Estados Unidos
Los funcionarios gubernamentales, preocupados ante la posibilidad de que usar la raza para identificar y ayudar a las comunidades desfavorecidas pueda generar problemas legales que obstaculicen sus esfuerzos, dijeron que estaban diseñando un sistema para ayudar a las comunidades de color, incluso sin definirlas de esa manera.
“Estamos tratando de establecer un marco y una herramienta que sobrevivan y que conecten con esos impactos concretos que experimentan las personas”, dijo Brenda Mallory, presidenta del Consejo de Calidad Ambiental de la Casa Blanca, el cual está diseñando el sistema. “Siento que podemos hacerlo con base en criterios raciales neutrales”.
Ese enfoque se produce en medio de una lucha de décadas sobre qué papel que debe desempeñar la raza en las políticas públicas, y qué está permitido por la Constitución.
La Corte Suprema, con su nueva supermayoría conservadora, está lista para escuchar un caso durante este período que podría revertir 40 años de precedentes según los cuales la raza podía usarse como un factor para determinar las admisiones universitarias.
Mientras tanto, los tribunales inferiores han rechazado los esfuerzos del gobierno de Biden para condonar los préstamos a los agricultores pertenecientes a minorías como parte de un programa de US$4 mil millones destinado a abordar el largo historial de injusticia racial en la agricultura. Otra acción legal en curso acusa al gobierno de Biden de obligar a los hombres blancos a ir “al final de la fila”, y alega que le está dando preferencia en la repartición de sus fondos de ayuda por el covid a propietarios de restaurantes mujeres o parte de una minoría.
Usar la raza como un factor en la toma de decisiones también podría crear problemas políticos para los demócratas durante un año electoral en el que algunos republicanos parecieran estar intentando aprovecharse del resentimiento blanco. Por ejemplo, el reciente anuncio de Biden de que nominaría a la primera mujer negra a la Corte Suprema hizo que el senador Ted Cruz de Texas comentara: “Lo que está diciendo el presidente es que, si eres un hombre blanco, pues mal por ti”.
Para distanciarse del tema de la raza, el gobierno de Biden tiene la intención de identificar pueblos y vecindarios que necesiten ayuda ambiental en función de docenas de puntos de datos como ingreso familiar, tasas de desempleo, niveles de contaminación del aire y proximidad a locaciones del programa Superfund de la Agencia de Protección Ambiental, incineradores y otros peligros. Pero no demografía racial o étnica.
Según el plan, conocido como Justice40, al menos el 40 por ciento de los beneficios de las inversiones federales en limpieza ambiental, energía limpia y mitigación climática tendría impacto en comunidades desfavorecidas.
Mallory dijo que creía que la estrategia llevaría al gobierno a los mismos lugares que un enfoque basado en la raza: las comunidades de color.
Algunos expertos legales están de acuerdo con la estrategia del gobierno, y creen que es un enfoque pragmático que logrará los resultados deseados.
Sin embargo, algunos defensores de derechos humanos se erizan ante esa suposición.
“Si buscas al predictor más poderoso de dónde está la mayor contaminación industrial, sin duda la raza es el más potente”, dijo Robert Bullard, profesor de planificación urbana y política ambiental de la Texas Southern University y pionero en el movimiento de justicia ambiental. “No son los ingresos, ni los valores de propiedad, sino la raza. Si dejas la raza por fuera, ¿cómo vas a arreglar esto?”.
Décadas de investigación han demostrado que las personas más afectadas por los peligros ambientales son en su mayoría pobres y no blancas.
El año pasado, una investigación financiada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés) descubrió que la exposición a la contaminación del aire variaba más según la raza y el origen étnico que según los ingresos: las personas de color tenían 2.4 veces más probabilidades de estar expuestas a una fuerte contaminación que las personas blancas, entre diferentes niveles de ingresos.
Christopher Tessum, profesor asistente de ingeniería ambiental en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y autor principal de ese estudio, dijo que para comprender a las comunidades más afectadas por la contaminación del aire, si uno solo analiza los ingresos, “te estás perdiendo gran parte de la historia”,
Algunos estudios indican que los afroestadounidenses no han tenido el poder político como para bloquear la creación de instalaciones contaminantes. Un ejemplo tuvo lugar en Míchigan en 1992, cuando la junta de control de contaminación del estado aprobó la construcción de una planta de energía en Genesee Township, al lado de una comunidad predominantemente negra. La planta de energía quemaba desechos de madera, a veces cubiertos con pintura de plomo, junto a otros combustibles.
