Asimismo va dirigida contra aquellos que “marquen” sus territorios con siglas, una práctica que los pandilleros usan para amedentrar y amenazar de muerte a quienes los denuncian ante las autoridades.
“Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología Nazi, así como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo (…) Ahora nosotros haremos eso con las pandillas”, justificó Bukele en su cuenta de Twitter.
Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología Nazi, así como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo.
Nadie dijo nada, era entendible que fuera así.
Ahora nosotros haremos eso con las pandillas.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 6, 2022
La reforma penal, aprobada con 63 votos de diputados aliados al gobernante de 84 del Congreso unicameral, llega después de que El Salvador registrase 87 homicidios del 25 al 27 de marzo.
El gobierno atribuye lo ocurrido a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 que, entre otras, tienen unos 70 mil miembros en El Salvador.
Desde entonces, rige en el país centroamericano un estado de excepción para enfrentar una ola de violencia generada por las pandillas. En diez días, unos 6 mil pandilleros han sido arrestados, según el último balance oficial.
La diputada del partido oficialista Nuevas Ideas, Marcela Pineda, señaló que la aprobación de la reforma busca “no coartar la libertad de expresión”, sino obligar a “ser responsables en los mensajes que se difunden a la población”.
Reforma “mordaza”
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) emitió acto seguido un comunicado expresando su “preocupación” ante un “claro intento de censura”.
La reforma “mordaza”, como la calificó la APES, “amenaza con cárcel a los medios de comunicación y periodistas que reporten sobre una realidad que desde la actual administración” de Bukele “se busca esconder”.
Se trata de una “nueva herramienta para criminalizar el trabajo periodístico”, agregó el texto.
Poco después de la aprobación del Congreso, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, escribió en Twitter que “los límites a la libertad de expresión no pueden depender de la ansiedad política de una situación”.
“En una crisis los estándares de DDHH son mucho más exigentes”, dijo, sin mencionar explícitamente la recién divulgada medida.
La reforma se suma a una serie de cambios al código penal salvadoreño aprobados por el Congreso, bajo control del oficialismo, para hacer frente a las bandas delictivas, consideradas “terroristas”.
El 30 de marzo, el Congreso aprobó una reforma para aumentar de 9 a 45 años de prisión la pena máxima por pertenecer a pandillas, y estableció que los menores de edad que hayan cumplido 16 años y cometan un delito siendo parte de una pandilla recibirán una pena de prisión de hasta 20 años, entre otras reformas penales.
La oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, ha expresado su preocupación por el manejo del gobierno salvadoreño a la ola de violencia nacional, señalando presuntos “tratos crueles” contra pandilleros presos.
“Estamos profundamente preocupados por la serie de medidas introducidas recientemente en El Salvador en respuesta al aumento de los asesinatos de pandillas”, señaló la portavoz de la Alta Comisionada, Liz Throssell, en una nota de prensa difundida en Ginebra.
El Salvador cerró 2021 con una tasa de homicidios de 18 muertes por cada 100 mil habitantes, según datos oficiales.
