Asimismo, la Corte estableció que el Congreso puede ejercer el control parlamentario sobre el Ejecutivo, pero “no sobre el resto de los Poderes Públicos (Judicial, Ciudadano y Electoral)” .
La sentencia fue difundida a pocas horas que la Asamblea Nacional sometiera a discusión el informe de una comisión especial que concluyó que se cometieron violaciones a las leyes en el proceso que siguió el anterior congreso, días antes de la culminación de su período, para nombrar 13 magistrados principales y 21 suplentes del máximo tribunal.
El oficialismo rechazó de antemano las acciones de la oposición alegando que el legislativo no tiene potestad legal para investigar o destituir a los magistrados, lo que hace prever que habrá un nuevo enfrentamiento entre los bandos que podría llegar al Tribunal Supremo, señalado de estar controlado por el gobierno.
“No hay ninguna duda de que el acto administrativo hecho para elegir el 23 de diciembre a los 13 magistrados y 21 suplentes está viciado” , dijo a The Associated Pres el diputado opositor Carlos Berrizbeitia, presidente de la comisión especial que investigó el proceso.
Afirmó que se incumplieron los lapsos legales para los nombramientos y se vulneró la normativa que prohíbe a los jueces tener filiaciones políticas.
Berrizbeitia indicó que la comisión especial obtuvo pruebas que demuestran que algunos de los magistrados que salieron de sus cargos en el 2015 fueron “extorsionados para que adelantaran sus jubilaciones” y permitir así a la anterior Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, nombrar nuevos jueces.
La exmagistrada Carmen Porras fue una de las funcionarias que objetó su jubilación adelantada, según señaló una misiva que difundió el martes el diario local El Nacional.
Las autoridades no han emitido hasta el momento comentarios sobre el caso.
Ante las irregularidades, el presidente de la comisión especial planteó que el legislativo puede revocar el acto administrativo de selección de los magistrados y abrir un nuevo proceso, pero sostuvo que la decisión final sobre ese tema la deberá tomar el Congreso.
En los casi dos meses de actividades del nuevo legislativo la mayoría opositora se enfrentó al Tribunal Supremo de Justicia por la suspensión de tres diputados del estado sureño de Amazonas y un decreto de emergencia económica que aprobó el presidente Nicolás Maduro.
En los dos enfrentamientos el máximo tribunal logró imponer sus decisiones a la Asamblea Nacional.
