Calheiros calificó de “extemporánea”  la decisión de Maranhao y dijo que había sido adoptada “cuando el Senado ya discute el asunto desde hace varias semanas”.

Detalló que “ya hubo lectura de informes sobre el caso, se eligió una comisión especial”  que analizó la base jurídica de los cargos y “hubo 10 sesiones que consumieron casi 70 horas de trabajo”  en las que se escuchó a la defensa y a la parte acusadora.

“Esta decisión ahora, es totalmente intempestiva”  y “no puede ser aceptada”, ya que “no se puede aceptar que se juegue de ese modo con la democracia”  o que se “avale un atraso del proceso”  contra Rousseff, declaró Calheiros.

También señaló que “no cabe al presidente del Senado decidir si el proceso es justo o injusto”, ya que eso lo hará “el propio pleno, el conjunto de los senadores, tal como lo ha decidido el Supremo Tribunal Federal”.

Según Calheiros, “ninguna decisión monocrática”, como la adoptada por Maranhao, puede imponerse al “colegiado”  de la Cámara baja, que por 357 votos de los 513 posibles decidió el pasado 17 de abril que el juicio contra Rousseff tiene base jurídica y, de esa manera, debe continuar en el Senado.

El presidente interino de la Cámara de Diputados de Brasil, Waldir Maranhao, anuló el lunes el trámite que ha dado lugar al proceso que le puede costar el mandato a la presidenta Dilma Rousseff, confirmaron fuentes parlamentarias.

La decisión de Maranhao, cuyas consecuencias jurídicas todavía no están claras, fue adoptada en momentos en que el Senado se apresta para una votación que puede separar a Rousseff del poder durante al menos seis meses y se apoya en supuestas irregularidades observadas en el trámite seguido en la Cámara baja.

Maranhao, quien asumió la presidencia de la Cámara de Diputados la semana pasada, en lugar de Eduardo Cunha, quien fue suspendido del cargo por la Corte Suprema, aceptó una demanda presentada por la Abogacía General del Estado.

Ese organismo, que defiende a Rousseff en el proceso, denunció “vicios que declaran nula de pleno derecho”  la sesión del pasado 17 de abril en la que 367 de los 513 diputados aceptaron las denuncias contra la mandataria y dieron lugar al trámite.

Maranhao, en una nota divulgada el lunes, explicó que uno de esos vicios consistió en que los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados orientaron el voto de sus diputados, lo que no podría haber ocurrido en una decisión de esa naturaleza.

“No podrían los partidos políticos orientar una cuestión para que sus parlamentarios votaran de un modo u otro, toda vez que debían hacerlo de acuerdo a sus convicciones personales y libremente” , explicó Maranhao.

El Gobierno y la propia Abogacía General del Estado han alegado que el proceso para la posible destitución de Rousseff comenzó por una supuesta “venganza”  de Cunha, un declarado adversario de la mandataria implicado en las corruptelas en la estatal Petrobras.

Por su supuesta responsabilidad en ese escándalo, la Corte Suprema suspendió la semana pasada el mandato de Cunha y su lugar fue asumido por Maranhao.

La decisión del presidente interino de la Cámara baja, la primera que adopta desde que reemplazó a Cunha el pasado viernes, ha dejado en el limbo la votación que debe celebrar el Senado esta semana para decidir si se abre un juicio con miras a la destitución de Rousseff.

Si el pleno del Senado, por mayoría simple entre sus 81 miembros, se inclinara por la apertura del proceso, Rousseff sería separada del cargo durante los 180 días que pudiera durar el juicio y durante ese período sería reemplazada por el vicepresidente Michel Temer.

El vicepresidente, también enemistado con Rousseff, completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019 en caso de que el Senado destituyera a la mandataria, lo cual dependerá de las consecuencias que pueda tener la decisión anunciada hoy por Maranhao.

El ABC del impeachment de Rousseff

La presidenta brasileña Dilma Rousseff será probablemente suspendida de su cargo esta semana por el Senado, mientras se le inicia un juicio de destitución que llevará la crisis política a un clímax.
Aunque Rousseff enfrenta el posible final de su carrera política, los problemas de Brasil parecen lejos de acabarse. Ésta es una breve explicación de cómo el mayor país de Latinoamérica se metió en este lío y lo que podría suceder en las próximas semanas.

