Los fiscales alegan en su denuncia que presentaron ante la Justicia y que fue filtrada hoy a los medios que es “imprescindible” ordenar la detención de Lula de forma preventiva, ya que, en su opinión, el exmandatario puede movilizar grupos para interferir en la investigación criminal.
Según los fiscales, el arresto de Lula se hace necesario debido a que “es conocido que posee poder de expresidente de la República, lo que hace su posibilidad de evasión sea muy simple”.
Los fiscales agregan en la denuncia que los seguidores del exmandatario pueden promover “maniobras violentas” y presentarlo como “un ciudadano por encima de la ley, algo inaceptable en el Estado Democrático de Derecho”.
Pese a la filtración de la denuncia en la que se solicita prisión para Lula y otras 15 personas, fuentes de la Fiscalía evitaron comentar el tema y agregaron que los fiscales no se van a pronunciar sobre el mismo.
La petición de la Fiscalía tendrá que ser analizada por un juez penal regional del estado de Sao Paulo, que no tiene plazo definido para pronunciarse sobre si la acepta o la niega.
Lula acusa a fiscales de parcialidad
En tanto, el expresidente brasileño afirmó que el fiscal que solicitó su detención preventiva volvió a dejar clara su parcialidad y su intención de usar el cargo para fines políticos.
“El fiscal que anticipó su decisión de denunciar a Luiz Inácio Lula da Silva antes de escucharlo dio otra prueba de parcialidad al solicitar su detención preventiva”, informó el Instituto Lula, una fundación encabezada por el exjefe de Estado y que opera como su portavoz.
Por aparte, el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) consideró que el pedido de detención preventiva carece de “fundamentos” y responde únicamente a un “hecho mediático”.
“El pedido de prisión preventiva va en la línea de lo que venían haciendo el fiscal y sus aliados, sin pruebas, contra el presidente Lula”, dijo a la prensa el presidente del PT, Rui Falcao, tras una reunión en el Instituto Lula en la que participó el exmandatario.
Presenta cargos
La fiscalía presentó el miércoles cargos contra el expresidente brasileño en una investigación por lavado de dinero, arrojando más dudas sobre la que en su día fuera una de las figuras políticas más destacadas de Brasil, ahora perseguido por acusaciones de corrupción.
Los cargos presentados por la fiscalía de Sao Paulo parten de acusaciones de que el exmandatario ocultó la supuesta propiedad de un ático en primera línea de playa en la ciudad de Guaruja.
Silva ha negado ser el dueño de la vivienda, que pertenece a la constructora OAS. La empresa es uno de los grandes objetivos de una investigación federal paralela sobre corrupción que se centra en la petrolera estatal Petrobras. La semana pasada, Lula da Silva fue detenido para prestar declaración y la Policía registró su casa como parte del proceso.
Los cargos presentados el miércoles contra Silva tienen que ser aprobados ahora por un juez. En un comunicado, el que en su día fuera un inmensamente popular expresidente dijo que los investigadores “no son imparciales” y que no tienen autoridad para llevar a cabo las pesquisas. “Los cargos presentados por la oficina del fiscal general de Sao Paulo no son una novedad porque ya fueron anunciados en la revista Veja el 22 de enero de 2016”, dijo Silva en un comunicado.
Los investigadores ofrecerán una conferencia de prensa el jueves. El pasado viernes, investigadores federales dijeron que estaban intentando averiguar si las reformas efectuadas en el departamento de Garuja y otro proyecto en una casa de campo utilizada por Silva y su familia constituían favores hechos a cambio de beneficios políticos.
Ambos lugares fueron sometidos a importantes remodelaciones pagadas por empresas constructoras que durante décadas tuvieron contratos con el gobierno federal. Las empresas están también en el centro del escándalo de los US$2 mil millones de Petrobras. Silva admite haber visitado el ático en dos ocasiones, pero dijo que nunca fue de su propiedad, y sostiene que la casa de campo pertenece a unos amigos que le dejan utilizarla.
Los investigadores federales buscan determinar también si Silva vendió su influencia en el actual gobierno a cambio de ofrecer discursos y donaciones al Instituto Lula, su organización sin ánimo de lucro.
Jair Jaloreto, un experto en lavado de dinero de Sao Paulo, dijo que el caso del ático que motivó los cargos presentados el miércoles es “muy confuso”. “Veo más riesgo para Lula en las investigaciones sobre la casa de campo. Si no ofreció los discursos por los que cobró, eso también podría ser lavado de dinero. Pero el caso del departamento es difícil. Nunca lo utilizó, no hay documentos que digan eso. Será difícil que los investigadores lo demuestren”, explicó.
Silva gobernó Brasil entre 2003 y 2010. A pesar del escándalo de pago de sobornos a cambio de votos que forzó la dimisión de su jefe de gabinete y otros, dejó la Presidencia con un nivel record de popularidad y seleccionó personalmente a su sucesora, la actual presidenta Dilma Rousseff, que ganó las elecciones fácilmente.
Silva y Rousseff han visto como su popularidad caía en picado al tiempo que Brasil entraba en su peor recesión en décadas y las investigaciones se extienden. El índice de aprobación de Rousseff es de un solo digito ahora, aunque se ha recuperado ligeramente en los últimos tiempos. La mandataria enfrenta además un juicio político.
