La cifra supone casi un 50 por ciento más de los 30 mil documentos relacionados con el asunto que los abogados de Clinton entregaron al Departamento de Estado en el 2014.
El propio Departamento de Estado se ha comprometido a publicar los documentos y aseguró hoy al juez federal James E. Boasberg, quien lleva el caso, que la agencia diplomática está “dando prioridad” a la revisión de los nuevos mensajes.
No obstante, aún se desconoce si dichos correos serán publicados antes de las elecciones del próximo 8 de noviembre, en la que la también ex primera dama se medirá a su rival republicano, Donald Trump, para llegar a la Presidencia del país.
La polémica por los correos electrónicos se desató a comienzos del 2015, cuando los medios estadounidenses revelaron que, durante sus cuatro años en el Departamento de Estado, Clinton usó en todo momento una cuenta personal para sus comunicaciones, con un servidor privado.
Clinton reconoció entonces que habría sido “más inteligente” usar una cuenta oficial y entregó 55 mil páginas de correos electrónicos de esa etapa al Departamento de Estado para su publicación, pero el caso generó interrogantes sobre si trató indebidamente información clasificada del Gobierno al usar su cuenta personal.
El Departamento de Estado identificó alrededor de dos mil cien correos electrónicos del servidor de Clinton con información confidencial, aunque ha asegurado que muchos de ellos no se consideraron clasificados en el momento de su envío, sino que han sido etiquetados como tal durante la revisión actual de los emails.
El tema de los correos acentuó además las acusaciones por parte de la bancada republicana en el Congreso sobre la mala praxis de la exsecretaria de Estado sobre el ataque contra el consulado estadounidense en Bengasi (Libia) en el 2012, en el que murieron el entonces embajador Chris Stevens y otros tres funcionarios del Gobierno.
Clinton se sometió hace unos meses a una comparecencia ante los legisladores que duró más de 11 horas para explicar lo ocurrido en aquel ataque, y a principios de julio pasado se hizo público el informe final de los congresistas sobre el atentado, en el que no se hallaron pruebas que inculparan a la aspirante demócrata.
Asimismo, el FBI recomendó en julio pasado al Departamento de Justicia no presentar cargos contra la candidata presidencial tras finalizar sus investigaciones del caso del los correos electrónicos, por lo que la fiscal general, Loretta Lynch, siguió sus directrices.
