El documento revela mil 653 hallazgos o acciones correctivas y mil 538 sanciones contra empleados públicos, quienes deberán pagar al Estado Q74 millones 614 mil 258.53 en concepto de multas.
Casos de impacto
Los señalamientos alcanzan a municipalidades de ciudades grandes y pequeñas, tal es el caso de la comuna de Xelajú, donde los hallazgos fueron exorbitantes, según el informe.
La CGC identificó en dicha comuna 83 anomalías —64 externas y 19 internas del área financiera—, por lo que críticos señalan el escaso control interno e incumplimiento a las leyes de transparencia.
El ente fiscalizador presentó 15 denuncias en el Ministerio Público (MP) contra el exalcalde Jorge Barrientos Pellecer y su concejo por mal manejo de Q77 millones 270 mil 532.55.
Las demandas fueron planteadas por haber autorizado la construcción de más de 45 locales alrededor del Zoológico Minerva, en la zona 3, y por haber aprobado licencias de construcción privadas, entre estas una de un centro comercial.
Las multas para estos funcionarios ascienden a Q1 millón 306 mil 707.04, de los cuales Barrientos debe cancelar Q151 mil 438.34, correspondientes a 27 anomalías; también Carlos Prado Bravo y Rolando Morales Velásquez, ex concejales primero y sexto, respectivamente, deben pagar Q101 mil 760.30 cada uno, por concepto de 17 irregularidades.
En similar situación se encuentra la comuna de La Democracia, Escuintla, donde se señala una serie de anomalías en la ejecución de cinco proyectos por un monto de Q3 millones 631 mil 858.76, los cuales no existen físicamente y no hay actas de recepción ni documentación que los respalde.
La semana última fueron detenidos y ligados a proceso al exalcalde Ramón Soto García y siete exintegrantes del concejo, señalados de peculado, encubrimiento propio, lavado de dinero y otros activos, así como por incumplimiento de deberes.
De acuerdo con la CGC, en la comuna de San Pedro Soloma, Huehuetenango, se dieron 10 hallazgos, aunque destacan los pagos improcedentes de Q592 mil 42, por los cuales fue señalado el exalcalde Nicolás González Martínez y su concejo; además, se descubrió el gasto de Q996 mil 54.77 por contratación de servicios sin seguir el procedimiento debido, y por el cual se culpa al ex director municipal de planificación, José Andrés Mateo, a quien se le impuso una multa de Q8 mil 893.34.
En Chajul, Quiché, las multas que deben pagar las autoridades anteriores ascienden a Q471 mil 965.40, producto de los hallazgos relacionados con el control interno y el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables en la municipalidad.
Reina el descontrol
En Chimaltenango se identificaron irregularidades en las comunas de Santa Cruz Balanyá, Parramos, San Pedro Yepocapa, Zaragoza, El Tejar, San Juan Comalapa y Patzún.
En Santa Cruz Balanyá se reportaron gastos de funcionamiento por Q3 millones 804 mil sin contar con los respectivos expedientes. En Parramos se conoció de pólizas para vehículos valorados en Q761 mil y Q1 millón 353 mil con indicios de corrupción y en San Pedro Yepocapa, las autoridades no cumplieron con el plan de auditorías para el presupuesto de Q22 millones 880 mil.
- Para leer más: Q2 mil 950 millones en reparos de 528 entidades
Además, en El Tejar, la administración de Manolo Méndez utilizó libros contables no autorizados y se detectó falta de activos por Q25 mil, incumplimiento de traslado de rentas por Q1 millón 200 mil en concepto de cuotas laborales al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, también se detectó el faltante de un fondo rotativo de Q1 millón 178 mil, incumplimiento de la Ley de Compras y la contratación de familiares en cargos administrativos, entre otros.
En San Juan Comalapa se evidenció la falta de reglamento de viáticos, la inversión de Q926 mil en la compra de combustible, compras sin firmas de la Comisión de Finanzas por Q284 mil, sobregiros en cuentas bancarias e inadecuado registro de operaciones contables por Q14 millones, así como el fraccionamiento de obras por Q6 millones.
El informe detalla que en la comuna de Patzún se efectuaron pagos improcedentes de dietas por Q216 mil, hay un faltante de caja por Q247 mil, fraccionamiento de obras por Q468 mil y se detectó que laboró personal con parentesco con integrantes del concejo.
Sin transparencia
Para Amílcar Pop, jefe de la Comisión de Probidad del Congreso, el informe de la CGC refleja que más del 80 por ciento de las municipalidades no cumplen con los criterios mínimos de transparencia sobre la inversión presupuestaria; además, carecen de oficinas y portales para garantizar el acceso a la información como lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública y otros criterios de la Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento.
Entre los objetivos de la Ley Orgánica de la CGC está el fortalecimiento de la transparencia.
El Código Penal, en el artículo 448 Bis, establece que quien comete delito de enriquecimiento ilícito será sancionado con pena de prisión de cinco a 10 años y una multa de Q50 mil a Q500 mil.
Guatemala cuenta con la Ley Penal contra el Enriquecimiento Ilícito o Ley Anticorrupción, así como con tratados internacionales contra ese flagelo.
Entre los objetivos de la Ley Orgánica de la CGC está el fortalecimiento de la transparencia.
El Código Penal, en el artículo 448 Bis, establece que quien comete delito de enriquecimiento ilícito será sancionado con pena de prisión de cinco a 10 años y una multa de Q50 mil a Q500 mil.
Guatemala cuenta con la Ley Penal contra el Enriquecimiento Ilícito o Ley Anticorrupción, así como con tratados internacionales contra ese flagelo.
“Hemos visto que todavía hay resistencia para crear gobiernos locales transparentes y la rendición de cuentas adecuadas de los mismos. Desde la comisión podemos afirmar que más del 80% de las comunas no están cumpliendo los criterios mínimos de transparencia”, dijo Pop.
Rolando Costop, líder comunitario de Chimaltenango, calificó de alarmante la situación en las municipalidades, pues eso refleja el abuso de poder de los alcaldes y sus trabajadores, lo que los lleva a cometer malos manejos de fondos.
Antonio Caba Caba, líder comunitario de Quiché, solicitó que la investigación continúe, porque entre los hallazgos hay proyectos de infraestructura sobrevalorados.
Señala extorsión
Edwin Escobar, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades y alcalde de Villa Nueva, Guatemala, criticó a la CGC por la premura de presentar el informe, debido a que vedaron el derecho de prejudicialidad a los funcionarios señalados.
Escobar señaló que durante el trabajo de la CGC los alcaldes fueron “extorsionados” por auditores que pedían dinero a cambio de no efectuar la revisión, y quienes no se prestaron al juego fueron afectados con hallazgos sin fundamento.
