Señalan intimidación contra comunicador

Sectores que velan por la defensa de la libertad de expresión ven como mecanismos de intimidación y de acoso la denuncia por difamación presentada contra el periodista Giovanni Fratti, por parte de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café en Guatemala (Fedecocagua).

Giovanni Fratti Bran, periodista.
Giovanni Fratti Bran, periodista.

El periodista, a través de su programa de radio, emitió comentarios en relación con la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg. Expresó que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP) no servían para nada, porque no investigaron a Fedecocagua, Banrural y la Asociación Nacional del Café (Anacafé).

El comentario lo emitió en su programa de radio el 21 de octubre del 2011.

Por lo anterior, Fedecocagua denunció a Fratti por difamación, y ya está programado el comienzo del juicio de imprenta para que se lleve a cabo el próximo lunes en el Juzgado Octavo de Sentencia.

Preocupación

Frank La Rue, relator especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y Expresión, así como Ileana Alamilla, del Observatorio de los Periodistas, coinciden en que hay tendencia a judicializar las opiniones, con el objetivo de intimidar a los periodistas.

La Rue mencionó que hay acoso judicial a la Prensa, ya sea mediante demandas civiles o penales, y que los periodistas ahora tendrán que defenderse de denuncias espurias que los juzgados no debieron haber admitido.

Alamilla manifestó que está preocupada por el ambiente de persecución contra periodistas, ya que hay un escenario inseguro para desempeñar la profesión.

“Hay tendencia de tratar de judicializar la opinión, y en la acusación contra Fratti veo la intencionalidad de intimidar, y eso es preocupante”, enfatizó Alamilla.

El relator sobre Libertad de Opinión explicó que la difamación, al igual que la calumnia o la injuria, deben despenalizarse y convertirse en acción civil, pues no deben ser utilizadas para intimidar y limitar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa.

“Enfatizamos que la difamación, calumnia o injuria, aún como acción civil, no pueden ser utilizadas por funcionarios públicos para evadir la crítica o las denuncias de corrupción o violación de los derechos humanos, o en casos de gran interés social, como pueden ser los de la salud colectiva, la contaminación ambiental o la corrupción generalizada de funcionarios”, puntualizó La Rue.

Difamación

Wilbert Salazar, asesor jurídico de Fedecocagua, señaló que Fratti se aprovechó de la libre emisión del pensamiento para difamar a los accionistas y que por eso accionaron legalmente.

Salazar refirió que para el lunes está programado el juicio de imprenta, para lo cual ya se integró el jurado.

En la petición, según el asesor jurídico, Fedecocagua pide castigo contra el comunicador, que va en el sentido de que emita una rectificación por sus comentarios y que sea suspendido de su trabajo como periodista por cinco años.

“Hemos emprendido dos acciones legales contra Fratti; una es la prueba anticipada en un juzgado Civil y la otra es el juicio de imprenta”, dijo.

Fratti comentó que Fedecocagua lo responsabiliza de haber perdido US$500 millones, porque dejó de vender su producto por la opinión que emitió.

“Si este juicio de imprenta se lleva a cabo, no seráúnicamente contra mí. Lo que ocurrirá es que se destrozará la libre expresión del pensamiento, y después vendrán poderosos a querer intimidar a un periodista para que se quede callado”, aseveró Fratti.

Proceso

La acusación contra Fratti

Según el expediente 01074-2012-00466, que se lleva en el Juzgado Octavo Penal, Fedecocagua denunció a Giovanni Fratti Bran por difamación.

Según Fedecocagua, el periodista desde su programa “abusó de la libertad de emisión del pensamiento y ofendió la dignidad y decoro” de más de 20 mil pequeños productores de café.  Fratti habría dicho que recomienda a la Cicig que investigue a Fedecocagua y Banrural por actos de corrupción que denunció Rosenberg, según el expediente.

Lo que dijo Rosenberg

En el video fueron señalados funcionarios, banqueros y empresarios.

Antes de morir, Rodrigo Rosenberg, destacado profesional del Derecho y abogado de Khalil Musa —asesinado—, grabó un video en el que señala una intrincada red del crimen organizado que involucra a las más altas figuras del gobierno pasado y a relevantes personajes de la banca.

Buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Rosenberg Marzano y, lamentablemente, si usted está en este momento oyendo o viendo este mensaje, es porque fui asesinado por el señor presidente Álvaro Colom, con la ayuda del señor Gustavo Alejos.

El presidente de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Café, fue involucrado por Rosenberg en el crimen contra Khalil Musa. Dijo que junto a otras personas amenazaron e intimidaron a Musa pocas semanas antes del asesinato, para que renunciara a su nombramiento en Banrural.

Esto es lo que menciona Rosenberg en relación con Fedecocagua en el video divulgado después de su muerte.

 Los señalamientos   divulgados en el video originaron una crisis política al gobierno de turno y hubo protestas de repudio.

“Me quieren amedrentar”

Giovanni Fratti Bran expresó respecto de la denuncia en su contra: “Es que me quieren intimidar”, y me quieren responsabilizar de que Fedecocagua perdió US$500 millones por mis comentarios.

Lanza alerta internacional

Ileana Alamilla, del Observatorio de los Periodistas, dijo que está preocupada por la situación en que los periodistas desempeñan su función, y se prevé un escenario inseguro. “Lanzamos una alerta a nivel internacional”, agregó.

Sin analogías

Gabriel Orellana, abogado de Fratti, dijo que presentaron una inconstitucionalidad en el Juzgado Octavo Penal, ya que la denuncia es por difamación, y la Ley de Emisión del Pensamiento no incluye ese delito en el juicio de imprenta.

“Es un acoso judicial”

Frank La Rue, relator especial para la Libre Expresión, dijo que esas acciones constituyen “un acoso judicial” en que los periodistas tendrán que ir a defenderse, por lo que los juzgados no deben admitir las denuncias.