Fueron acusados por su papel en 16 entregas al país entre el 2006 y el 2009 pese a tener conocimiento de que las armas y partes eran enviadas a estados mexicanos que no estaban cubiertos dentro de los permisos de exportación alemanes.       

Se abandonó la investigación contra otras 13 personas.       

Por medio de un comunicado, Heckler & Koch informó que “tomó nota” de la decisión de la fiscalía y resaltó que en el 2012 inició una averiguación externa al caso que proveyó de resultados a los investigadores.  

La fiscalía explicó en un comunicado que acusa a estas seis personas de un presunto delito contra la ley de control de armas de guerra y por otro contra la legislación que regula el comercio exterior, mientras que ha archivado la causa contra otros 13 empleados de la compañía.

Los hechos de los que se acusa a estas seis personas tuvieron lugar entre 2006 y 2009, cuando los procesados presuntamente permitieron conscientemente que armas y sus accesorios, cuya venta había autorizado el Gobierno alemán para ciertos estados mexicanos, acabasen en otros lugares con problemas de violencia, como el estado de Guerrero.

La ley alemana prohíbe la venta de armamento a zonas en conflicto y algunos estados federados mexicanos están incluidos dentro de esta clasificación debido a la violencia alrededor del narcotráfico.

Los seis acusados trabajaban entonces para Heckler & Koch y eran, respectivamente, representante de ventas en México, empleada de la filial local y directivos.

La empresa alemana Heckler & Koch vendió unos 10.000 rifles de asalto tipo G-36 a México en 16 envíos distintos.

El comisionado del Gobierno alemán para los Derechos Humanos, Christoph Strsser, visitó México el pasado febrero reconoció que el empleo de armas alemanas en la tragedia de Iguala “no se puede descartar”  y pidió “perdón”  en caso de que hubiese sido así.

La cámara decimotercera de la Audiencia Provincial de Stuttgart asumirá el caso.