¿Cuál es la situación que vive el transporte urbano de pasajeros ahora?

Guerra: Alarmante. Llegamos a extremos de violencia insospechados y el Estado ha sido incapaz de garantizar eso que la Constitución obliga:  el derecho a la vida y la integridad física.

Hablamos de datos dramáticos que han venido creciendo en los últimos ocho años por  el negocio de la extorsión, que se ha convertido en algo sin precedentes en Guatemala. En Latinoamérica no hay precedente relacionado al transporte tan dramático como en Guatemala.

¿Qué ha generado la escalada tan alarmante?

Guerra: El dinero, obviamente. Las cantidades han ido creciendo. Históricamente se ha visto que inicialmente se extorsionaba al propietario de autobuses y luego se trasladó hacia los pilotos.

A su vez, esa necesidad ha sido trasladada a los usuarios, que han pagado de manera directa e indirecta con el aumento a la tarifa, que en teoría es un quetzal, pero en la realidad hay una presión de los pilotos por hacerse de recursos para poder pagar parte de la extorsión que les toca, que en ocasiones es de Q250, Q400 o Q500 por autobús, a veces por semana. Varía de acuerdo a extorsionistas.

¿Cuál es el efecto de las extorsiones que no se ve, más allá de las muertes de pilotos y usuarios y las cantidades que pagan?

Folgar: El daño en el usuario. Me subo o no me subo al autobús, es una zozobra diaria.  Esto trae otras consecuencias, como la falta de personal para trabajar. Obviamente, ningún piloto quiere trabajar sabiendo que a la cuadra un desquiciado le va a meter un balazo  o le va a segar la vida.

Cuando es asesinado un piloto, queda  una familia en la orfandad. Esto contribuye a que prolifere la delincuencia, porque niños crecen en hogares disfuncionales, porque la esposa debe contribuir al sustento diario. Yo creo que el enfoque habría que verlo en cómo se inicia la extorsión y cómo se puede evitar.

¿Y cómo cree que se puede evitar?

Folgar: Hay una plataforma sistema prepago, que es estatal. Fue comprada con  los Q380 millones que el Gobierno entrega a la Asociación de Empresas de Transporte Urbano para implementar el sistema prepago en tres mil 150 buses del Transurbano.

Pero  solo hay 450 unidades de los buses azules por la sobrevaloración que se hizo.  Queda la plataforma prepago porque dejan un remanente de los millones. Entonces estamos exigiendo que se provea esa plataforma para implementarlo a los buses rojos.   Así evitaríamos la muerte de muchos pilotos y  de mucha gente inocente, porque esa plataforma no permite el manejo de efectivo.

Guerra: El uso de tecnología es urgente. Traería beneficios incluso en el tema del adulto mayor, que algunos pilotos no aceptan  porque no han pagado subsidio, no reciben, y es más, maltratan a los adultos mayores, y eso que la Ley de las Personas de la Tercera Edad garantiza el uso del transporte gratuito.

¿Cómo perciben las medidas y planes del Gobierno para proteger a pilotos y usuarios?

Folgar: Mensualmente se eroga una cantidad de Q8 millones dentro del subsidio al transporte urbano. En los convenios se acordó contratar a dos mil agentes de seguridad privada.

Desgraciadamente nunca se han contratado todos los agentes. Se han hecho mediciones y la semana que más ha habido son 400 agentes en todos estos años.

Se están perdiendo Q6 millones allí y no hay nadie que dé razón y cuenta de eso. Si se hace medición en los buses rojos, hay cero presencia de policía privada, cero de Policía Nacional —Civil—. Si hace medición en los buses del Transurbano, a lo mejor hay cien policías.    

¿Cuáles son los peligros para los usuarios?

Guerra: Según estadísticas, se superan los cien asaltos diarios en el transporte público y algunos terminan con secuestro de los buses y violaciones. Hay carencia de investigación y de sentencias. Hay psicosis hasta por quién va sentado a la par. El Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público deben actuar de oficio, no solo por denuncias.

Hay información porque algunos usuarios dan características y formas de operar de los asaltantes, pero al final no hay voluntad verdadera de nivel operativo.

Por la falta de actuar van  80 pasajeros muertos, según las estadísticas, por balas perdidas en ataques a pilotos y otra por oponerse a ser asaltado en autobuses.

Hay casos extremos donde no han fallecido los usuarios por balas, sino se lanzan del autobús, pensando que así van a resguardar su vida y termina en  tragedia.

¿Cómo está el  subregistro de denuncias?

Guerra: Es gravísimo. La gente no denuncia por la falta de credibilidad en la institucionalidad del Estado. Hemos visto a agentes de Policía Nacional Civil que están envueltos en asaltos.

Algunos forman parte de grupos delincuenciales y  ese tipo de desgaste y la Oficina de Responsabilidad Profesional tiene la responsabilidad de ver qué agentes no funcionan o no sirven.  

¿Los empresarios tienen confianza en denunciar las extorsiones?

Folgar: No hay confianza. El año pasado, 26 de julio, fue asesinado nuestro presidente, Amílcar Cruz, en condiciones que no se han esclarecido, y persiste la impunidad.  Amílcar Cruz había denunciado a la Unidad de Extorsiones de lo que estábamos siendo víctimas.

¿De cuántos casos de pilotos asesinados  saben si se han resuelto?

Folgar: Nosotros tenemos conocimiento de que de cien asesinatos, tal vez en 3 por ciento se ha llegado a esclarecer el móvil y capturar al autor material e intelectual.

Incluso  en el asesinato de Amílcar se detuvo a dos jóvenes de 14 y 15 años, los que lo asesinaron, pero los dejaron en libertad y en proceso de investigación. Es muy poco el avance para saber de dónde viene el crimen.

Cada vez más ataques

En los últimos 33 meses han muerto 448 personas, entre usuarios y pilotos del transporte público.

En 2012, según datos de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), murieron  58 pilotos y 63 usuarios del transporte público, en hechos armados. Además resultaron heridos ocho pilotos y 95 usuarios.  

En 2013, el número de pilotos muertos ascendió a 78 y el de pasajeros llegó a 84. Además resultaron heridas 139 personas, entre pasajeros y conductores.

En nueve meses del 2014, es decir hasta el pasado 30 de septiembre, el número de pilotos muertos llegó a 80, y el de usuarios, a 85. La cantidad de heridos subió hasta 275.  Según estas cifras, en 33 meses han muerto 448 personas y 517 han resultado lesionadas.