Grupos de jóvenes manifestantes encapuchados atacaron con piedras y palos varios ministerios a lo largo de la avenida que conduce al Congreso y consiguieron invadir una sala del Ministerio de Agricultura, donde prendieron fuego.
De su lado, la Policía lanzaba gases lacrimógenos y bombas de ruido contra la multitud.
Entre 35 mil personas y cien mil, según cifras de la Secretaría de Seguridad del Distrito Federal y de los organizadores, respondieron al llamado sindical para exigir el fin de los programas de austeridad y la salida de Temer, que batalla por su supervivencia política desde hace una semana.
La Prensa dio parte de escenas de gran confusión, varios focos de incendio y choques entre agentes y manifestantes.
“Me estoy yendo porque eso ya era una escena de guerra”, dijo Fabio Ferreira, un funcionario del Ministerio de Planificación, reportando destrozos en el edificio donde trabaja.
Contra Temer y la austeridad
Ríos humanos confluyeron hacia el Congreso, rodeado de vallas de seguridad, al grito unánime de “¡Fora Temer!”.
Los participantes pedían también elecciones “Directas ya” y el retiro de los proyectos de reforma de las jubilaciones y de flexibilización de la legislación laboral.
“Temer es un irresponsable. Hundió a Brasil en una crisis descomunal. No está en condiciones de permanecer en la presidencia”, dijo Wagner Freitas, presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT), vinculada al Partido de los Trabajadores (PT) del los expresidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff.
“Brasil se volvió imponderable (…) aquí todo el mundo está conspirando. Nadie más cree en la continuidad del gobierno”, dijo Paulo Pereira da Silva, más conocido como Paulinho da Fora, líder de la central Fora Sindical (FS), que fue aliado de Temer en los primeros meses de su gobierno.
Esta nueva crisis se produce apenas un año después de la destitución por el Congreso de Rousseff. Temer, su vicepresidente, la reemplazó, con la expectativa de completar el mandato hasta finales de 2018 y aplicar un programa de severos ajustes para sacar al país de la peor recesión de su historia.
Pero la economía tarda en despegar, la desocupación alcanza niveles récords y los escándalos de corrupción implican a sus principales ministros y gran parte de los aliados del impopular mandatario.
La gota que desbordó el vaso cayó la semana pasada, con la divulgación de una grabación hecha por uno de los dueños del gigante de la alimentación JBS, Joesley Batista, donde el mandatario aparentemente da aval al pago de un soborno a un exdiputado encarcelado.
El Supremo Tribunal Federal (STF) abrió una investigación y la Fiscalía General acusa a Temer de obstrucción a la justicia, en una trama donde ve corrupción y organización criminal.
La izquierda, que denuncia un “golpe institucional”, ve en la súbita aceleración de la crisis una inmejorable oportunidad para cobrarse su revancha.
“Éste es el fin de gobierno golpista. El pueblo está en la calle para eso. No precisaban robar a Brasil”, dijo Francisca Gomes, una portera de 59 años de Sao Paulo, sosteniendo con tres compañeras un ataúd de cartón negro con imágenes del presidente y cruces blancas con la inscripción “RIP Temer”.
“Clima de deliberación” en el Congreso
Entretanto, en el Congreso se vivía también en un ambiente de efervescencia, ante las señales de rápida erosión de la base aliada de Temer.
La Cámara de Diputados interrumpió por la tarde sus sesiones.
“Hay un clima de deliberación, detrás de las cortinas, para articular la salida menos traumática posible para la crisis”, admitió el asesor de un parlamentario de la coalición oficialista, que pidió el anonimato.
La Constitución determina que, en caso de vacío en la Presidencia durante la segunda mitad de un mandato, el Congreso debe elegir un nombre para completarlo. Las elecciones directas sólo podrían celebrarse en caso de que se hiciera una enmienda constitucional, pero hay una creciente demanda para encontrar un atajo que abra esa vía.
La búsqueda de otra salida se debe en gran medida al desprestigio del Congreso, donde decenas de legisladores están investigados por su implicación en la red de sobornos de Petrobras, revelada por la Operación Lava Jato.
Otra salida podría venir por el lado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que del 6 al 8 de junio examinará una denuncia que podría llevar a la anulación de las elecciones de 2014, en las cuales resultó reelecta la fórmula Rousseff-Temer, por presunta financiación ilegal.
