La ley que estará vigente por un año, establece que en siete penales en los que se encuentran encarcelados pandilleros, se impondrá una “restricción o limitación”  al desplazamiento de los internos, que también serán sometidos a registros constantes y verán reducidas las visitas familiares e íntimas.

Los pandilleros presos también estarán “obligados”  a participar “en actividades de índole reeducativa y de formación de hábitos de trabajo”, según la normativa.

La ley transitoria también establece la obligatoriedad para las compañías telefónicas de bloquear la señal de telefonía celular en los centros penales, pero principalmente en aquellos en los que se encuentran presos pandilleros.

Según las autoridades, los cabecillas de las pandillas que son reos en las penitenciarías disponen de teléfonos celulares, que obtienen clandestinamente, para ordenar a sus cómplices que están en libertad que cometan extorsiones o asesinatos.

“Estamos claros que con esta ley no vamos a detener la violencia, pero es una nueva arma en una batalla que le vamos a dar y ganar a las pandillas”, señaló el vicepresidente del Congreso y diputado del derechista partido Gran Alianza por la Unidad  (GANA), Guillermo Gallegos.

En tanto, el diputado del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional  (FMLN) , Misael Mejía, dijo que la nueva normativa “no es el único mecanismo”  que se utilizará en el combate a las pandillas y adelantó que el gobierno podría presentar en los próximos días otras “iniciativas”  de reforma legal.

Para que entre en vigencia, la normativa tendrá que ser firmada por el presidente Salvador Sánchez Cerén y, posteriormente, publicada en la gaceta oficial, lo cual ocurrirá este mismo viernes, aseguró Gallegos.

Un promedio de 22 asesinatos diarios ocurren en El Salvador, la mayoría de los cuales son atribuidos por las autoridades a las pandillas, que cuentan con unos 70 mil miembros, de los cuales 13 mil están encarcelados.