“Considero que el estado mental del señor Assange es tal que sería opresivo extraditarlo a Estados Unidos”, escribió la jueza Vanessa Baraitser de la corte penal de Londres en su sentencia.
“La salud mental del señor Assange se deterioraría motivándolo a cometer suicidio llevado por la ‘determinación obsesiva’ de su trastorno de espectro autista”, agregó.
Estados Unidos tiene ahora un plazo de 14 días para recurrir esta decisión y su representante legal afirmó ante la corte que así lo hará.
Por su parte, la defensa de Assange anunció que pedirá la libertad bajo fianza de su cliente.
Un grito de júbilo estalló entre la treintena de manifestantes que se habían congregado a las puertas del tribunal para expresar su apoyo al australiano, de 49 años, en este caso que denuncian como clave para la libertad de prensa.
“¡Ganamos!”, gritaron abrazándose y olvidando sus pancartas donde podía leerse “No extraditen a Assange, el periodismo no es un crimen” o “Liberen la verdad, excarcelen a Assange”.
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“Estoy aquí esta mañana porque apoyo a un hombre que, en mi opinión, ha sido injustamente encarcelado por decir básicamente la verdad. No ha hecho nada malo”, había dicho previamente a la AFP una manifestante, Myra Sands, de 78 años.
La abogada Stella Morris, compañera sentimental del australiano con quien tiene dos hijos, había llegado al tribunal media hora antes del inicio de la vista, pero no quiso hacer declaraciones.
La víspera había dicho al diario alemán Der Spiegel que “la defensa de Julian se ha visto seriamente obstaculizada” en la prisión londinense de Belmarsh, donde lleva 20 meses recluido desde su espectacular detención en abril de 2019 dentro de la embajada de Ecuador en Londres, donde vivió refugiado siete años.
“Ataque a la libertad de expresión”
Assange y WikiLeaks se hicieron famosos en 2010 a raíz de la publicación de unos 700.000 documentos militares y diplomáticos confidenciales que pusieron a Estados Unidos en más de un aprieto.
Entre ellos figuraba un vídeo en que se veía como helicópteros de combate estadounidense disparaban contra civiles en Irak en 2007, matando a una docena de personas en Bagdad, incluidos dos periodistas de la agencia de noticias Reuters.
Antes de pronunciarse, la juez Baraitser examinó detenidamente en septiembre, tras meses de retraso debido a la pandemia de coronavirus, la solicitud estadounidense para asegurarse de que no fuera desproporcionada o incompatible con los derechos humanos.
Afirmando temer que Assange, cuya salud física y mental pareció muy debilitada, se quitase la vida, Morris había entregado en septiembre a la oficina del primer ministro británico, Boris Johnson, una petición con 800.000 firmas contra su extradición.
Este ha sido uno de los principales argumentos de la defensa, junto con la denuncia que de que el australiano, que podría ser condenado a 175 años de cárcel si la justicia estadounidense lo declarase culpable de espionaje, no tendría un juicio justo en Estados Unidos.
Washington le reprocha haber puesto en peligro la vida de sus informantes con la publicación de los documentos secretos sobre las acciones militares estadounidenses en Irak y Afganistán, que revelaron actos de tortura, muertes de civiles y otros abusos.
Pero para su comité de apoyo, son “cargos con motivación política”.
“El mero hecho de que este caso haya ido a los tribunales, y que haya durado tanto tiempo, constituye un ataque histórico y a gran escala contra la libertad de expresión”, afirmó el domingo el redactor jefe de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson.
La defensa del australiano, coordinada a nivel internacional por el exjuez español Baltasar Garzón, denunció en el pasado que el presidente estadounidense Donald Trump quería hacer con él un castigo “ejemplar” en su “guerra contra los periodistas de investigación” y Assange no tendría un juicio justo en Estados Unidos.
