En esta normativa, promulgada en el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo mexicano, se incluye la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3de3.

Esta surgió a partir de una iniciativa ciudadana que llegó a acumular más de 600.000 firmas y que pedía que los funcionarios hicieran públicas su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, si bien su alcance quedó reducido tras su paso por el Legislativo.

El nuevo sistema “nació de los ciudadanos, será presidido por los ciudadanos y servirá a los ciudadanos” , con instituciones “fuertes y autónomas”  que perseguirán el “cáncer social”  que representa la corrupción, aseveró Peña Nieto.

El SNA estará integrado por siete instituciones: la ASF, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales  (INAI) , el Consejo de la Judicatura y el Comité Ciudadano.

Este último estará compuesto por cinco ciudadanos con experiencia en combate contra la corrupción y que serán elegidos por una Comisión de Selección y aprobados por el Senado. Asimismo, serán los encargados de presidir el Comité Coordinador del sistema.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, resaltó que el sistema no queda “completo”  por la modificación del artículo 29 de la Ley3de3, con la que los funcionarios no quedan obligados a presentar sus declaraciones si ello afecta “la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución” .

Zambrano, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática  (PRD) , opinó que no hubo “el eco legislativo suficiente deseado”  para que se incorporara este “reclamo ciudadano” , pero aún así, dijo, el SNA es un primer paso “significativo en el combate contra la corrupción” .

Por su parte, el presidente del Senado, Roberto Gil, dijo que con la promulgación de estas leyes “se garantizan procesos ágiles y un fiscal con dientes, porque no comparte con nadie el colmillo del ejercicio de la acción penal” .

Ello para intentar paliar una situación en la que ha habido una “bajísima capacidad de respuesta del Estado”  contra la corrupción, y para reanudar un “pacto de confianza con los ciudadanos” , que reconcilie a la sociedad con los políticos.

El director de la organización Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, apuntó que es “indispensable”  que el sistema ayude a “derribar las barreras”  a las pequeñas y medianas empresas que “son extorsionadas cotidianamente por el crimen organizado y funcionarios deshonestos” , así como a las familias, muchas de ellas con salario mínimo, que tienen que gastar parte de su salario en sobornos.

Avanzó que, al igual que sucedió con la 3de3, las asociaciones civiles impulsarán una nueva agenda legislativa que incluirá, entre otras normas, “una nueva ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios, una nueva ley de obra pública”  y “una ley para ajustar el registro público de la propiedad” .