Las medidas fueron presentadas por el ministro de gobernación Roberto Valle Valdizán las cuales eran: poner en funcionamiento la academia de la Policía Nacional (PN) con instructores de España, Estados Unidos y Alemania que instruirían a los agentes en las ramas de investigación criminológica.

Ese proyecto iniciaría con 250 alumnos como mínimo, también comprendería una campaña de educación ciudadana para que colaboraran con las fuerzas de seguridad denunciando los hechos delictivos.

Valle dijo que en conjunto con el Congreso de la República,  se integraría una comisión mixta  para que se discutieran las reformas al Código Procesal Penal.

El Congreso en sesión plenaria discutió sobre el plan de seguridad presentado por el Ejecutivo el cual estaba enfocado a reducir el índice de la violencia en toda Guatemala, también se discutió sobre la pena capital que estaba establecida en la Constitución.

La banca “Dignidad” donde estaban agrupados los diputados disidente de la Democracia Cristiana dijeron estar a favor de la pena de muerte en casos extremos.

El diputado Ramiro Leal Espinoza  al igual que otros colegas opinaron sobre el estado de excepción, apoyaron la  aplicación  de la pena de muerte por medio del fusilamiento.

Leal Espinoza recordó que los fusilamientos, era un acto final a todo proceso penal. El fusilamiento está contemplado  en el Código Penal, para casos muy calificados.

Finalmente Leal Espinoza, manifestó que la administración judicial, dejaba mucho que desear y eso era el motivo de violencia y criminalidad, porque los delincuentes se sientan protegidos  por influencias de los tribunales.

El diputado Carlos González Quezada opinó que era necesario implantar un estado de excepción y que se debía aplicar  con drasticidad la ley para acabar con el relajamiento judicial.

La anarquía, el caos y el desorden que existía eran ni más ni menos por el desgobierno en el que se vivía, por lo  cual  se hacia necesario tomar medidas  de carácter emergente para la protección del ciudadano honrado y trabajador.

El diputado Arturo Amiel  consideró que el estado de excepción  y la pena de muerte eran medidas extremas por lo cual estaba en contra de esto ya que no resolvía  la ola de criminalidad en Guatemala.

Juan Carlos Simons del partido Movimiento de Liberación Nacional (MLN) al tomar la palabra dijo que apoyaba la pena de muerte y la consideraba necesaria  para aquellos casos graves como el secuestro, delincuentes  reincidentes y narcotraficantes.

Finalmente Simons dijo: en cuanto  al estado de excepción tengo mis dudas ya que tiene limitaciones a los medios de comunicación  ya que afectaba la libertad de expresión, así como a los partidos políticos  y a los ciudadanos en general por lo que propuso un parque completo de medidas de seguridad.

El 18 de septiembre 1989 se conocía que el plan de seguridad continuaba en suspenso y la ola de violencia continuaba en toda Guatemala  por lo cual las agrupaciones políticas Partido Nacional Renovador (PNR) y el Partido Socialista Democrático (PSD) por medio de un comunicado calificaron al gobierno de Vinicio Cerezo de negligente.

La ola de violencia y terrorismo  era imparable, por lo las organizaciones políticas  hicieron un llamado al gobierno para que buscara  un sistema  a fin de frenar esa situación que ponía en peligro la estabilidad política nacional.

Carlos Arreola director de la Cámara de la Libre Empresa exigió al Ministerio de Gobernación que cumpliera con su trabajo que era velar  por la vida y seguridad de los guatemaltecos y la propiedad privada, la ola de violencia que vive el país y es falta  de seriedad de las autoridades a cargo de la seguridad ciudadana.

Plan Master

El 12 de noviembre 1992 durante el gobierno de Jorge Serrano Elías, el ministro de gobernación Francisco Perdomo puso en marcha el Plan de Seguridad Master para contrarrestar la delincuencia en navidad.

El plan consistía en  cuatro fases con el apoyo de 16 mil  agentes de la policía

• Un despliegue de operaciones de transito y patrullajes a pié a nivel nacional.
• Redadas en bares y cantinas.
• Registro e identificación de personas.
• Seguridad en el transporte urbano y extraurbano, bancos, parada de buses, áreas comerciales, mercados y seguridad preventiva.

El 2 de diciembre 1997 Rodolfo Mendoza, ministro de Gobernación durante el gobierno de Álvaro Arzú puso en marcha un nuevo plan de seguridad dirigido a contrarrestar  la delincuencia común.

El plan pretendía mejorar la movilidad, planificación de operativos  y toda acción que permitiría enfrentar a la delincuencia organizada, pero los secuestros continuaron incrementandose en todo el país.
 

El 8 de febrero de 2001 Byron Barrientos, ministro de gobernación en el gobierno de Alfonso Portillo anunció en esa ocasión la puesta en marcha del plan de seguridad denominado  “Saturación”  en medio de fuertes criticas  de diversos sectores debido al aumento de la violencia. Ese mismo mes  al ser entrevistado dijo; “Yo no soy ningún mago y hacemos lo que podemos, porque un solo policía  está a cargo de la seguridad de 1,600 habitantes”.
 

Luego de 16 años cuando se intentó establecer las primeras Fuerzas Combinadas, durante el Gobierno de Oscar Berger Perdomo se formaran las primeras Fuerzas Especiales de Apoyo a la Seguridad Ciudadana.

Carlos Vielman ministro de Gobernación presentó el 5 de agosto 2004 el plan de seguridad a Berger y las principales acciones eran el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, depuración de agentes policiacos, capacitación, planes  integrales para niños y jóvenes.

Todo ello consistía el Plan de Seguridad, mientras los pandilleros  iniciaban con las extorsiones de pilotos  de buses urbanos en el Barrio San Antonio zona 6.

El 3 de octubre de 2008 Francisco Jiménez, ministro de gobernación, durante el gobierno de Álvaro Colom presenta su plan de seguridad  ciudadana basado en el trabajo comunitario, inteligencia civil y aumento de efectivos  policiales (PNC). Dentro del plan se incluyo  el reforzamiento del Sistema Penitenciario.

Mientras el ministro Jiménez presentaba su plan sede seguridad en esa ocasión eran capturados  cuatro agentes de la Policia Nacional Civil acusados de extorsionar al dueño de un camión.

El 24 de Enero 2012 Mauricio López Bonilla ministro de gobernación del Partido Patriota (PP) dentro de su Plan de Seguridad creó las Fuerzas de Tarea cinco grupos que estarían a cargo de tareas especificas como el Femicidio, Secuestro, Sicariato, Extorsiones, Robos y Asaltos, inteligencia y apoyados por el ejército guatemalteco.

El 27 de junio de 2016  el presidente Jimmy Morales presentó el Plan Estratégico de Seguridad de la Nación 2016-2020 la cual  consistía en dirigir las políticas en materia de seguridad Interior y Exterior, y el Estado seria el encargado de garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos así como la paz de Guatemala.

El 3 de enero de 2017 Willams Mansilla, ministro de la Defensa Nacional anunció el retiro de los soldados  de las calles de la ciudad capital y los municipios aledaños esto hizo que los alcaldes de Mixco y Villa Nueva, solicitaran que se dejara sin efecto el retiro de los elementos castrenses debido a a la ola de delincuencia.