Los “sabios” que garantizan la constitucionalidad de las leyes consideraron que la medida no respeta “el principio de igualdad frente a las cargas públicas” y que el nuevo impuesto está basado en los ingresos de cada persona física y no teniendo en cuenta los ingresos por familia, como es el caso en el impuesto sobre la renta.
El tributo excepcional del 75% para los más ricos iba a aplicarse durante dos años a los contribuyentes con ingresos superiores a un millón de euros anuales —US$1.32 millones—. Esta medida, ante todo simbólica, iba a afectar a cerca de mil 500 personas.
