Con la modificación de la Lecat se castiga por primera vez la pertenecia a las pandillas, pese a que en septiembre de 2010 fue aprobada la Ley de Proscripción de Pandillas, la cual no estipulaba penas de cárcel.
El Congreso actuó amparado por una consideración de la Sala de lo Constitucional, que en agosto del 2015 declaró que las pandillas como “grupos terroristas” porque con su accionar afectan “indiscriminadamente los derechos fundamentales de la población”.
2,222 asesinatos registra El Salvador en lo que va del 2016.
La Lecat define a este tipo de organizaciones como las que están “provistas de cierta estructura” que “pretenden la utilización de métodos violentos o inhumanos con la finalidad expresa de infundir terror, inseguridad” o “afectar sistemáticamente” los derechos de la sociedad.
La misma establece penas de prisión de entre 8 y 12 años a los miembros de estas estructuras, y de entre 10 y 15 años a los “cabecillas”.
Medidas especiales
Esta reforma es parte de una serie de “medidas extraordinarias” con las que El Salvador busca frenar la ola de violencia que en menos de cuatro meses se ha cobrado la vida de dos mil 222 personas y que es atribuida a las pandillas.
La Asamblea Legislativa endureció las penas de ciertos delitos y formuló nuevos para tratar de arrebatar el control territorial que las maras ejercen en ciertas áreas del país centroamericano y permitir la “actuación inmediata de las autoridades” de Seguridad.
Los nuevos delitos son la “limitación ilegal a la libertad de circulación”, “resistencia agresiva” al arresto, la incitación a menores para ingresar a las pandillas, la amenazas a estudiantes y maestros, la negociación de funcionarios para otorgar prebendas y el tráfico ilegal de armas de fuego.
El paquete de medidas incluyó otras reformas al Código Penal como el endurecimiento de la pena mínima por homicidio simple, que pasó de 10 a 15 años.
Estas iniciativas fueron propuestas por el fiscal general, Douglas Meléndez, a inicios de abril porque “nos estamos enfrentando en estos momentos a una expansión desbordada de las pandillas”.
Según reza el decreto aprobado, “la Fiscalía ha comprobado la existencia de actividades criminales tales como la movilidad de delincuentes portando armas de fuego, incremento de homicidios múltiples, traslado y abandono de cadáveres, extorsiones masivas” y “usurpación ilegal” de negocios y casas.
Estas iniciativas se suman a la aprobadas por este órgano de Estado el 1 de abril para recuperar el control total de 7 de 21 cárceles del sistema penitenciario donde están recluidos los pandilleros.
“A las medidas extraordinarias impulsadas por el órgano Ejecutivo y apoyadas por el resto de órganos deben sumarse otras de naturaleza legislativa” para “desarticular las órdenes criminales que provienen del interior de los centros de reclusión” para los pandilleros “que permanecen en los diversos territorios”, expuso el Legislativo.
El Salvador vive un recrudecimiento de la violencia, atribuido a las pandillas, que se ha cobrado la vida de dos mil 222 personas en lo que va del año, un 58% más que en el mismo lapso de 2015, cuando se contabilizaron mil 404 muertes violentas.
Potestad contra menores
El Congreso salvadoreño otorgó a la Fiscalía la potestad de ordenar el arresto de menores de edad involucrados en el accionar de las pandillas, como parte de las “medidas extraordinarias” con las que se busca frenar la ola de violencia.
Con 78 de 84 votos posibles este órgano de Estado modificó el artículo 52 de la Ley Penal Juvenil que solo otorgaba esa facultad a los jueces.
“El menor, sólo podrá ser privado de su libertad cuando fuere sorprendido en flagrancia o por orden escrita por el fiscal o, en su caso, del juez” , reza el referido artículo modificado.
