El juez federal Andrew Hanen acató el pedido de 26 gobernadores y bloqueó la aplicación de decretos migratorios anunciados en noviembre último por el presidente Barack Obama, aunque la Casa Blanca dijo que apelará esa decisión mañana.
El juez dictaminó la suspensión temporal de dos programas del plan ejecutivo del presidente Obama.
El primero, que comenzaría el 18 de febrero, consiste en la ampliación de un programa ejecutivo del 2012, conocido como Acción Diferida (Daca, en inglés) y que ya ha evitado la deportación de más de medio millón de jóvenes a los que se conoce como dreamers —soñadores—.
Además de la ampliación de Daca, el fallo del juez Hanen también afecta al programa Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (Dapa, en inglés), cuyo comienzo estaba programado para mayo y que busca amparar a los padres de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.
Un análisis del Instituto de Política Migratoria (MPI, en inglés) cifra en 5.2 millones el número de beneficiados: 3.7 millones elegibles para Dapa y 1.2 millones para Daca, de los que 300 mil serían nuevos candidatos tras la ampliación del programa.
A partir de ahora se abre una batalla a la que se unen los indocumentados y activistas de derechos humanos, quienes aseguran que Obama tomó las medidas correctas para regularizar a casi cinco millones de inmigrantes, pero los republicanos y el juez Hanen aseguran que violó la Constitución estadounidense.
Apoyo y críticas
La Casa Blanca está decidida a plantar batalla legal a la decisión del juez en Texas, por lo que a partir de mañana apelará el fallo. El apoyo y las críticas al bloqueo de Hanen abundan y se han dividido entre las opiniones favorables de los republicanos y las esperanzas de revocar el fallo de los demócratas, y las organizaciones hispanas.
La organización American Center for Law & Justice (ACLJ), que representa a 68 congresistas, entre ellos a los senadores republicanos por Texas Ted Cruz y John Cornyn, clamó “victoria” tras conocerse el fallo.
“Esta decisión representa una importante victoria contra los excesos anticonstitucionales del presidente Obama”, aseguró el ACLJ.
Mostrando la sintonía de los republicanos en el Congreso en este asunto, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo que el revés para la Casa Blanca demuestra que Obama “no tiene la autoridad para realizar este tipo de acciones”.
McConnell pidió a los senadores demócratas que dejen de obstaculizar la propuesta republicana de incluir enmiendas para acabar con las acciones diferidas de Obama, un desacuerdo que podría llevar este mes a un cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional, por falta de fondos.
Hay precedentes
La congresista demócrata por California Linda Sánchez, presidenta del caucus hispano del Congreso, aseguró que hay precedentes en el uso del poder ejecutivo en asuntos migratorios, tal y como hizo en su momento el presidente republicano Ronald Reagan.
Brent Wilkes, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac), aseguró que la postura adoptada por los republicanos ignora que la necesidad de que Obama recurriera a una acción ejecutiva se dio por la oposición de congresistas conservadores a la reforma migratoria consensuada entre senadores de ambos partidos.
“Confiamos en que las acciones del presidente serán encontradas constitucionales por un tribunal y se dará luz verde a su implementación. Mientras tanto, Lulac asistirá a las familias que se preparan para el proceso de solicitud”, explicó Wilkes.
Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de la Raza, confía en que un tribunal revoque finalmente la decisión del juez tejano y “reafirme la legitimidad de ese alivio administrativo, poniéndose de lado de los incontables juristas que indicaron que el presidente estaba actuando dentro de autoridad”.
Respecto de cuánto tiempo tendrán que esperar los millones de potenciales candidatos a beneficiarse de las medidas anunciadas por Obama en noviembre, la Casa Blanca rehusó fijar plazos e insistió en la intención de “avanzar tan rápido como sea posible” para implementarlas, ya que son “claramente” legales.
El recurso anunciado por el Gobierno debe dirigirse a la corte federal de Apelaciones del Quinto Circuito, situada en Nueva Orleáns y considerada una de las más conservadoras del país.
