El programa fue creado por el expresidente Barack Obama y daba oportunidad de estudiar y trabajar a unos 800 mil jóvenes, en situación irregular, conocidos popularmente como soñadores.
De acuerdo con el USCIS, en los primeros seis meses de este año fueron aceptadas 46 mil 84 solicitudes, aunque solo fueron aprobadas 39 mil.
El anuncio de la cancelación del Daca fue oficializado por el fiscal general, Jeff Sessions, quien indicó que el Congreso debe dar una solución antes de seis meses, que es cuando finaliza la prórroga que dio la administración de Trump para que empiecen a expirar los permisos temporales de estancia y de trabajo que concedía el programa, los cuales se renovaban cada dos años. En agosto de 2019 habrán caducado todos.
“No estoy a favor de castigar a niños, la mayoría de los cuales ahora son adultos, por las acciones de sus padres. Pero tenemos que reconocer que somos un país de oportunidades porque somos un país de leyes”, afirmó Trump en un documento que distribuyó la Casa Blanca.
Por su parte, Sessions comentó: “El país tiene que poner y aplicar un límite a cuántos inmigrantes admitimos cada año, y eso significa que no pueden ser aceptados todos”.
Planes truncados
“La superioridad blanca ha demostrado otra vez cómo es el país”, lamentó Alejandra Pérez. cuyo permiso del Daca expira en el 2019, pero en los próximos meses, junto con la organización de apoyo a inmigrantes en la que trabaja, tratará de presionar a los legisladores para que otorguen un permiso permanente a los soñadores.
“Tengo un poco de confusión de lo que está pasando. Estamos en la misma situación con mi hermano”, expresó la guatemalteca.
Pérez cree que con la decisión de Trump solo se le hacen más difíciles sus planes.
“Planeo estudiar mi maestría y seguir trabajando, es solo una barrera que superar. Sé que será más difícil tener un trabajo. Estamos en riesgo de deportación y, más, nuestras familias, porque damos nuestra dirección y siempre hay indocumentados en las casas”, puntualizó.
Pérez es graduada de Sociología y Estudios Étnicos en una universidad estatal. Junto a su hermano, José, un año menor que ella, compraron una casa recientemente. “Ponen a la comunidad en una situación muy difícil, más a los que hemos tenido acceso a trabajar, a más recursos; eso ha sido quitado”, recalcó.
El Daca de Kenny Quintana expira en un año y mientras tanto puede trabajar legalmente. Llegó a EE. UU. a los 12 meses de edad y ahora, a sus 22 años, trabaja como asistente de gerencia en un expendio de gasolina y estudia en un colegio comunitario para poder entrar en la universidad.
“La situación se veía venir y no queda más que seguir confiando en Dios. Es Él quien tiene la última palabra en todo”, expresó.
Lamentó la eliminación del Daca, al tiempo que enfatizó que el miedo no debe adueñarse de su vida y tiene que seguir luchando.
Quintana tiene otros dos hermanos que nacieron en EE. UU. y en un futuro piensan reclamarlo para que sea ciudadano.
Defensores
Cristina Jiménez, directora de la organización de apoyo a inmigrantes United We Dream, comentó que con la decisión de Trump se completa un “perverso plan de supremacista blanco para aterrorizar a las minorías”.
Añadió: “No se equivoquen, estos políticos racistas no nos empujarán hacia las sombras. Este es nuestro hogar y estamos aquí para quedarnos”.
Para Angélica Salas, directora de la Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante (Chirla), dijo que lo ocurrido con Daca es inmoral, cobarde e irresponsable. “Lo que hiciste fue destruir cientos de miles de vidas, de jóvenes. Te metiste con los más jóvenes de Estados Unidos, los vulnerables, esos que tienen 15 años y ahora no tendrán la oportunidad de estar protegidos”, añadió en alusión a Trump.
A favor y en contra
“El presidente Obama pensó erróneamente que tenía la autoridad para reescribir nuestra ley migratoria. La decisión del presidente Trump corrige ese error fundamental. Este congreso continuará trabajando por la seguridad fronteriza y para garantizar un sistema migratorio legal que funcione”, dijo el jefe de la bancada republicana en el Senado, Mitch McConnell.
Obama respondió: “La acción adoptada no es necesaria legalmente. Es una decisión política y una cuestión moral”.
Mientras, la jefa de la bancada demócrata en la cámara baja, Nancy Pelosi, calificó la eliminación de “acto profundamente vergonzoso, de cobardía política, y un ataque despreciable contra personas inocentes en comunidades a lo largo de EE. UU.”.
comunicado
En Guatemala, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por las implicaciones socioeconómicas y apela al sentido humanitario “del pueblo estadounidense”.
Esto ocurre en un momento en el que el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), el órgano encargado de velar por la protección de los connacionales, no tiene autoridades, todas las sedes departamentales están cerradas y no hay delegados en el interior.
En contraste, el Gobierno de El Salvador anunció que defenderá en el Congreso de EE. UU. una posible ley a favor de los inmigrantes cubiertos por el Daca.
“En los próximos meses la decisión sobre el futuro del programa Daca estará en el Congreso, y es hacia donde nosotros vamos a dirigir todas nuestras energías, para trabajar en una salida”, dijo el canciller salvadoreño, Hugo Martínez.
La Cancillería de México informó que “por la vía diplomática, y siempre en estricto apego a derecho”, promoverá “activamente” una “solución permanente” para los soñadores.
Para ello ha enviado cartas a senadores y congresistas estadounidenses y aseguró que “redoblará sus esfuerzos” para garantizar “la más amplia protección consular”, incluida la representación legal de los jóvenes afectados por esta medida.
Gobierno: Tibia reacción
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta la decisión del presidente Donald Trump respecto del Daca y expresa su preocupación por las implicaciones socioeconómicas que podría causar a las familias de los inmigrantes.
“El Gobierno de Guatemala respeta la legislación y decisiones internas del Gobierno de los Estados Unidos, y por ello apela al sentido humanitario el cual ha caracterizado al pueblo estadounidense y a sus legisladores, para que velen porque estos jóvenes no queden desamparados (…)”, indica el documento.
Esa reacción es contraria a la pronunciada por El Salvador y México, que aseguraron que defenderán a sus soñadores ante el Congreso por la vía diplomática y que impulsarán planes de protección.
