Desde entonces se reportan al menos 43 muertos y decenas de desaparecidos, además de daños en instalaciones públicas y de servicio, y bloqueos en carreteras que han afectado las exportaciones.
Juan Hurtado Cano, embajador de Colombia en Guatemala desde 2018, comentó a Prensa Libre sus perspectivas, y las del Gobierno de Iván Duque, sobre la violencia en las manifestaciones pacíficas, principalmente sobre la responsabilidad que le atribuyen a los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
El domingo 23 de mayo hubo protestas y se anuncia un paro para el miércoles 26 ¿Cuál es su perspectiva de estos hechos?
El tema es que los que promovieron el paro en Colombia querían tener una justificación, algo que los pudiera alimentar para convocar el paro, y era la reforma tributaria, pero la retiró el Gobierno sin empezar a discutirla.
Pero, por qué los promotores del paro no formulaban propuestas para recoger unos recursos del país de 21 billones de pesos -unos US$5.6 millones- para atender este problema de la pandemia y seguir subsidiando a los estratos 1, 2 y 3 para paliar la crisis.
El desempleo creció en Colombia, obviamente, y en el mundo con la pandemia, entonces la justificación para promover el paro fue la reforma tributaria, retirada cuando empezaba el paro.
Hoy el comité de paro, donde no están representados todos los sectores porque todavía no se dice con claridad cuáles son todos los representantes del Comité Nacional del Paro, dialoga con el Gobierno que ha mantenido una mesa permanente, y están haciendo peticiones por 80 billones de pesos, eso es imposible. De dónde se va a sacar sí se buscaban 21 millones y no se tramitó la reforma tributaria, y ahora están pidiendo 80 billones. Esa es la realidad.
El derecho a la protesta en Colombia está consagrado en la Constitución nacional. La protesta pacífica, el derecho del pueblo a salir a las calles a marchar de una manera pacífica y el Gobierno le da todas las garantías y ha dado todas las garantías a los manifestantes para que vayan a marchar.
Desgraciadamente, las marchas han sido totalmente infiltradas por vándalos que con carácter político se infiltran y ocasionan daños incalculables al país, a los sistemas integrados de transportes, quema de establecimientos comerciales, interrupción de las vías por dónde va a pasar los alimentos y los medicamentos. Además, están atacando a distintos sectores de la ciudad, por ejemplo en Cali, van a atacar sectores de residenciales y el vándalo cuando está con mascarilla y armado de piedras y botellas, que son elementos incendiarios, quiere causar caos, destrucción y desorden contra las instituciones del país, eso no es contra el Gobierno del presidente Duque.
El presidente habla con todos los sectores, y en una declaración que dio recientemente habla del personaje -el izquierdista Gustavo Prieto- que desde el mismo día en que perdió las elecciones en el 2018 por dos millones y medio de votos anuncia que se irá a las calles siempre y permanentemente a hacerle la vida imposible al Gobierno elegido democráticamente.
¿Por qué esos dirigentes del paro, esa dirigencia política de oposición al presidente Iván Duque no han hecho pronunciamientos condenando los actos violentos que están registrándose en Colombia?
¿Quiénes son esos infiltrados de los que habla?
La justicia en Colombia tiene toda la obligación de investigar el hecho que se presente, porque hay separación de poderes en Colombia. La fiscalía general de la Nación está asumiendo todas las investigaciones correspondientes, sobre todo estos hechos que se han sucedido en Colombia.
Y si hay un miembro o algunos miembros de las instituciones de policía o militares que hayan cometido un acto, se le castiga y se le sanciona, se le procesa como tiene que ser. La justicia es para todo el mundo allá, no hay discriminaciones para administrar justicia y todas las ramas del Judicial en Colombia tiene toda la independencia y la libertad para proceder a esas investigaciones.
Las investigaciones de las quemas de todas las estaciones de los sistemas integrados de transporte conducen a esos frentes de violencia que se han presentado en Colombia.
