“Ellos van a tomar represalias en contra de nuestros hijos, por lo que responsabilizamos de cualquier cosa que les llegue a pasar a los ministros de Educación y de Gobernación”, dijo Eva López, madre de familia de una estudiante del Inca.
La ministra de Educación, Cynthia del Águila, se limitó a decir que el MP “tiene que hacer esto de oficio y que la medida se inició desde el lunes” recién pasado, después de que se registraron hechos violentos en el Parque de la Industria.
Reacciones
Aunque juristas consultados coinciden en que el MP tiene la facultad legal para actuar de esta forma, Marvin Rabanales, abogado y consultor en derechos humanos, indicó que pese a que no hay ninguna prohibición para investigar a menores de 18 años, las penas y sanciones que se aplican son distintas.
Abner Paredes, del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), añadió que el requerimiento del MP viola derechos fundamentales de los normalistas.
“Se viola el derecho de presunción de inocencia porque a todos los señala como delincuentes. Por otro lado, hay una serie de derechos que se violentarían, principalmente, sobre la convención de derechos del niño y su privacidad”, subrayó.
Paredes aseguró que la investigación “es una actitud prepotente y represiva por parte del Gobierno, y más preocupante es que no solo es en contra de los estudiantes, sino una estigmatización a todos los sectores sociales”, porque “genera temor para participar en manifestaciones”.
Rolando Yoc, jefe de la Unidad de Resolución de Conflictos de la Procuraduría de Derechos Humanos, explicó que la petición genera zozobra entre los jóvenes y pone en peligro el proceso de diálogo.
De acuerdo con Yoc, “el Ministerio de Educación (Mineduc) debería, aunque no es el que solicita la pesquisa, requerir al MP ser más prudentes porque se investiga a menores de edad, quienes gozan de un procedimiento específico”.
El MP asegura, por medio de su Departamento de Prensa, que esa solicitud es parte fundamental para efectuar las pesquisas. “La intención en este caso es reunir toda la información que ayude y contribuya a llevar una investigación objetiva”, señala.
Tercera audiencia
Durante el tercer día de audiencia pública, celebrada ayer en el Congreso, 20 institutos normales manifestaron su rechazo a la propuesta y cuatro confirmaron su apoyo al cambio de currículo, que también amplía a cinco los años de estudio.
Fueron citados representantes estudiantiles de Petén, Chiquimula, Sololá, Izabal y Quetzaltenango.
Las posturas contrarias a la medida oficial se basaron en las carencias económicas para mantener cinco años de estudios en los jóvenes, así como problemas de infraestructura.
Ilario Escobar, representante del Instituto Bilingüe Intercultural de San Juan Ostuncalco, Sololá, dijo que el rechazo obedece a que hasta ahora el Mineduc no los ha ayudado.
“Hemos construido la escuela con nuestro dinero, pero ahora el Mineduc no se da cuenta y piensa que la escuela funciona sola”, agregó.