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Campesinos bloquean cinco carreteras del país

El 14 de enero de 1999, campesinos que exigían tierras y que el Congreso de la República aprobara la Ley del Fondo de Tierras bloquearon cinco carreteras, lo cual causó descontento en transportistas y automovilistas.

Portada de Prensa Libre del 15/1/1999. (Foto: Hemeroteca PL)

Portada de Prensa Libre del 15/1/1999. (Foto: Hemeroteca PL)

Organizaciones indígenas y populares bloquearon cinco carreteras del país, como medida de presión para que el Gobierno agilizara la aprobación de la Ley del fondo de Tierras, y las reformas constitucionales.

Los campesinos obstaculizaron el paso de vehículos en Quetzaltenango, El Zarco, Retalhuleu; en dos tramos de la autopista Palín-Escuintla, Totonicapán y Sololá.

Quemaron llantas y colocaron tablones con clavos, y a media carretera gritaban consignas de protesta, como: “Exigimos agilizar la consulta popular” y “Necesitamos resolver la lucha por la madre tierra”.

Grandes filas de vehículos se formaron en los puntos que utilizaron los manifestantes, los cuales fueron habilitados de forma sincronizada al mediodía.

Demandas

La petición que hicieron para abandonarlas medidas de hecho es que el Congreso de la República aprobara la Ley del Fondo de Tierras, manifestó el líder Walter Castro.

Durante la manifestación, integrantes de la Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala (Copmagua) manifestaron que a pesar de que desde hacía varios meses se había presentado ante el Legislativo la propuesta del fondo, no había sido conocida por los diputados.

Además, solicitaron dejar sin efecto el amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad a favor de la impugnación que presentó el Centro de Defensa de la Constitución (Cedecon) y que se resuelva a favor de la consulta popular.

Ante esta situación, la organización exigió “a sus pueblos hermanos estar atentos ante cualquier llamado, pues, de no atenderse nuestras demandas, desarrollaremos acciones a nivel nacional”.

Protesta con fuerza

En cada manifestación, la Policía Nacional Civil intentó, a través del diálogo, cambiar la actitud de los manifestantes, pero los dirigentes coincidieron en que era una “petición justa, por lo cual terminarían a las 12 horas, de acuerdo con lo establecido”.

En las protestas de Sololá y Totonicapán, el gobernador, Gerónimo Basilio Tzul, dialogó con los líderes, para que depusieran su actitud.

Castro le indicó que accederían “si se compromete a llevar personalmente al Gobierno nuestras demandas”, a lo cual respondió que haría lo que legalmente le correspondía.

En Escuintla, los manifestantes entregaron un pliego de peticiones al gobernador, Manuel Navas Mansilla, y se retiraron.

“Es lamentable que para hacernos escuchar debamos recurrir a acciones de protesta”, dijeron miembros de la Copmagua.

Según argumentaron, son tres las demandas: que la Corte de Constitucionalidad revoque el amparo provisional otorgado al Cedecon, y que se dé, de forma pronta, la consulta popular para reformar la Constitución.

El otro aspecto es que el Congreso de la República emita la Ley del Fondo de Tierras, para que se les facilite el acceso a la tierra a los campesinos e indígenas pobres del país.

“De no atenderse nuestras peticiones, continuaremos con estas medidas, las cuales serán progresivas”, indicó Matías Jiménez, de Copmagua.

“Seguiremos movilizando a más personas para exigir nuestras demandas”, concluyó.

Apoyo de la URNG

Reacciones encontradas se produjeron ante las medidas de hecho adoptadas por organizaciones populares, entre ellas, el apoyo directo a la “resistencia pacífica”, anunciado por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

“Nuestro apoyo es firme a estas actividades de organizaciones sociales y populares”, puntualizó el secretario general de la URNG, Jorge Ismael Soto.

Agregó que las agrupaciones que ocuparon las carreteras tomaron esta decisión “porque ya no permitiremos que se burlen del pueblo, al retrasar la consulta popular”.

Mientras la URNG expresaba su respaldo total a la ocupación de importantes tramos carreteros en el interior del país, la Iglesia Católica pidió respetar la leyes y el marco democrático.

A criterio de la Coordinadora Nacional del Agro (Conagro), estas acciones eran inaceptables, porque se violaba la libre locomoción de los guatemaltecos con medidas que solo favorecen a unos pocos.

Por su parte, monseñor Víctor Hugo Martínez, presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala, dijo que las manifestaciones de coacción y medidas de hecho no son correctas.

“No es correcto amenazar a la Corte de Constitucionalidad (CC) únicamente porque tiene que llevarse a cabo una consulta a como dé lugar”, dijo.

“Tienen que actuar con madurez, responsabilidad y exigencia de las leyes vigentes”, enfatizó el obispo.

Gustavo Anzueto, dirigente de Conagro, opinó que “con estas acciones se pretende coaccionar a un organismo del Estado legítimo, como la CC”.

“Ojalá que los grupos que utilizan medidas de hecho en búsqueda de soluciones, aprendan a vivir en un sistema democrático”, resaltó.

Reacciones

Presidente Alvaro Arzú:“Son pequeños grupos los que han tomado carreteras Pueden manifestar, porque está constitucionalmente permitido, pero no deben obstaculizar el derecho de otras personas”.

Amílcar Méndez, del Frente Democrático Nueva Guatemala: “Lamentamos que se tenga que llegar a este tipo de medidas, pero es el único recurso que tiene el pueblo”.

Luis Mijangos, del Frente Republicano Guatemalteco: “No es con medidas de hecho como se va a presionar; mal harían las autoridades si se dejan llevar por estas acciones”.

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