Si la Corte Suprema dictamina que Donald Trump es inmune a ser acusado por delitos derivados de las acciones oficiales que realizó como presidente, sería una decisión trascendental para el futuro del poder ejecutivo y la democracia al estilo estadounidense.

Pero no es nada seguro que ese fallo desestime el caso de subversión electoral en contra del expresidente. De hecho, existe la posibilidad de que el tribunal dicte tal resolución sin alterar los cargos ni el conjunto de pruebas que el fiscal especial, Jack Smith, quiere presentar ante un jurado.

Trump se enfrenta a cuatro cargos penales por sus gestiones para revertir su derrota en las elecciones de 2020, pero ninguno se centra exclusivamente en la conducta que Trump llevó a cabo en su calidad de presidente. Más bien, la acusación cuenta una historia que mezcla tanto actos oficiales como privados, es decir, acciones que Trump llevó a cabo en su papel de candidato al cargo. A continuación, declara que cada cargo se deriva de todo el conjunto.

Algunas de las acusaciones son que Trump difundió afirmaciones falsas de fraude electoral, conspiró para reclutar listas falsas de electores en estados pendulares, presionó al vicepresidente Mike Pence para que utilizara su existencia para bloquear la certificación del Congreso de la victoria de Joe Biden en el Colegio Electoral e instó a los legisladores a utilizar el ataque al Capitolio por parte de sus partidarios para retrasar cualquier votación.

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Hasta ahora, ningún tribunal ha decidido cuáles de las acciones de Trump se consideran conducta presidencial oficial y cuales actividades privadas y no oficiales de la campaña. Pero, hace una semana, durante los argumentos orales ante la Corte Suprema, la jueza Amy Coney Barrett dejó entrever la posibilidad de que Smith pudiera “simplemente proceder con las conductas consideradas actividad privada y dejar de lado la conducta oficial”.

Sin embargo, un aspecto crucial es que un abogado de Smith, Michael R. Dreeben, dijo que incluso si el tribunal descartaba basar los cargos en las acciones oficiales de Trump, los fiscales creían que aún podían presentar legalmente pruebas sobre la conducta oficial como contexto relevante que ayudaría a los jurados a comprender los actos privados de Trump.

“Estamos ante una asociación delictuosa integrada conformada por distintos elementos”, afirmó Dreeben. Trump, agregó, usó sus facultades oficiales para tratar de lograr que sus iniciativas privadas para revertir los resultados de las elecciones tuvieran éxito y el jurado tendrá que ver todo el panorama para entender la secuencia, por qué se produjo cada paso y la gravedad de la conducta.

Dreeben agregó que los hechos de los actos oficiales de Trump son relevantes para interpretar su “conocimiento e intención” sobre su conducta privada.

Un abogado de Trump, D. John Sauer, instó al tribunal a adoptar una solución muy diferente. No solo debería considerar que Trump goza de inmunidad por sus actos oficiales, sino que debería omitirlos del caso. Aun así, reconoció que Trump podría ser acusado por acciones privadas mientras era presidente.

“La cuestión oficial tiene que eliminarse por completo de la acusación antes de que el caso pueda avanzar”, declaró Sauer.

Pero en lugar de eliminar la mención de actos oficiales del caso, dijo Dreeben, el juez debería simplemente instruir a los miembros del jurado que pueden considerar la información sobre las acciones oficiales de Trump solo como una referencia. Se añadirían a la comprensión del jurado sobre el conocimiento y las intenciones de Trump con respecto a sus acciones privadas, pero no estarían sujetas a culpabilidad penal, dijo Dreeben.

Dreeben hizo una analogía con la libertad de expresión que se establece en la Primera Enmienda, pero que también es una prueba relevante en un caso penal. No se puede acusar a una persona de un delito por la libertad de expresión que está protegida, pero las declaraciones que un acusado hizo pueden presentarse como evidencia para esclarecer un motivo.

Samuel Buell, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Duke, dijo que era “bastante habitual” que se admita información como prueba pertinente aun cuando no sea sobre una acción que pueda ser objeto de una acusación penal. Agregó que es todavía más frecuente en los casos de conductas que se prolongan en el tiempo y que implican la coordinación de varias personas.

El intento de reclutar listas falsas de electores puede ilustrar mejor cómo podrían desarrollarse las visiones contrapuestas de una solución en caso de que el tribunal dictamine que Trump no puede ser acusado por sus acciones oficiales.

Según la acusación, Trump trabajó con un abogado privado para supervisar el reclutamiento de los electores y luego presionó a Pence para que mencionara su existencia como motivo para bloquear la certificación de la victoria electoral de Biden.

Si ese empeño de reclutar falsos electores se considerara un acto que Trump llevó a cabo en su capacidad privada como candidato a un cargo, se podría, por supuesto, informar de ello al jurado. Pero según la visión de Sauer, los fiscales no podrían plantear el posterior intento de Trump de convencer a Pence.

Según Dreeben, los fiscales podrían hacerlo porque es relevante para entender el motivo de Trump para conseguir a electores en primer lugar. En este caso, el juicio sería más o menos el mismo, independientemente de la decisión del tribunal.

En caso de que los jueces reduzcan el tipo de acciones que pueden ser la base de los cargos contra Trump, se plantearía la cuestión de qué conductas en la acusación cuentan como oficiales y cuáles como privadas. No sería sorprendente que los tribunales acabaran considerando oficiales sus interacciones con subordinados del poder ejecutivo como Pence y funcionarios del Departamento de Justicia, y privadas sus gestiones con abogados y ayudantes de campaña.

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Sea cual sea el fallo del tribunal, su decisión de aceptar el caso de inmunidad ya ha ayudado a Trump al retrasar un juicio que estaba previsto para marzo. Trump lleva mucho tiempo aplicando la estrategia de dejar transcurrir el tiempo en sus problemas judiciales, y si puede aplazar el juicio hasta después de las elecciones y volver a ser presidente, podría archivar el caso con facilidad.

Si la Corte Suprema decide que los actos oficiales de Trump gozan de inmunidad, lo más probable es que el litigio vuelva a manos de la jueza Tanya Chutkan, que deberá distinguir qué presuntos actos de la acusación se consideran oficiales y cuáles privados.