Entonces, dicen que paren las masacres, cuáles masacres, el Gobierno no mata a nadie, las instituciones del país no matan a nadie, defienden a los ciudadanos.
Pero el presidente Duque ordenó la semana pasada que se investiguen al menos 11 posibles casos de violencia policial en las manifestaciones.
Se pudieron haber presentado casos sumamente aislados, pero nuestras fuerzas militares y de policía son las fuerzas militares y de policía mejor capacitadas del mundo en derechos humanos y en el respeto al Derecho Internacional Humanitario. Eso se lo digo con toda honestidad, y yo tengo toda la autoridad ética, moral y política para decirlo, porque fui el ponente de la reforma de la policía en 1993 cuando fui miembro del Congreso.
Han circulado fotos y videos en las redes y hay publicaciones de prensa que muestran actos de violencia ¿Cómo lo ve usted desde Guatemala?
Es que lamentablemente las redes sociales pueden con todo y cuando hay sectores interesados en difundir unas informaciones a la comunidad internacional negativas eso vuela por todas partes y eso es lo que más resalta.
Mire, el Gobierno tuvo que responderle a un informe que presentó la señora -Michelle- Bachelet, que es la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, porque hizo unas aseveraciones de Colombia inexactas, ni siquiera con verificación.
Ese documento lo produjo la Casa de Nariño -sede del gobierno colombiano- con la Cancillería colombiana, para decirle a ella que lo que estaba afirmando no era cierto porque no hubo la más mínima verificación en Colombia, entonces hasta dónde llegamos con estas situaciones.
Una comunicación oficial de Bogotá dice que es importante señalar, sin embargo, que no todos los vídeos y las noticias expuestas en redes sobre los hechos relacionados con las marchas son reales. Algunos contienen imágenes que ni siquiera sucedieron. En los eventos presentes y otras interpretaciones sin contexto de quienes graban que terminan convirtiéndose en verdades a medias o en mentiras directas, todo esto está siendo investigado con el fin de establecer lo ocurrido.
¿Cree que era el momento oportuno para una reforma tributaria?
El país necesitaba los recursos y los necesita para atender la pandemia y el desempleo que se ha venido incrementando en Colombia debido a la pandemia misma, que eso es lo que más le duele al Gobierno y ha estado permanentemente atento a resolver ese problema.
La economía colombiana iba creciendo el 4.4% porque se generaba empleo e inversión y entonces viene la pandemia y se frena todo este proceso de recuperación económica del país, que quedó sumamente maltrecho por todos los compromisos que el Gobierno anterior, del señor Santos -Juan Manuel-, hizo en ese proceso –de paz- mal hecho, perdió el plebiscito, pero Santos lo desconoció, se inventó una figura que en Colombia no existía, el fast track, o sea que pasa en el Congreso rápidamente las reformas que quería meter para acomodarlas a un proceso mal negociado. Endeudó al país tres veces. Y no me retracto de eso, porque esa es la verdad, el país quedó endeudadísimo por todos los compromisos que hizo con las Farc, comprometiendo los recursos públicos por 10 años y claro, se ganó un Premio Nobel de la Paz.
¿Cuál ha sido el impacto de la crisis humanitaria con Venezuela?
Colombia recibe hoy por hoy dos millones de venezolanos, huyendo de esa tragedia por la dictadura que tienen allá en Venezuela. El presidente Duque toma la decisión histórica, que no se había conocido en el mundo, de regularizar por lo menos a un millón 800 mil venezolanos para que pudieran tener acceso a la educación, a la salud y al trabajo.
Tenemos una frontera con Venezuela de 2,250 km, ya se podrá imaginar la magnitud de ese tema, entonces los problemas sociales en Colombia y desempleo obviamente se incrementaron con esta crisis humanitaria que padecemos y esto vale para hacer un llamado a la comunidad internacional para que me ayude a Colombia a paliar esa situación tan difícil.
