Saca, que se encontraba recluido desde la madrugada del domingo en los calabozos de la División Antinarcoticos (DAN) de la Policía, fue trasladado este martes hacia el Centro Judicial Isidro Menéndez de la capital, bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

La acusación fue presentada ante el Tribunal Cuarto de Paz, que debe decidir si el exmandatario pasa a la etapa de investigación judicial o queda exento de los cargos.

De enviar a la siguiente etapa al expresidente que gobernó con la opositora Alianza Republicana Nacionalista  (ARENA) , el tribunal tendrá que establecer si lo procesará en total libertad o con medidas cautelares como el arresto domiciliario o la prisión preventiva.

Junto a Saca fueron acusados sus exsecretarios privado, de Comunicaciones y de Juventud, Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente, detenidos el domingo último.

También, Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera, colaboradores directos del expresidente, de acuerdo con la Fiscalía, y aún empleados de la Presidencia, también arrestados el domingo.

Según el fiscal general, Douglas Meléndez, estas personas operaban una estructura al interior de la Presidencia que movió US$246 millones a 14 cuentas personales de Charlaix, Rodríguez y Gómez, de las que posteriormente retiraron US$116 millones “en efectivo”.

El fiscal detalló el lunes que durante las investigaciones, iniciadas tres meses atrás, han determinado que al menos US$6 millones fueron blanqueados por Saca y Charlaix, “vía triangulación”, a las empresas del exmandatario, que incluyen un reconocido consorcio de radios.

Por su parte, el jefe de la Unidad de Investigación Financiera  (UIF), Jorge Cortéz, aseguró que la suma revelada “puede ir aumentando paulatinamente, de acuerdo con los avances que se vayan teniendo” .

Detalló que la metodología utilizada por los detenidos para “tratar de no dejar rastro y eludir las investigaciones”  de los US$6 millones fueron “transferencias entre cuentas bancarias, retiro en efectivo, y apertura y cierre de cuentas”.

El ente fiscal solo ha podido determinar el destino de estos US$6 millones y desconoce el fin que tuvo el resto del dinero “cuestionado”.

La investigación, denominada “Destape Corrupción”, tuvo como origen un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia con el que se inició antes un proceso civil contra Charlaix por supuesto enriquecimiento ilícito en más de US$18.7 millones.

Dicho informe establece que de una “partida secreta”  del Gobierno en la que se manejaban fondos para la inteligencia estatal se libraron cheques a nombre de funcionarios y que este dinero finalmente acabó en las cuentas de Charlaix.

A nombre de Saca fueron emitidos más de US$15 millones, otros US$497 mil para Rank, US$45 mil para César Funes y US$400 mil para el partido que llevó al poder al expresidente, la Alianza Republicana Nacionalista.

No es la primera vez que Arena se ve salpicado por este tipo de casos. Según la Fiscalía, el partido recibió US$10 millones del difunto expresidente Francisco Flores  (1999-2004), que supuestamente desvió donaciones taiwanesas y por lo que afrontó un proceso penal.

Allanamientos

En tanto, la Fiscalía salvadoreña efectuó el martes allanamientos en tres propiedades del detenido expresidente Elías Antonio Saca.

Las autoridades buscan pruebas para sustentar la acusación en contra del exmandatario por el desvío de US$246 millones de fondos del Estado.

“Hemos encontrado habitaciones completas con evidencia documental, y toda es parte de un análisis que vamos a comenzar a realizar para establecer cuál puede servir para el caso”, afirmó a periodistas el fiscal Jorge Cortéz, jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República  (FGR) .

Cortéz encabezó un allanamiento a las instalaciones en San Salvador del Grupo Radial Samix, propiedad del expresidente, reconocido empresario de radio y exnarrador deportivo.

Saca, de 51 años, gobernó el país entre el 2004 y el 2009 bajo la bandera de la Alianza Republicana Nacionalista  (Arena, derecha) , pero al final de su mandato fue expulsado de la agrupación.

El fiscal general, Douglas Meléndez, explicó que de ese monto al menos unos US$116 millones fueron “cobrados en efectivo” de cuentas del Estado, depositados en cuentas particulares de empleados de la Casa Presidencial y, posteriormente, trasladados a cuentas de empresas.

Por este caso también están detenidos el exsecretario privado de Saca, Elmer Charlaix, los funcionarios Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Artiaga y Alberto Herrera, así como el expresidente de la empresa estatal de aguas César Funes y el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia Julio Rank.

Herrera, Gómez y Rodríguez Artiga, quienes estuvieron vinculados al gobierno de Saca, actualmente son funcionarios en la administración del presidente Salvador Sánchez Cerén.

El martes, la abogada de Saca, Silvia Bonilla, dijo que el caso del expresidente es “un show político” con fines electorales.

“Él es un expresidente de la República, estamos entrando en una etapa política, preelectoral y, bueno, creo que el ingrediente de show político tiene que estar incorporado”, indicó Bonilla tras verificar el allanamiento en el Grupo Radial Samix.

El martes se prevé que la Fiscalía, que creó el Grupo Contra la Impunidad, presente la acusación formal contra Saca y los otros seis involucrados ante un tribunal de San Salvador, el cual tendrá que decidir si los acusados enfrentan el proceso en libertad o encarcelados.