La Fiscalía General de la República logró “que el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador decrete que los acusados en el caso Jesuitas pasen a la etapa de instrucción, entre ellos el expresidente Alfredo Cristiani y el exdiputado Rodolfo Parker, bajo la detención provisional”, consignó en Twitter el ente de justicia. La orden también comprende a cuatro coroneles.
El exgobernante, quien se encuentra fuera del país, negó los cargos y arremetió contra el fiscal Rodolfo Delgado en un comunicado.
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“El fiscal general, de mala fe y con claro desprecio a la verdad, me ha acusado públicamente de omisión y de encubrimiento. La verdad es que nunca supe de los planes que tenían para cometer esos asesinatos”, señaló Cristiani quien, en su calidad de presidente, era además comandante general de las Fuerzas Armadas.
Los militares “nunca me informaron ni me pidieron autorización porque sabían que jamás hubiera autorizado que se hiciera daño al padre Ellacuría o a sus hermanos”, agregó.
Para el exgobernante “en este momento no hay garantías procesales en El Salvador” debido a que “la mayor parte de magistrados, jueces y fiscales son impuestos y completamente serviles al poder presidencial”.
Se desconoce el paradero de Cristiani.
La Fiscalía de El Salvador había presentado el 25 de febrero ante el tribunal un requerimiento contra Cristiani y un grupo de militares, por estar presuntamente involucrados en el asesinato.
Este viernes, también el juez ordenó la detención provisional de los coroneles Óscar León Linares, Nelson López, Joaquín Arnoldo Cerna y de Inocente Orlando Montano. Este último purga una condena de 30 años de prisión en España por el múltiple crimen.
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de una ofensiva guerrillera sobre San Salvador, efectivos del ahora proscrito batallón Atlacatl cometieron asesinatos en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).
Las víctimas fueron el hispano-salvadoreño Ignacio Ellacuría (rector de la UCA), los españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, además de los salvadoreños Joaquín López, Elba Ramos y Celina, la hija de esta última.
En septiembre de 1991, un tribunal de San Salvador juzgó a nueve militares que figuraban como autores materiales sin tomar en cuenta a los autores intelectuales, según organismos humanitarios.
