Quintanilla confirmó las primeras capturas de los subsargentos Tomas Zárpate Quintanilla y Ramiro Avalos Vargas, que formaron parte de la unidad del batallón de reacción inmediata Atlacatl, entrenado por Estados Unidos, que perpetró la masacre.

Efectivos de la división central de investigación de la policía entraron en varias viviendas de coroneles y generales del ejército en una residencial exclusiva para militares, en el oeste de la capital, San Salvador, pero el abogado dijo no poder confirmar más detenciones. No explicó si los militares estaban en sus casas al momento del allanamiento.

“En cumplimiento de la notificación roja emitida por Interpol estamos desarrollando operativo para la detención de las personas reclamadas”, dijo la policía en su cuenta de Twitter.

Quintanilla, que representa a 13 de los militares señalados por el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco, acudió a los lugares de los registros. “Las capturas no proceden y no procede la extradición porque ésta ya fue denegada por la Corte Suprema de Justicia”, explicó.

El general retirado Mauricio Ernesto Vargas, que ahora es diputado en la Asamblea Legislativa por el derechista Alianza Republicana Nacionalista, salió en defensa de sus compañeros y dijo sentirse “indignado y preocupado. Indignado por que las resoluciones de la jurisprudencia están siendo desconocidas y preocupado porque esto puede polarizar más a nuestra sociedad”.

Los militares, que ocuparon altos cargos en la jerarquía militar durante la guerra, formaban parte de un grupo conocido como “La Tandona”.

El operativo en El Salvador se produjo horas después de que una jueza de Estadios Unidos determinó que un excoronel salvadoreño puede ser extraditado a España para responder al cargo por su supuesta participó en la planificación de la masacre de seis sacerdotes jesuitas.

La jueza magistrada federal Kimberly Swank consideró procedente la extradición de coronel retirado Inocente Orlando Montano Morales, una decisión que supone un paso importante en los esfuerzos para juzgar a los cargos militares salvadoreños por la muerte de los religiosos, la mayoría de los cuales eran españoles.

La orden de detención (notificación roja) contra los 17 militares fue emitida en 2011. La Interpol reactivó el aviso el pasado 4 de enero a petición del juez Velasco.

Sin embargo, la policía salvadoreña no había procedido con las detenciones con el argumento de que no sabía qué resolución acatar ya que en 2011 la Corte Suprema de Justicia dijo que la difusión roja de Interpol no equivale a una orden de captura, sino de localización. Pero en agosto de 2015, la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema cambió de criterio y afirmó que este tipo de avisos equivalen a una orden de captura.

Los jesuitas españoles Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López fueron ejecutados en noviembre de 1989 con disparos en la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín de la casa en la que vivían dentro del campus universitario.

Un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del batallón de élite Atlacatl fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a siete de los acusados.

Otros dos se beneficiaron en 1993 de una amnistía decretada por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), pocas horas antes de la publicación de un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, que responsabilizó a los altos mandos militares del asesinato de los jesuitas.