¿De qué está acusada Rousseff?

El procedimiento de impeachment contra la primera presidenta de Brasil, de 68 años, se basa en acusaciones de que pidió préstamos a bancos estatales para ocultar déficit presupuestarios en 2014 y 2015.

Rousseff afirma que es víctima de un “golpe parlamentario”, que la falta no amerita su destitución y que esta estrategia contable fue utilizada anteriormente por varios gobiernos que hoy están en la oposición.

Pero en los hechos el apoyo al impeachment es alimentado por una fuerte desilusión de los brasileños en medio de una profunda recesión económica y revelaciones de una gigantesca red de corrupción liderada sobre todo por políticos del partido en el gobierno, sus aliados y grandes empresarios que se pusieron de acuerdo para robar a la estatal Petrobras.

Enormes protestas callejeras celebradas el año pasado dejaron claro la insatisfacción popular.

Y finalmente, la ruptura de la frágil coalición del gobernante Partido de los Trabajadores con el partido de centroderecha PMDB del vicepresidente Michel Temer dejó a Rousseff aislada. La Cámara de Diputados recomendó el 17 de abril por holgada mayoría el inicio de un juicio político contra Rousseff en el Senado.
 

¿Qué sucede en el Senado?

Una comisión especial del Senado también recomendó el viernes pasado que Rousseff sea sometida a un juicio político.

Los 81 miembros del Senado comenzarán a votar este miércoles sobre esa recomendación, un proceso que puede alargarse hasta el jueves o más.

Solo es necesaria una mayoría simple para aprobar el inicio del juicio político y suspender a Rousseff del cargo, y una mayoría de analistas coinciden en que el campo pro-impeachment será mayoritario.

Eso implicará la suspensión de Rousseff por un máximo de 180 días, mientras dura su juicio, y la asunción como presidente interino del vicepresidente Michel Temer, un exaliado de la mandataria que se ha convertido en su principal enemigo.

Rousseff deberá dejar su despacho en el palacio de Planalto, pero podrá quedarse en la residencia presidencial, el Palacio da Alvorada. Posiblemente su salario sea reducido a la mitad, como indica la Constitución.

Temer ya discute públicamente quiénes serán sus nuevos ministros.

El juicio político a la presidenta puede llevar meses, y terminar con su destitución, para lo cual se requieren los votos de dos tercios de los senadores (54).
Si Rousseff es destituida, Temer asumirá la presidencia hasta el final de su mandato y la celebración de nuevas elecciones en 2018.

Los analistas están menos seguros del desenlace de la votación final, que quizás tenga lugar en setiembre, pero la mayoría cree que Rousseff no volverá a la presidencia.

¿Resolverá todo la salida de Rousseff?

La respuesta corta es “no”.

Una impopular presidenta ya no estará en el poder. Pero muy pocos brasileños ven a Temer como un salvador. Un sondeo de la encuestadora Datafolha de abril mostró que solo 2% de la población votaría por él en una elección presidencial.

Temer, un abogado constitucionalista de 75 años, de bajo perfil y fama de astuto negociador político en las sombras, puede enfrentar una feroz oposición de la izquierda y muchos de los problemas que acosaron a Rousseff, especialmente una economía en zozobra, demasiado dependiente de un precio elevado del petróleo, el mineral de hierro y otras materias primas.

Y aún no se ha echado la cortina final sobre el megaescándalo de corrupción en Petrobras.

Los fiscales investigan a toda la élite política, desde Rousseff hasta el jefe opositor Aecio Neves, del PSDB, que perdió el balotaje de 2014 contra Rousseff por apenas 3% de los votos. Temer ha sido mencionado como un participante en la trama por delatores, pero la fiscalía no ha solicitado investigarlo.

Increíblemente, Temer puede ser impedido de presentarse a un cargo electivo durante ocho años porque fue declarado culpable de violar reglas del financiamiento de campañas. Pero esa prohibición no le impediría asumir la presidencia de manera interina.