Todos los que han sufrido este problema migratorio, por ejemplo, en Siria, el Gobierno por persona recibe creo que US$1,300 y en Colombia solamente US$300 por persona. Necesitamos solidaridades internacionales para atender ese problema, en Colombia hay garantías para las veedurías internacionales a ese proceso de paz, que, si bien quedó con falencias, este Gobierno está atendiendo puntualmente.
Esa organización -del conflicto- era terrorista, quemaba iglesias, lanzaba bombas, mataba a gente, hacía masacres en todo el país. Parece que al señor Santrich -Jesús Santrich, ultimado en Venezuela hace una semana-, uno de los negociadores, que se hacía el ciego, y que ahora la Corte Suprema dijo que si hay que detenerlo, le dieron de baja en una lucha que hay en la frontera entre Colombia y Venezuela de grupos criminales, porque esas son las rutas del narcotráfico.
La tragedia que nos dejó en Colombia es el aumento de los cultivos de coca. Otra vez a 220 mil hectáreas producto de todo ese mal acuerdo que hicieron y que el Gobierno está cumpliendo como quedó redactado.
Nos ha dejado a nosotros la injerencia de bandas criminales, el crecimiento de bandas criminales en sectores del país. La plaga mayor del mundo es el narcotráfico, porque de ahí resulta plata para todo, del narcotráfico de esas bandas criminales disidentes de las Farc, porque allá en Venezuela está el jefe de la negociación de las Farc, el señor Iván Márquez. Este era amigo del señor Santrich y de otro tipo que llama el Paisa -Hernán Darío Velásquez Saldarriaga-, allá hay los criminales que se salieron del proceso de paz. Esa justicia especial de la paz le permitió a Santrich que se posesionará en el Congreso de Colombia como representante a la Cámara porque era uno de los integrantes de esos 10 curules que el Gobierno anterior le dio a las Farc.
Y precisamente el día que el presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, visitó a Colombia hubo una noticia donde ellos hablaban de la Nueva Marquetalia, que fue el principio de las Farc, pero es la Nueva Narcotalia, porque lo de ellos es un negocio de coca. Es un negocio que tienen montado las Farc desde hace muchos años, se hablaba de que era el corte más grande del mundo del narcotráfico, pues todas estas cosas son ingredientes de lo que hoy en Colombia se presenta en las calles.
¿Usted dice que grupos de narcotráfico están liderando el movimiento de los jóvenes en las calles?
Están infiltrados allí, obviamente ellos no se van a dar conocer por sus nombres correspondientes. Pero en un comunicado de la Casa de Nariño, de la Presidencia, se dice que los movimientos disidentes de las Farc son el movimiento JM 19, una derivación de lo que fue el M19, gente muy buena y decente que fueron mis compañeros de Congreso en el 91.
Lo que pasa es que quedó uno muy horrible, el grupo de Luis Otero Cifuentes, el movimiento bolivariano de disidencias de las Farc de Gentil Duarte, enfrentado a ese par de tipos de Márquez y de Santrich, los Escudos Azules, Escudos Negros, células urbanas 8 y 9 de junio, los camilistas del ELN – Ejército de Liberación Nacional-, esos grupos se atribuyeron la bomba del 2019 en la escuela de Cadetes General Santander, donde asesinaron 22 de nuestros jóvenes estudiantes cadetes, esa fue una masacre horrible.
El Estado colombiano no puede hacerse a un lado para defender los derechos de los ciudadanos, el derecho a la protesta se garantiza, pero la protesta pacífica, no los bloqueos.
¿A cuánto asciende el impacto económico de los bloqueos en las exportaciones de Colombia?
No tengo la cifra puntualmente. El puerto de Buenaventura ha estado también bloqueado, ahí se moviliza el 60% de la carga en Colombia, entra y sale, de tal manera que eso ha sido lo más grave de esta situación.
El Gobierno ha puesto todo su empeño y su voluntad para llegar a acuerdos con ese comité nacional, los partidos políticos como el Partido Conservador está apoyando al Gobierno, el Partido Liberal, el Partido Cambio Radical, el Partido de la U. Otros partidos no han querido participar en ese proceso. ¿Por qué no han hecho declaraciones condenando la violencia y los actos vandálicos?
