Estados Unidos
EE. UU. cambia de táctica antidrogas: detiene a pescadores y destruye sus barcos frente a Ecuador
Las fuerzas estadounidenses han destruido ocho embarcaciones pesqueras tras detener a 160 tripulantes. La mayoría fue liberada o absuelta por falta de pruebas.
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Barcos pesqueros permanecen anclados en Manta, Ecuador. No se conoce su vinculación con actividades ilícitas. (Foto Prensa Libre: Johanna Alarcón/Para The Washington Post)
MANTA, Ecuador. Los nueve pescadores no podían ver ni oír nada mientras infantes de Marina y marineros estadounidenses armados los empujaban a bordo de una embarcación militar. Con las manos esposadas, los ojos vendados y los oídos tapados, les ordenaron esperar con la cabeza gacha, rodeados de un hedor a orina, según relató uno de los hombres.
En redes sociales, el Comando Sur de Estados Unidos afirmó que la embarcación apoyaba a narcoterroristas y publicó un video de las fuerzas estadounidenses haciéndola explotar. El ataque cortó un “nodo crítico en la cadena logística de los narcotraficantes”, aseguró el Comando Sur.
Pero dos días después de que las fuerzas estadounidenses entregaran a los hombres a las autoridades ecuatorianas, fueron liberados.
La Policía y la Fiscalía no presentaron pruebas del presunto contrabando: ni fotografías de depósitos adicionales de combustible, ni mensajes de texto, ni información de inteligencia que los vinculara con narcotraficantes. Un juez dictaminó que su detención era ilegal.
El ataque del 2 de septiembre formó parte de una nueva fase de la campaña militar del Gobierno de Trump contra presuntas embarcaciones utilizadas para el narcotráfico en aguas cercanas a Ecuador. En lugar de destruir lanchas rápidas con tripulantes a bordo, las fuerzas estadounidenses están incautando y destruyendo grandes barcos pesqueros acusados de suministrar combustible a los narcotraficantes para sus viajes hacia Estados Unidos.
En ocho operaciones de interdicción realizadas en menos de un mes, las fuerzas estadounidenses detuvieron a 160 tripulantes en alta mar antes de hacer explotar sus barcos pesqueros, a los que calificaron de embarcaciones de reabastecimiento de combustible para “narcoterroristas”. Sin embargo, la mayoría de los detenidos han sido liberados sin cargos o absueltos, ya que los tribunales ecuatorianos dictaminaron, caso tras caso, que la Fiscalía no logró probar ningún delito.
Las operaciones se llevan a cabo conjuntamente con Ecuador, donde el Gobierno del presidente Daniel Noboa ha recibido favorablemente a las tropas estadounidenses para combatir la violencia relacionada con el narcotráfico. A diferencia de la mayoría de los demás ataques de la campaña militar estadounidense, que dura ya un año, las tripulaciones de estas embarcaciones no mueren.
El Comando Sur de Estados Unidos, que supervisa las operaciones militares en la región, declinó hacer comentarios sobre las operaciones con Ecuador.
El Departamento de Estado no respondió a una solicitud de comentarios.
Los ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores e Interior de Ecuador tampoco respondieron a las solicitudes de comentarios.
Operaciones conjuntas para frenar el narcotráfico
Según un funcionario de inteligencia ecuatoriano, Estados Unidos propuso las operaciones conjuntas cuando quedó claro que la campaña más amplia del Pentágono contra las embarcaciones no estaba afectando significativamente el tráfico de drogas.
The Washington Post informó en julio que una evaluación de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) concluyó que los ataques no habían reducido la cantidad de cocaína que ingresaba a Estados Unidos, ni habían disminuido la oferta ni aumentado los precios de la droga.
Según un funcionario de inteligencia ecuatoriano, al atacar las embarcaciones que transportan combustible de contrabando para abastecer a los narcotraficantes cerca de las islas Galápagos, los funcionarios estadounidenses argumentaron que podrían desarticular un centro logístico clave para un mayor número de barcos que transportan drogas.
