Además, definió la causa construida contra la hermana menor de Felipe VI como “un andamiaje de sospechas y conjeturas de gran calado y aplauso mediático”  y desvinculó a la Casa Real de las actividades realizadas por Urdangarin.

Cristina de Borbón está acusada por un delito fiscal en el marco de un escándalo de malversación de seis millones de euros públicos realizada entre 2004 y 2007 a través del instituto Nóos, dirigido por su marido y un exsocio que cerraron varios contratos con administraciones regionales.

El caso, con 17 acusados, se juzga desde enero en un tribunal de Palma de Mallorca, en las mediterráneas islas Baleares, y debería quedar visto para sentencia el próximo 22 de junio.

Acusación

El juez instructor decidió enviar a juicio a la infanta basándose únicamente en la acusación de una controvertida asociación ultraderechista, Manos Limpias, que reclama para ella ocho años de prisión por fraude fiscal.

Esta organización, cuyo dirigente fue encarcelado en mitad del proceso por presunta extorsión, basa su imputación en que Cristina figura como copropietaria de una empresa supuestamente utilizada por Urdangarin para desviar cientos de miles de euros malversados.

Sin embargo, el fiscal aseguró que su conducta “no constituye una infracción”  y que el hecho de ser cónyuge del principal sospechoso no implica que conociera sus actividades.

En lo referente a Urdangarin, para quien pide 19 años y medio de prisión, el fiscal aseguró que lideró junto a su exsocio Diego Torres esta trama para “drenar fondos públicos” .

 El estallido del escándalo a finales del 2011, con España hundida en la crisis, dañó gravemente la entonces buena imagen de la monarquía, precipitando incluso la abdicación en el 2014 del padre de Cristina, Juan Carlos I, y la llegada al trono de su hermano menor Felipe VI.

Con las conclusiones de las defensas, el juicio, que comenzó el 11 de enero, entra en su recta final y está previsto que quede visto para sentencia no antes del 30 de junio.