“La corrupción y la impunidad deben de perseguirse, venga de donde venga, y los demás países deben de contribuir al combate de estas en lugar de ocultar y respaldar a los corruptos como Funes, que está siendo investigado por diferentes delitos”, manifestó a Acan-Efe el parlamentario.

Indicó que la decisión de Nicaragua “manda un mal mensaje que un país se preste a este tipo de situaciones y que proteja a una persona que tiene enormes indicios de haber cometido una gran cantidad de ilícitos y actos de corrupción en El Salvador” .

Muyshondt agregó que espera que la Fiscalía continúe con la investigación en contra del expresidente “para que de encontrar más indicios pida la ayuda de instancias internacionales, como la Interpol, para que sea capturado y pague por lo que ha hecho” .

Asimismo, pidió al Gobierno salvadoreño que “colaboré con las investigaciones de la Fiscalía para combatir la corrupción” .

El “asilo político”  fue solicitado por Funes el pasado 1 de septiembre y le fue concedido a él, a su compañera Ada Mitchell Guzmán, y sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco, de 34 años, Diego Roberto Funes Cañas, de 25 años, y Mauricio Alejandro Funes Guzmán, de 2 años, según la información.

El expresidente salvadoreño solicitó asilo político en Nicaragua “por considerar estar en peligro su vida e integridad física y la de su familia, por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos, y su afiliación política en la República de El Salvador” , de acuerdo con el diario oficial.

Funes es investigado penalmente en El Salvador por enriquecimiento ilícito y “posible”  lavado de dinero durante su gestión, un proceso derivado de un juicio civil ordenado por el Supremo por el incremento injustificado de su patrimonio en más de 700 mil dólares.

El exgobernante, que no cuenta con ninguna orden de detención en su país, fue el primero en llegar al poder bajo la otrora guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional  (FMLN) , actual partido de Gobierno.

Tres meses de vivir en Nicaragua

Mauricio Funes, investigado en su país por supuesta corrupción, afirmó el martes que tiene más de tres meses de estar en Managua, capital de Nicaragua, y que pidió asilo “después de constatar la persecución política que se inicia en mi contra” .

“Tengo más de 3 meses de estar realizando una consultoría en Managua” , dijo el expresidente salvadoreño, en su cuenta en la red social Twitter.

Las autoridades de El Salvador habían advertido en agosto recién pasado que Funes tramitaba asilo en Nicaragua, lo que entonces negó.

“No mentí sobre el asilo, decidí tramitarlo el 31 de agosto, después de constatar la persecución política que se inicia en mi contra”, dijo el exmandatario, quien no tiene orden de detención en El Salvador.

Agregó que “el asilo político lo tramité ante el gobierno apenas unos días atrás” .

De acuerdo con la edición de este martes de La Gaceta, diario oficial de Nicaragua, Funes solicitó asilo político el 1 de septiembre y un día después el Gobierno nicarag ense le brindó una respuesta positiva.

El asilo político también fue extendido a la compañera de Funes, Ada Michell Guzmán Sig enza, y sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco, de 34 años, Diego Roberto Funes Cañas, de 25 años, y Mauricio Alejandro Funes Guzmán, de 2 años, según la información oficial nicarag ense.

El exgobernante salvadoreño, es investigado penalmente en su país por enriquecimiento ilícito y “posible”  lavado de dinero durante su gestión, un proceso derivado de un juicio civil ordenado por el Supremo por el incremento injustificado de su patrimonio en más de 700 mil dólares.

Funes fue el primero en llegar al poder bajo la otrora guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional  (FMLN) , actual partido de Gobierno.

El expresidente ha calificado el proceso judicial en su contra como “show”  político, basado en que las autoridades salvadoreñas “no han encontrado ninguna prueba”  en su contra.

Funes también fue citado el pasado 3 de febrero a declarar en la Fiscalía por una investigación por supuestas negociaciones que su Administración entabló con las pandillas entre el 2012 y el 2014 para disminuir los índices de asesinatos.