Internacional

Autoridades incautan lujosas propiedades a pandilleros hondureños

Las autoridades hondureñas incautaron 107 residencias y mil 434 vehículos, entre otras propiedades, a integrantes de la Mara Salvatrucha (MS).

Se trata de uno uno de los grupos pandilleros más violentos, durante operativos que comenzaron el lunes, anunció el martes el Ministerio Público (MP).

Durante la Operación Avalancha se “procedió a privar del dominio (de socios y cabecillas de la Mara Salvatrucha) de 107 residencias, 61 terrenos, 18 sociedades mercantiles, mil 434 vehículos y varias cuentas bancarias”, explicó el MP en un comunicado.

Los decomisos, que se ejecutaron en 60 allanamientos en siete de los 18 departamentos del país, incluyen entre otros bienes 24 armas de fuego, 16 cartuchos de escopetas, más de 100 proyectiles de diferentes calibres e indumentaria policial.

El MP anunció el lunes el comienzo de la segunda fase de la Operación Avalancha para incautar mil 559 propiedades de miembros de las estructuras del grupo y capturar a algunos de sus cabecillas.

La primera fase de la operación inició el 23 de febrero contra integrantes de la pandilla acusados de asesinatos, extorsiones y distribución de drogas, entre otros delitos.


Integrantes de la MS y Barrio 18 y otras pandillas tienen bajo control barrios completos de algunas de la principales ciudades de Honduras.


Pide que se entreguen

En tanto, el lunes último, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, pidió a las personas que se dedican a extorsionar en el país entregarse a la Justicia y denunciar a sus socios para evitar una sentencia mayor.

“Nadie está por encima de la ley y es mejor que esos miembros que han participado (en extorsiones) y que el Estado está haciendo búsqueda llamen y contacten a los agentes. Es mejor que se entreguen y den información, que estoy seguro que en algún momento podrá haber consideraciones”, dijo el mandatario.

Según la Fuerza Nacional Antiextorsión de Honduras (FNA), los pequeños empresarios y empleados del transporte son “los más afectados”  por las extorsiones que les exigen varias bandas, entre ellas la Mara Salvatrucha y Barrio 18, a cambio de no asesinarlos.

El mandatario señaló que los integrantes de bandas criminales que se dedican a quitar dinero a las personas honestas deben ser castigados.

Incautaciones:

107 residencias
61 terrenos
18 sociedades mercantiles
1,434 vehículos
Varias cuentas bancarias


“Piden el dinero a la gente con amenazas, que si no pagan les quitan la vida”, lamentó Hernández, quien felicitó a los operadores de justicia por la captura de un expolicía presuntamente implicado en el asesinato de las fiscales Marlene Banegas y Patricia Eufragio, en octubre del 2014.

El expolicía Héctor Mendoza fue arrestado el durante la segunda fase de la Operación Avalancha.

“Hoy con Avalancha se comprueba que la institucionalidad está defendiendo a su gente y seguirá la operación”, subrayó el gobernante hondureño, quien exhortó a la población a reconocer el trabajo del Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal.

Dijo además que Honduras es “un Estado de Derecho”, donde “a todo mundo se le debe respetar” .

Lamentó que cuando los reos “son trasladados a El Pozo”, muchas familias, amparadas en los derechos de los prisioneros, entre “el dolor se dejan llevar y empiezan a protestar”.

En “El Pozo”, como se le conoce a la cárcel segura de Ilama, en el occidente hondureño, que recién fue inaugurada, están albergados 45 prisioneros.

Se empezó “con El Pozo uno; luego seguiremos con el dos, el tres ya está en construcción y el cuarto será muy especial, de manera que quien llegue a esos lugares no vuelva a delinquir desde ahí y no vuelva a ampararse de la protección del Estado”, enfatizó.

Indicó que en los próximos días anunciará una serie de medidas de seguridad para continuar con las acciones contra la delincuencia que afecta a Honduras, que a diario registra un promedio de 14 asesinatos.

Más de 500 personas que se dedicaban a extorsionar han sido detenidas en lo que va de año en Honduras, donde la extorsión es castigada con entre 30 y 26 años de prisión, según una reforma al Código Penal aprobada en octubre pasado por el Parlamento hondureño.

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