Según esta lógica, en lugar de inutilizar una lancha rápida, podrían neutralizar diez, dijo el funcionario de inteligencia, quien, al igual que otros funcionarios ecuatorianos actuales y anteriores entrevistados para este artículo, habló bajo condición de anonimato para comentar detalles delicados de operaciones militares.
Según el funcionario, las autoridades ecuatorianas acordaron apoyar y participar en las operaciones estadounidenses siempre que los ataques no implicaran hacer explotar las embarcaciones con sus tripulaciones a bordo. El país sudamericano proporcionó información de inteligencia para ayudar a identificar estos barcos, añadió.
Según ese funcionario y otro miembro de la inteligencia ecuatoriana, lo que ocurra después de los ataques, y si las tripulaciones serán investigadas y procesadas, no parece ser una prioridad para Estados Unidos.
Al ser preguntado sobre las operaciones en Ecuador y por qué ahora se evacúa a las tripulaciones antes de destruir los barcos, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró a los periodistas el mes pasado que “seguiremos haciendo explotar los barcos si es necesario”.
“Lo que vimos a principios del año pasado fueron operaciones unilaterales en aguas internacionales”, dijo Rubio. Las nuevas operaciones, explicó, se están llevando a cabo en cooperación con otras naciones en sus aguas territoriales. “Y cuando se hace eso”, añadió, “hay que hacerlo con base en los acuerdos que se tienen con ellas, y ellas deben cumplir con sus propias leyes”.
No está claro por qué Estados Unidos no proporciona pruebas a las autoridades ecuatorianas, si es que tales pruebas existen.
Una posibilidad son las preocupaciones sobre la confidencialidad de las investigaciones en curso. Otra es la profunda desconfianza de Washington hacia un sistema judicial ecuatoriano que se ha visto gravemente debilitado por la corrupción vinculada al narcotráfico.
La disuasión como objetivo principal
Cualquiera que sea el motivo, los dos funcionarios de inteligencia ecuatorianos dijeron que el Gobierno de Trump comunicó a Ecuador que su principal objetivo es la disuasión.
“Dicen: ‘¿Saben qué? Me da igual si los procesan o no, si los meten en la cárcel o no’”, dijo uno de los funcionarios. “Me quedo con ese barco y punto”.
Este reportaje sobre la fase más reciente de la campaña estadounidense de ataques contra embarcaciones, y la falta de pruebas aportadas para investigar o enjuiciar el presunto contrabando de combustible, se basa en entrevistas con tripulantes de tres barcos atacados recientemente, sus abogados y funcionarios ecuatorianos actuales y anteriores, así como en documentos judiciales y otras pruebas presentadas ante los tribunales.
“No hay pruebas, porque los barcos fueron bombardeados”, dijo Juan Alvia Cevallos, abogado que representa a varias tripulaciones. “¿Y si se cometió algún delito? Destruyeron las pruebas”.
Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch, una organización de defensa de los derechos humanos con sede en Nueva York, afirmó que Estados Unidos no ha logrado demostrar a estas comunidades “que había una razón para arrestar a estas personas y una razón para destruir estas embarcaciones”.
“Si no puedes demostrarlo”, dijo Pappier, “tu credibilidad se verá seriamente comprometida”.
De los 160 tripulantes, 14 nunca fueron llevados ante las autoridades ecuatorianas, 32 fueron absueltos y 56 fueron puestos en libertad sin cargos, según Human Rights Watch. Otros 58 fueron liberados con restricciones mientras se resuelven sus casos.
Según Human Rights Watch, que entrevistó a algunos miembros de las tripulaciones, estos denunciaron haber sido golpeados, amenazados y obligados a firmar documentos que no comprendían.
Los pescadores de estos barcos suelen ser contratados por viaje, y algunos tripulantes dijeron que solo habían participado en una expedición de pesca anterior a bordo de su embarcación.
Uno de los barcos, incautado por el Ejército estadounidense el 15 de septiembre, transportaba a un biólogo del Gobierno ecuatoriano que trabajaba como supervisor para disuadir la pesca ilegal.