El señor Petro qué has estado actuando desde el extranjero, porque el Congreso sesiona virtualmente, debido a la pandemia, porque hemos tenido varios casos de congresistas que han muerto por coronavirus, y sus hijos con otro senador disfrutando de los yates en Miami y en otras partes. Esa es la tragedia por qué no se condena la barbarie, los actos vandálicos y la quema de negocios, la quema de estaciones del sistema integrado de transportes, eso es lo que nosotros pedimos y les decimos.
El vandalismo por ningún motivo se puede tolerar, la mayoría del pueblo reclama la presencia de la autoridad. El Smad, por ejemplo, no tiene armas letales, no tiene armamento, la policía se tuvo que refugiar en un hotel, al que le metieron candela, en Cali.
¿Qué pasa en Cali, cómo retomar el control ahí?
Es la tercera ciudad del país, después de Medellín. Cali está al norte de una región que es zona indígena en Colombia, donde está concentrada la mayor parte de los cultivos de coca y donde han ingresado las bandas criminales relacionadas con el narcotráfico.
Entonces ellos taponaron la vía de Cali hacia el sur, o sea, la vía Panamericana, en distintas oportunidades, y Gobiernos anteriores hicieron una cantidad de concesiones a los indígenas que tienen todo el apoyo del Estado de los recursos públicos que les llega a ellos por acuerdos que hicieron anteriormente.
Si hay una comunidad de Colombia bien atendida por parte del Estado es la indígena, que es más o menos de un millón.
Entonces, claro, los taponamientos en Cali han generado muchos problemas porque es una zona del país, junto con el departamento del Valle del Cauca, de alto grado de desarrollo y generadores de empleo, es un departamento modelo en Colombia.
¿Entonces, según usted, las manifestaciones están en puntos estratégicos del país?
En Bogotá. Obviamente en Medellín ha habido muchos problemas y en Cali.
Se siente uno adolorido cuando la familia llama para contar algunas cosas que pasan allá. No nos merecemos eso en Santa Rosa de Cabal. Tenían montado una un retén, no dejaba pasar las ambulancias ni la comida, bloqueaban el viaducto, que es la comunicación de la capital Pereira de Risaralda con Manizales, y, en fin. Ese es el eje cafetero de Colombia, es el triángulo de desarrollo importante y también vivió muy graves problemas la ciudad, sobre todo Pereira, pero es la comunicación también con el Valle del Cauca, que está a 20 minutos de Pereira, del Valle del Cauca, porque estamos de Bogotá por tierra a siete horas de Bogotá.
Pero la mayoría de los manifestantes son jóvenes…
Sí, claro. Uno entiende que la juventud impetuosa de hoy en día, con toda razón, tiene derecho a protestar, pero desgraciadamente los jóvenes que van a protestar son infiltrados por los vándalos para causar todo el desorden, porque a un vándalo no le interesa de dónde viene la protesta o qué pide los protestantes, lo que quiere es lanzar piedras e incendiar.
La mayoría de las marchas y protestas en Colombia son tranquilas y pacíficas.
En medio de las protestas se detuvo en el Congreso la reforma de Salud, algunos decían que buscaba privatizar el servicio.
No. Era para mejorar las condiciones de salud del pueblo colombiano, el mejor sistema de salud que opera hoy en América Latina opera en Chile, Colombia hizo su reforma a la salud con la ley 100.
Yo estaba en el Congreso de la República. Se hizo un ejercicio muy importante, como le dijo hoy, la salud le llega en Colombia a más del 90% de la población, que ese es un porcentaje inmensamente grande e importante.
Se adelantaron otros encuentros con diferentes sectores, con los estudiantes, que tienen todo el apoyo del Gobierno, del presidente Duque; se reunió con los alcaldes, para que tuvieran mesas permanentes de diálogo; con todos los partidos políticos, con los transportadores, con las organizaciones de la acción comunal y gremios económicos y de la producción.