La EPA descubrió que las decisiones tomadas por las agencias de Míchigan responsables de permitir la creación de la planta de energía “dieron como resultado que los afroestadounidenses fueran tratados de manera diferente y de forma menos favorable que los blancos”, lo que les hizo más difícil oponerse al proyecto. La EPA citó el ejemplo de una junta de control de la contaminación que le permitió a los residentes blancos testificar antes del período de comentarios públicos mientras al mismo tiempo les negó esa oportunidad a los residentes negros, y que contrató vigilantes armados en una audiencia realizada en una zona predominantemente negra, lo que iba en contra de su protocolo habitual.
“Puedes ser una persona de color en una comunidad de ingresos medios y aun así sufrir un impacto desproporcionado”, afirmó Mustafa Santiago Ali, vicepresidente de justicia ambiental de la Federación Nacional de Vida Silvestre.
El gobierno de Biden no debe permitir que el miedo a las demandas le impida tratar de corregir de manera explícita la disparidad racial, dijo Dorothy A. Brown, profesora de derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Emory.
“Van a ser demandados tomen o no tomen en cuenta la raza”, dijo. “Si quieres abordar el racismo ambiental, no existe una forma daltónica de hacerlo. La mejor defensa sería decir que esta es una labor correctiva de una discriminación gubernamental previa. En 2022, si quieres ayudar a la comunidad negra, te demandarán. Entonces, o estás comprometido con el esfuerzo de ayudar a la comunidad negra o no. Pero no puedes ser tímido al respecto”.
Biden ha sido el primer presidente en posicionar la justicia ambiental, la idea de que todas las personas tienen derecho a la protección contra los peligros ambientales y de salud, como una parte central de la agenda de la Casa Blanca.
Dos meses antes de ganar la presidencia en 2020, y tras un verano en el que el país se vio convulsionado por una serie de protestas por la justicia racial, Biden prometió que trabajaría para rectificar la extraordinaria carga contaminante que soportan las comunidades de color. Todo estadounidense tiene el derecho básico a un medioambiente saludable, sostuvo.
“Cumplir con esta obligación básica para todos los estadounidenses —especialmente en las comunidades de bajos recursos, blancas, de color, negras y nativo americanas, que con demasiada frecuencia no tienen acceso a aire y agua limpia— no será sencillo”, dijo Biden, frente al Museo de Historia Natural de Delaware, en Wilmington.
“El implacable impacto del cambio climático afecta a todos y cada uno de nosotros”, dijo. “Pero con demasiada frecuencia, la peor parte recae de manera desproporcionada en las comunidades de color, lo que exacerba la necesidad de justicia ambiental”.
Ya en la presidencia, Biden estableció un Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca de 25 miembros, el primero de su tipo, e instó a todas las agencias federales a garantizar que las comunidades desfavorecidas reciban el 40 por ciento de los beneficios de la inversión federal en aire y agua limpia, prevención de inundaciones, limpieza de sitios Superfund, energía renovable y otras mejoras.
Michael S. Regan, administrador de la EPA, visitó comunidades mayoritariamente negras y de otras minorías en el sur durante una gira llamada “Travesía a la justicia”, y prometió más inspecciones y aplicación de leyes ambientales en las comunidades afectadas por industrias contaminantes.
Pero los aspectos prácticos de corregir errores históricos —como políticas racistas de zonificación y vivienda que ubicaron industrias y carreteras contaminantes en comunidades de color— no han sido sencillos.
La principal asesora de justicia ambiental de Biden, Cecilia Martinez, renunció el mes pasado, y dijo que sentía que se estaba “agotando” tras haber trabajado por años para lograr que el tema fuera prioridad gubernamental. La herramienta de evaluaciones Justice40 ha presentado retrasos, y algunos defensores temen que la iniciativa esté perdiendo impulso.
La Corte Suprema ha sostenido que las clasificaciones basadas en la raza deberán estar sujetas a un escrutinio estricto para garantizar que el gobierno haya agotado todos los remedios neutrales en cuanto a raza, según Erwin Chemerinsky, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley.
“La conclusión es que la Corte Suprema es muy hostil a cualquier intento de utilizar la raza como base para otorgar beneficios”, declaró Chemerinsky. El gobierno tiene una mejor oportunidad de mantener intactas sus políticas de justicia ambiental no siendo explícito, opinó.
“Dada la correlación entre la raza y la pobreza en nuestra sociedad, pueden obtener lo que buscan pero de una manera que sea neutral en cuanto a la raza”, afirmó.
Toni M. Massaro, profesora de derecho constitucional en la Universidad de Arizona, está de acuerdo.
“La intención es abordar algunos de estos daños dispares históricos”, dijo. “Luego viene la ardua tarea de descifrar cómo hacer operativo eso, y uno de los obstáculos que tienen es que deben hacerlo de manera consistente con la jurisprudencia”.
“Una cosa es lo que se dice en la campaña electoral y otra cuando llega el momento de establecer leyes nuevas”, agregó Massaro.