La Asamblea Nacional -a la que el Tribunal Supremo de Juticia (TSJ) ha declarado en “desacato”- citó además a Maduro el próximo martes “para que se someta al escrutinio del pueblo”.

El juicio político no está estipulado en la Constitución venezolana, aunque sí la figura de abandono del cargo, que según juristas se tipifica cuando el jefe de Estado deja de cumplir las funciones para las que fue elegido.

Las decisiones del Legislativo forman parte de una ofensiva anunciada el domingo pasado por la mayoría opositora contra el presidente socialista, al que acusan de haber propiciado la ruptura del hilo constitucional.

Esto, a raíz de la decisión del poder electoral de suspender, la semana pasada, el proceso para un referendo revocatorio contra Maduro impulsado por la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

El TSJ considera que las decisiones del Parlamento carecen de validez legal por hallarse en “desacato”, tras juramentar a tres diputados cuya elección suspendió la justicia en el marco de una demanda de fraude interpuesta por el chavismo

Sin diálogo

En la víspera, los opositores rechazaron el inicio de un diálogo con el Gobierno que propuso el Vaticano.

“En Venezuela no se ha iniciado ningún diálogo, la agenda de la MUD sigue intacta”, reiteró el excandidato presidencial Henrique Capriles, al llamar a este martes a la protesta del miércoles y a estar “pendientes” de la “histórica” sesión parlamentaria.

Dirigentes de los tres principales partidos de la MUD, como Capriles, el jefe parlamentario Henry Ramos Allup, la esposa del encarcelado Leopoldo López, Lilian Tintori, entre otros, negaron la noche del lunes el inicio de un diálogo, que poco antes había anunciado el enviado del Vaticano, Emil Paul Tscherrig.

“Si unos quieren ir y otros no, es un fracaso. Tenemos que lograr que la (Mesa de la) Unidad entera tome la decisión y con mucha determinación sigamos presionado por todas la vías y logremos lo más importante: tener un proceso de votación para cambiar este país”, declaró Julio Borges, jefe de la bancada de la MUD.

Enterados por TV

Por primera vez desde 2014, delegados del gobierno y el secretario de la MUD, Jesús Torrealba, se reunieron el lunes y definieron “temas, metodología y cronograma” para instalar la mesa de diálogo el domingo en la isla Margarita (norte), según Tscherrig, nuncio apostólico en Argentina.

“El venezolano ha dejado de confiar en la palabra diálogo porque el gobierno se ha encargado de vaciarla en significado”, comentó escuetamente Torrealba, sin explicar las desaveniencias en la MUD.
Sin mencionar a Torrealba, Capriles y el resto de líderes de la MUD aseguraron haberse enterado por televisión de la reunión en Margarita.

El anuncio de Tscherrig se dio casi simultáneamente al momento en que, de regreso de una gira por Oriente Medio, Maduro se reunió en Roma con el papa Francisco, a quien agradeció el apoyo para la instalación de “una mesa de diálogo”.

“El diálogo aún no ha iniciado porque no hay condiciones (…) Vamos a debatir el juicio político, podemos estar a las puertas de la destitución del presidente”, insistió el diputado opositor Luis Florido.

Expuestos los desacuerdos, la MUD emitió un comunicado en el que reiteró que los objetivos del diálogo son el “derecho al voto, la libertad de los presos políticos, la atención a la crisis humanitaria y el respeto a la autonomía de poderes”, al tiempo que señaló que las pláticas deben ser en Caracas, de cara a la opinión pública.

El dirigente chavista, Jorge Rodríguez, quien participa en las gestiones del diálogo, precisó por su parte la agenda del oficialismo: que la oposición deje el camino del “golpismo”, la atención de la crisis económica y el respeto a los poderes públicos, al referirse al poder electoral y la justicia, a los que la MUD acusa de aliados del gobierno.

“Ni que el Papa venga disfrazado de Superman, se va a resolver el diálogo en el país (…) Un diálogo que no resuelva la crisis, es una burla para los venezolanos”, opinó el politólogo socialista Nícmer Evans.

La suspensión del referendo caldeó aún más el ambiente político en un país que sufre una severa crisis económica, con grave escasez y una inflación que el FMI calcula en 475% para este año.

Responsabilidad política

El Parlamento declaró el domingo en una sesión especial la “ruptura del orden constitucional” en Venezuela, al considerar que la paralización del referendo consumó un “golpe de Estado”, por lo que este martes evaluará la “responsabilidad” de Maduro en la crisis.
“Eso nunca ha pasado, puede tener implicaciones de un juicio penal, de pedir el antejuicio de Nicolás Maduro y de abrir un proceso paralelo”, afirmó Borges.

Diosdado Cabello, número dos del chavismo, minimizó este martes las acciones de la MUD, al señalar que el “juicio político” no está contemplado en la Constitución y que, además, el Parlamento está declarado en desacato por la justicia y sus decisiones consideradas nulas.

Pero el jurista Jesús María Casal, consultor jurídico de la Asamblea Nacional, aseguró que en la Constitución existe la figura de la “responsabilidad política” de los altos funcionarios.

El constitucionalista José Ignacio Hernández, señaló a la AFP que expresamente un juicio político no está contemplado en la Constitución, pero implica una sanción política y moral.

Maduro, cuya impopularidad llega a 76,5% según la firma Datanálisis, se apresta a encabezar este martes una manifestación de sus partidarios en Caracas.