El sistema ya se aplicaba en algunos de los 32 estados de México, pero ahora, ocho años más tarde, la tranformación del sistema de justicia se aplica en todo ese país.

Antes de la reforma, los mexicanos sólo veían los juicios orales en las películas. Sin embargo, no habrá un jurado que emita un veredicto, sino que será el juez el encargado de tomar una decisión de culpabilidad o inocencia.

Para este cambio se realizaron varios simulacros y se capacitó a jueces, abogados, fiscales, policías y militares, quienes tendrán una participación importante dentro del nuevo sistema. La inversión del Gobierno desde el 2008 fue de 21 mil millones de pesos (unos mil117 millones de dólares).

Peña Nieto sostuvo que antiguo sistema, en el que víctimas y acusados casi nunca veían al juez y todo quedaba en expedientes, “mostró claros signos de agotamiento, de manera marcada ante el aumento de violencia e inseguridad que se registró en el país durante la primera década de este siglo”.

“Las voces de la ciudadanía nos mostraron que no podíamos superar los desafíos del siglo XXI con leyes, mecanismos y procedimientos del siglo pasado”, agregó.

El Gobierno sostiene que este nuevo sistema tiene por objetivo esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. De esta forma se previene que los casos queden sólo en papel y sin resolver.

Además, también busca reducir la sobrepoblación en las cárceles, que de acuerdo a informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tiene como principal causa el uso excesivo de la prisión preventiva. De acuerdo con datos oficiales, con este cambio, entre el 2008 y el 2016 70 mil personas evitaron sufrir prisión preventiva.

“Hagamos del nuevo sistema el emblema de un país comprometido con la legalidad y el Estado de derecho”, manifestó Peña Nieto.