Dentro de los acuerdos, el Gobierno indicó que dará matrícula gratuita a jóvenes sin recursos. ¿A cuántos jóvenes se va a ayudar? Además, hay muchos jóvenes que se quejan de la deuda con el Icetex – Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior-
A los jóvenes de los estratos 1, 2 y 3. Los jóvenes están siendo beneficiados con esas deudas en Colombia hoy día, precisamente, atendiendo el problema de la pandemia
Pero quiero dar esta otra cifra. De las instalaciones de policía resultaron 548 bienes afectados, entre los cuales se reportan 90 centros de atención inmediata, 11 estaciones de policía, una unidad de policía, tres subestaciones, dos puestos de control, un dispensario de sanidad, un CAI móvil y 433 vehículos institucionales que han sido vandalizados destruidos o incinerados. Se está contabilizando a cuánto ascienden los daños.
Las autoridades nacionales han adelantado las acciones para investigar, sancionar los delitos cometidos en este contexto. De acuerdo con la Fiscalía 152 personas han sido imputadas y a 43 de ellas se les ha impuesto medidas de aseguramiento.
¿Han detenido cabecillas de esos vándalos que menciona?
Sí, claro, pues hay unos vándalos. Hay uno en Pereira que llevaba 20 años estudiando en la Universidad Tecnológica, nunca salía y allá y se decía que él organizaba los paros de la universidad. Qué hace 20 años en una misma universidad, no quiere salir. Y lamentablemente perdió la vida en el viaducto de Pereira.
Además, el 13 de mayo se informó sobre la creación de un grupo especial para la investigación de un presunto abuso sexual cometido contra una menor, también violaron a una agente de la policía.
¿Qué pasa con las denuncias de desapariciones?
En relación con los eventuales casos de desapariciones forzadas se advierte que a la fecha no existen denuncias penales formales interpuestas por el delito de desaparición en el marco de las protestas y manifestaciones recientes.
No obstante, la fiscalía general de la nación y la Defensoría del Pueblo han creado 35 equipos para los mecanismos de búsqueda urgente establecidos para tutelar la libertad y la integridad personales y demás derechos y garantías que se consagran en favor de las personas que se presume han sido desaparecidas. Han aparecido más del 70% de las 89 supuestas desapariciones.
¿Qué le pregunta la comunidad colombiana en Guatemala sobre las protestas en su país?
La comunidad de colombianos en Guatemala es muy grande, muy importante. La mayoría me han expresado toda la solidaridad y el rechazo con el vandalismo que se ha dado en Colombia. Manifestaron hace ocho días en la Plaza Colombia y fui a darle en la cara. Había 25 personas
¿Y cuántos colombianos viven en Guatemala?
Yo creo que viven aquí más de cuatro mil colombianos.
Hay familias colomboguatemaltecas muy reconocidas ya. Tenemos en Guatemala más de 65 importantísimas empresas vinculadas de colombianos aquí en esta patria, y va a seguir subiendo la inversión, estamos trabajando en la inversión de doble vía. Estas relaciones son muy importantes, Colombia como Guatemala las valoramos inmensamente.
Entonces, los colombianos en Guatemala rechazan totalmente la violencia en Colombia.
¿Cuál es su llamado a la comunidad internacional?
Que miren a Colombia. Es un país al que le ha tocado sufrir mucho durante muchos años con ese conflicto armado con las Farc. Los grupos alzados en armas, terroristas. Esa es la verdad. Que sigue todavía por ahí rondando y rodando porque tienen muchos disidentes.
Que se solidaricen con Colombia porque hay que atender a dos millones de venezolanos, es un gesto humanitario de Colombia, nuestro deber moral. Son muy pocos los venezolanos que se han infiltrado y que les pagaban.
A Naciones Unidas les pido que vayan a Colombia a verificar lo que pasa allá. El presidente Iván Duque inmediatamente llegó a la Presidencia de la República llamó a Naciones Unidas para darle la garantía plena de que continuará esa comisión de verificación del proceso de paz que se había firmado.
