Pero su ginecólogo le dijo que el feto era anencefálico. Es decir, que nacería sin cerebro o sin una parte de este órgano y que moriría a las horas o días de nacido.
BBC NEWS MUNDO
La joven a la que le impidieron abortar a un feto anencefálico hace 17 años y que recibió las disculpas del estado peruano
Cuando la peruana Noelia Llantoy tenía 17 años, en 2001, se enteró de que estaba embarazada de tres meses.
Noelia Llantoy recibió las disculpas públicas del estado peruano el martes. CENTRO DE DERECHOS REPRODUCTIVOS
El médico advirtió a Llantoy de los riesgos para su vida si continuaba con la gestación y le recomendó someterse a un aborto terapéutico en el hospital público en el que estaba atendiéndose, Arzobispo Loayza, en Lima, Perú.
Pero el director del centro rechazó ofrecerle el servicio a la adolescente, que se hizo conocida en los medios como K. L., pues hasta esta semana había mantenido su identidad en reserva.
La joven dio a luz a una niña en enero de 2002 y tuvo que amamantarla hasta que murió, cuatro días después de nacida.
Este martes, el Ministerio de Justicia de Perú (Minjus) pidió disculpas públicas en nombre del Estado a la mujer, ahora de 34 años, por haberle negado el aborto terapéutico.
Esta es la segunda vez que el Minjus se disculpa por impedir este procedimiento médico.
En diciembre de 2018, tuvo que hacerlo con L.C., a quien no pudieron operar de emergencia de la columna por estar embarazada y quedó tetrapléjica, a los 13 años.
Protocolo del aborto terapéutico
El aborto terapéutico ya era legal en Perú desde 1924, es decir 77 años antes de que K. L. lo solicitara.
El artículo 119 del Código Penal lo permitía “cuando la suspensión del embarazo es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal permanente”.
Pero cuando Llantoy pidió el procedimiento, esta ley no estaba reglamentada. Es decir, no había una guía para su aplicación.
Además, el hospital consideró que el aborto de K. L. no era terapéutico sino eugenésico (un aborto voluntario cuando se prevé que el feto nacerá con malformaciones), dijo María Ysabel Cedano, directora del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), a BBC Mundo.
Este último tipo de terminación del embarazo es ilegal en Perú.
Seguir con la gestación y dar a luz a una bebé anencefálica afectó gravemente la salud mental de la joven y le causó depresión, según reportes psiquiátricos elaborados antes y después del parto.
Noelia Llantoy dijo a BBC Mundo que durante toda su experiencia se sintió “juzgada por muchas autoridades” y que recibía “comentarios fuera de lugar por parte de médicos, autoridades”.
La mujer cuenta que le decían que la culpa era suya por haberse quedado embarazada.
Meses después del parto, Llantoy emigró a Madrid, adonde fue para tratar de empezar una nueva vida.
“Cuando me fui tenía la convicción de que todo era mi culpa, que la única responsable era yo”, asegura.
“La sociedad influyó mucho. Yo misma era parte de esa sociedad y tenía otra forma de pensar”, reconoce. “(Emigrar) también era un poco escaparme de mí misma”.
Demanda
En noviembre de 2002, Demus, la organización pro derechos femeninos Cladem y la organización internacional Centro de Derechos Reproductivos (CDR) demandaron al Estado peruano por el caso de Llantoy ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El reclamo se basó en la negativa a permitirle hacerse un aborto terapéutico y además en los daños que lo sucedido provocó en su estado mental.
Tres años después, el Comité de la ONU dijo en su decisión final sobre el caso que dar a luz a la niña anencefálica había sido “una experiencia que añadió dolor adicional y angustia a las que K. L. ya había experimentado cuando fue obligada a continuar con el embarazo”.
“La protección de la salud mental es particularmente importante en menores”, añadió. “La negación del aborto terapéutico fue, según la opinión del Comité, la causa del sufrimiento que experimentó”.
El organismo concluyó que el Estado peruano tenía “la obligación de dar pasos para que violaciones similares no ocurran en el futuro” y de indemnizar a K. L.
Pero no fue hasta 2014 que Perú aprobó la Guía para el aborto terapéutico para 10 causales que amenazan la vida de la madre dentro de las primeras 22 semanas de embarazo.
Cirugía tardía
El caso de L. C. también tardó varios años en resolverse. La joven quedó embarazada en 2007, cuando tenía 13 años, como resultado de una violación. Al conocer su estado, intentó suicidarse lanzándose desde la azotea de una casa.
La caída le causó lesiones en la columna que necesitaban una cirugía urgente, pero que no podía practicarse mientras la adolescente estuviera embarazada.
La madre de L. C. pidió un aborto terapéutico para su hija, pero los médicos que la atendían se lo negaron.
L.C. tuvo un aborto espontáneo tres meses después, pero las lesiones que había sufrido en la columna ya eran irreversibles.
En junio de 2009, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) de Perú y el CDR llevaron el caso de la joven ante el Comité internacional para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
En 2011, el Comité resolvió “que el Estado fue responsable de no valorar de modo adecuado el riesgo a la salud física y mental que los hechos representaban para L. C. para la procedencia del aborto terapéutico” y que “la tardanza de las autoridades hospitalarias en resolver la solicitud tuvo consecuencias nefastas para la salud física y mental de L. C.”.
En diciembre de 2015, el estado peruano indemnizó a L. C. y a Llantoy.
Insuficiencias
Esta última dijo a BBC Mundo que le había costado muchos años convencerse de que no había tenido la culpa de los problemas que atravesó con los médicos.
La joven considera que el Estado le pidió disculpas “de manera justa y digna”.
Pero “las disculpas no valen nada si no se hace algo para que esto no siga pasando”, opina.
La organización peruana Promsex considera que, pese a los avances legales y a los actos públicos, “el acceso al aborto terapéutico aún es absolutamente insuficiente” en Perú, según dijo a BBC Mundo.
María Ysabel Cedano, de Demus, dice que “muchos operadores de salud ponen objeciones de conciencia (para no practicar el aborto terapéutico) y no garantizan que otro médico o que otro hospital atienda a las mujeres”.
“No se da información oportuna del acceso al aborto terapéutico, las mujeres van a servicios clandestinos, las dañan o las matan”, lamenta.
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