tratan de cubrirse de manera legal para evitar que cuando pase la coyuntura social tengan asegurados sus intereses y no puedan ser alterados.
“Yo desconocía la propuesta, no sabía de ella, tampoco la impulsé. Tal vez Cappa me mencionó por mis problemas legales”, Manuel García Chutá, diputado
Agregó: “Indudablemente, los diputados se están protegiendo ante el temor que tienen de los hechos que han cometido… Durante años han utilizado el puesto como un botín político y una herramienta para obtener réditos de toda índole. La lógica de temor, de incertidumbre y de expectativa se ha apoderado del Congreso y en materia a ello están legislando”.
Para Barreno, el problema se agranda cuando los congresistas usan la institucionalidad legal del Organismo Legislativo “para afianzarse o garantizarse beneficios ilegítimos”.
La iniciativa de Lau y la de la amnistía se encuentran en comisión, donde serán dictaminadas, por lo que ambas podrían llegar al pleno.
