El diputado indicó que con esta “sentencia del miedo”  emitida ayer por el TSJ supuestamente se pretende “eliminar”  las facultades que tiene la AN de acuerdo con la Constitución para investigar a cualquier funcionario, civil o militar.

“El TSJ (…) le ha tendido un manto de protección a algunos funcionarios civiles y militares, vamos a seguir investigando en las comisiones, en la que corresponda, los casos de narcotráfico en los que se han visto acusados algunos miembros de las fuerzas armadas” , dijo Ramos Allup.

Señaló que con la decisión del Supremo se busca “relevar de su deber constitucional de comparecencia ante la Asamblea”  a funcionarios civiles y militares para rendir cuentas “porque les da miedo que se les pregunte sobre materias que conocen y que no quieren revelar” .

“Vamos a investigar la espeluznante situación de la deuda externa, que el gobierno no quiere que se conozca en su verdadera magnitud, ni en los plazos de amortización ni en los intereses de ruina que tiene que pagar para conseguir algunos dólares que siempre se sigue tragando la ineficiencia y la corrupción” , dijo.

Asimismo, señaló que el Parlamento seguirá legislando y produciendo leyes para atacar la inseguridad, para “resolver la crisis humanitaria” , la escasez de medicinas y de alimentos, aun “a riesgo”  de que el TSJ siga declarando inconstitucional todo lo que decida la Cámara de mayoría opositora.

Adelantó que mañana, en la sesión ordinaria, se realizará una discusión sobre esta decisión del Supremo y aclaró que si bien la oposición no ha planteado una “lucha de poderes”  sí existe una “confrontación”  que la bancada adversa al gobierno no ha buscado.

“Tenemos que cumplir con nuestros deberes constitucionales porque nosotros tenemos que responderle a la gente que nos eligió para cumplir con nuestro deber, no para que a las primeras de cambio, por una arremetida de un gobierno que en cualquier momento resulta calificado como gobierno forajido plantea una lucha” , agregó.

Riesgo de parálisis

El tribunal decidió que el control de la Asamblea se limita al Ejecutivo, eliminando la posibilidad de supervisar los actos de los poderes Judicial, Electoral, Ciudadano, y de los mandos castrenses.

“Esta sentencia no tiene para nosotros ningún efecto de presión ni inhibitorio” , aseguró Ramos Allup en rueda de prensa, añadiendo que la decisión busca “proteger a funcionarios civiles y militares corruptos que no se atreven a venir a la Asamblea a dar la cara” , aseveró.

    El fallo se conoció el mismo día que la oposición parlamentaria aprobaba un informe que plantea anular el nombramiento de 34 jueces del TSJ por parte de la anterior Asamblea, de mayoría chavista, poco antes de terminar su período en diciembre pasado.   

La MUD alega que esas designaciones están plagadas de irregularidades, por lo que se plantea reformar la ley que rige al poderoso tribunal.

    El excandidato presidencial opositor Henrique Capriles -que perdió las presidenciales de 2013 con Maduro por estrecho margen- consideró el miércoles que tras la sentencia el referendo revocatorio se afianza como vía para relevar a Maduro, porque en última instancia depende únicamente de la voluntad popular.

    “Cobra más fuerza la activación del revocatorio (…) porque depende del pueblo y debe hacerse este año” , sostuvo Capriles, quien sin embargo admitió que la consulta también tendrá obstáculos en el Consejo Nacional Electoral, igualmente acusado de servir al chavismo.

    El referendo puede ser convocado cuando Maduro cumpla la mitad de su mandato el próximo 19 de abril, para lo cual la oposición deberá recolectar cuatro millones de firmas en tres días.

    Con la puesta en marcha de una iniciativa para sacar a Maduro, la oposición afrontará el reto de lograrlo este año para que se convoque a nuevas elecciones, opina el investigador de la Universidad Central de Venezuela, Héctor Briceño.

    Por su parte, el chavismo procurará postergar el proceso hasta 2017 cuando, según la ley, el vicepresidente debería terminar el mandato en caso de que Maduro sea depuesto, añadió.

    En medio de la crisis institucional -que según analistas como la sicóloga social Mercedes Pulido podría generar una “parálisis” – el mandatario se enfoca en un plan para impulsar la producción nacional y paliar la aguda escasez.

    En ese marco, delegó la producción de alimentos a los militares, para quienes además creó una empresa petrolera y minera con amplísimas facultades.

    La presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, Rocío Sanmiguel, se preguntó recientemente si la conformación de esa compañía acaso no simboliza la “entrega de un anclaje económico a los militares para una eventual transición política en Venezuela” .