El nuevo acuerdo introduce cambios solicitados por los defensores del “No” , pero no los suficientes, sostiene la oposición encabezada por el expresidente lvaro Uribe. Ellos opinan que es necesario hacer un nuevo referéndum, algo que rechazan tanto el gobierno como las Farc, que manifestaron su premura. “Tenemos que actuar. No hay tiempo que perder” , zanjó el presidente Juan Manuel Santos dos días antes de anunciar la fecha y el lugar de la firma.       

Precisamente por su empeño en terminar más de medio siglo de conflicto armado, Santos recibirá el premio Nobel de la Paz el 10 de diciembre, noticia que recibió pocos días después del fracaso del plebiscito.       

El acuerdo, un documento con 310 páginas y medio centenar de modificaciones, prevé que la guerrilla entregue en los próximos seis meses un inventario de sus bienes y activos para resarcir a las víctimas. El nuevo texto también detalla las condiciones de la restricción de libertad para los responsables de los crímenes de un conflicto de más de medio siglo, pero no sacia las principales exigencias de la oposición.       

Demandas como penas de cárcel para quienes cometieron delitos graves y limitación de la participación política de los rebeldes no fueron atendidas en los 40 días que se extendió la nueva negociación. Como gesto de protesta, los opositores han lanzado propuestas como no acudir a la votación parlamentaria para dar validez a los acuerdos —prevista para el martes— o solicitar la revocación del Congreso que “no representa” a los colombianos. También amenazan con protestas ciudadanas.       

Uribe, más allá de expresar su rechazo y exigir un nuevo plebiscito, no ha manifestado una hoja de ruta clara.       

Con esta oposición, llevar los acuerdos al terreno será aún más difícil. Sobre todo con 70 líderes campesinos y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va de año, principalmente a manos de grupos paramilitares y opositores al proceso. Son más de los 63 que la ONG Somos Defensores registró en todo 2015.       

Cuando el acuerdo quede refrendado en el Congreso, previsiblemente sin riesgo de rechazo, empezará en la misma cámara su implementación.       

El primer debate programado será sobre la amnistía de los presos de las Farc, para que puedan salir de las cárceles y trasladarse hasta las más de 20 zonas rurales supervisadas por la ONU, donde el resto de la guerrilla, unos 8.000 individuos, se desarmarán en un plazo de seis meses.       

El acuerdo de paz con las Farc, la guerrilla activa más antigua del continente, no bastará para poner fin a la violencia en Colombia.

En ese país también opera el Ejército de Liberación Nacional  (ELN) , que aún no logra arrancar una negociación de paz con el gobierno, y otras bandas criminales.   

Cambios en nuevo acuerdo de paz

 
El nuevo acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno de Colombia y las Farc, que será firmado este jueves, fue renegociado para incluir propuestas de la oposición tras el rechazo en las urnas del pacto original.
 
A continuación, algunos cambios entre el nuevo pacto y el original:
 

Urnas por Congreso

 
El primer acuerdo, firmado el 26 de septiembre en Cartagena, debía refrendarse mediante un plebiscito que se realizó el 2 de octubre y en el que el “No”  ganó por 53 mil 894 votos.
 
Tras el revés electoral, gobierno y Farc elaboraron otro texto que incorporó propuestas de la oposición. Las partes acordaron refrendar el nuevo documento en el Congreso, con mayoría oficialista.
 
El derechista Centro Democrático, del expresidente lvaro Uribe, dijo que esto constituye un “golpe a la democracia” . Sus legisladores votarán contra el texto por considerar que los cambios son insuficientes.
 

No va a la Constitución

La primera versión debía anexarse a la Constitución una vez refrendada. Ahora solo se incorporará un artículo transitorio, vigente por tres periodos presidenciales  (12 años) , que señala que “las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe”  con el acuerdo.
 

Límites a justicia transicional

El pacto de septiembre esbozaba la Jurisdicción Especial para la Paz, un sistema de justicia transicional encargado de juzgar los delitos cometidos durante el conflicto, que plantea penas alternativas a la cárcel, pero cuyo alcance en el tiempo no había quedado delimitado.
 
Ahora se establece un periodo de 10 años para presentar acusaciones, que podría llegar a 15 años. Además, se aclaró que los fiscales deberán ser colombianos.
 

Narcotráfico y política

 
El nuevo pacto busca aclarar la conexidad del narcotráfico con los delitos políticos. Ahora, este delito solo será aceptado como crimen conexo a la rebelión -por lo que sería sujeto de amnistía- en caso de que “no haya derivado en enriquecimiento personal” .
 
Pese al cambio, los opositores mantuvieron su inconformidad porque, dicen, la comisión de este delito se mantendrá impune.
 

Bienes para víctimas
 

La guerrilla aceptó hacer un inventario de sus bienes, que servirán para reparar víctimas, y entregará una lista de todos sus miembros, incluidos milicianos.
 
Uribe dice que el acuerdo desconoce “el dolor”  de los secuestrados por las Farc y el reclutamiento de menores.
 

Participación política se mantiene

 
La participación política de los guerrilleros se mantuvo sin cambios y constituye la principal objeción de los opositores, que rechazan que insurgentes culpables de crímenes atroces puedan presentarse a cargos de elección popular antes de pagar sus penas.
 

Acto austero

 
A la firma del primer acuerdo asistieron 15 jefes de Estado y otros dos mil500 invitados. La oposición criticó la ceremonia por considerarla un “derroche”  de recursos públicos.
 
La nueva signatura será en el tradicional Teatro Colón, del centro de Bogotá, con capacidad en su sala principal para 785 personas. En el acto participarán expresidentes colombianos, congresistas, magistrados y representantes de organizaciones sociales.