Mientras que la Corte de Constitucionalidad (CC), dió un plazo de cinco días al Congreso para nombrar al nuevo presidente de la República, los sectores empresariales, sindicales y profesionales que participaron en el proceso de reterno a la democracia, advirtieron que no tolerarían las mismas caras de legisladores, a quienes el derrocado presidente Serrano calificó de “corruptos y chantajistas”.

Por su parte el entonces subjefe del Estado Mayor de la Defensa, general Mario Enríquez, dijo que la postura militar era sencillamente restablecer el orden jurídico obstaculizado de manera momentánea por el autogolpe.