Ecuador, socio clave en la campaña antidrogas de Trump
Ecuador se ha convertido en un socio de seguridad cada vez más importante para el Gobierno de Trump, y las fuerzas militares estadounidenses han intensificado sus operaciones allí, pese a un referéndum celebrado a finales del año pasado en el que los ecuatorianos votaron en contra de permitir bases militares extranjeras en su país.
En marzo, Estados Unidos ayudó a las fuerzas militares ecuatorianas a atacar varias propiedades en una zona rural cercana a la frontera con Colombia.
Según funcionarios de la Armada ecuatoriana, las aguas cercanas a las islas Galápagos se han convertido en una especie de gasolinera clandestina, donde los pescadores pueden ganar decenas de miles de dólares en un solo viaje mediante el contrabando de combustible hacia barcos narcotraficantes en alta mar.
Según un funcionario de inteligencia ecuatoriano, los barcos de mayor tamaño suelen llevar motores adicionales para convertir las embarcaciones pesqueras más pequeñas en lanchas rápidas de dos motores, utilizadas para transportar combustible a los narcotraficantes.
Sin embargo, según las autoridades, estos casos son difíciles de probar sin evidencia de combustible sobrante, motores adicionales, credenciales de pesca irregulares u otras pruebas, como comunicaciones telefónicas. Muchos de los involucrados en el contrabando de combustible son pescadores registrados legalmente.
La experiencia de los pescadores detenidos
Juan Carlos Posligua llevaba pescando desde su adolescencia, pero el trabajo de finales de agosto era apenas su segundo viaje en el Conquista II. En una travesía anterior, este pescador de 44 años ganó US$230 por 17 días de trabajo.
En esta ocasión, durante el viaje de regreso, falló una manguera del sistema hidráulico del barco. Mientras un mecánico intentaba repararla, les comentó a los demás que una avioneta sobrevolaba la zona.
Aproximadamente media hora después, Posligua avistó el buque militar estadounidense.
Poco después, infantes de Marina y marineros estadounidenses se acercaron en una embarcación más pequeña. Dos helicópteros sobrevolaron la zona y las fuerzas estadounidenses apuntaron sus armas hacia los pescadores. Los infantes de Marina y marineros partieron del USS San Antonio, bajo las órdenes del general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, en coordinación y colaboración con Ecuador, según un comunicado del Comando Sur.
Sin dar explicaciones, las fuerzas estadounidenses abordaron y registraron la embarcación. Ordenaron a los tripulantes que se arrodillaran con la cabeza contra el suelo y las manos en alto. Tras una hora, esposaron a los pescadores con bridas de plástico y los subieron al buque estadounidense, donde los confinaron en un almacén bajo cubierta.
Cuando los nueve pescadores fueron entregados a las autoridades ecuatorianas dos días después, la Armada de Ecuador los describió como “náufragos”, es decir, sobrevivientes de un naufragio. Posteriormente, fueron liberados.
En un informe policial entregado al fiscal que supervisa el caso en Manta, las autoridades afirmaron que los hombres fueron “rescatados” en el mar tras ser interceptados por la Armada estadounidense bajo la acusación de que supuestamente vendían y transportaban combustible a grupos criminales.
Más de un mes después, la Fiscalía sigue reteniendo los documentos de Posligua, quien no puede trabajar. A lo largo de la costa de Manta, el sector pesquero se encuentra paralizado por el miedo.
“La gente ya no sale y yo no puedo trabajar”, dijo Posligua. “Lo perdí todo”.
Inicialmente, según funcionarios de inteligencia, los ataques parecieron lograr su objetivo principal: disuadir a los pescadores de transportar combustible a los narcotraficantes. Las incautaciones de drogas en el mar parecieron disminuir, según indicó un funcionario de inteligencia.
Pero el 3 de octubre, la Armada ecuatoriana anunció que había capturado una lancha rápida al oeste de Manta, con unos 55 paquetes de presunta droga, valorados en US$50 millones en el mercado estadounidense.
