“10. El sistema judicial del país, por su ineficacia provocada o deliberada, no garantizó el cumplimiento de la ley, tolerando y hasta propiciando la violencia. Por omisión o acción, el Poder Judicial contribuyó al agravamiento de los conflictos sociales en distintos momentos de la historia de Guatemala. La impunidad caló hasta el punto de apoderarse de la estructura misma del Estado, y se convirtió tanto en un medio como en un fin. Como medio, cobijó y protegió las actuaciones represivas del Estado, así como las de particulares afines a sus propósitos, mientras que, como fin, fue consecuencia de los métodos aplicados para reprimir y eliminar a los adversarios políticos y sociales”.

“49. El Estado procuró también estigmatizar y culpabilizar a las víctimas y las organizaciones sociales para transformarlas así en criminales en la imagen pública y por lo tanto en objetivos “legítimos” de la represión; lo pretendía al despojarlas de su dignidad como personas difundiendo a sangre y fuego la lección de que el ejercicio de los derechos cívicos podría ser castigado con la muerte…”.

Transcribimos las conclusiones 10 y parte de la 49 de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, justo al reanudar el proceso por genocidio. Estas conclusiones son claras y dudamos que alguien pueda señalar el argumento de moda del “sesgo ideológico”, porque izquierdas, derechas pero sobre todo ciudadanos indefensos fueron víctimas de lo atroz. De los horrores de la guerra hemos aprendido muy poco y en cuanto a la labor de la justicia existe un ingrediente extra: un claro esfuerzo por deslegitimarla como sea.

Se conoce como “Justicia Transicional” a los procesos judiciales que parten de un conflicto armado y que tienden a arribar a una sociedad en paz. Esta clase de procesos buscan entre varios objetivos tres aspectos fundamentales: garantizar el derecho de las víctimas a la verdad probada, justicia en la reparación del daño provocado, pero sobre todo garantizar que no se repitan los horrores vividos. Estos procesos siempre representan desafíos, y sobre todo para un país como Guatemala, donde su sistema de justicia tiene en su historia haber sido garante de impunidad.

El Genocidio es acá y en cualquier parte del planeta el peor delito que pueda cometerse. La decisión de si en Guatemala hubo acciones que se encuadran en el delito de genocidio no es un aspecto a decidirse en Tuiter, Facebook o encuestas de opinión, es un asunto serio y los jueces son quienes tienen la palabra, porque sí hay grandes diferencias entre una masacre o una serie de masacres a que se hayan ejecutado acciones que tipifiquen genocidio. Además, un proceso penal gira en función de la eventual responsabilidad de un procesado. Es así como en determinada área pudieron haber existido acciones genocidas, pero quien es acusado salir absuelto —la historia ya recoge un antecedente—.

El proceso de genocidio se lleva a cabo en un ambiente donde grupos poderosísimos han tomado la bandera de la deslegitimación de los esfuerzos judiciales en contra de la corrupción, tal como en sus declaraciones lo han señalado Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina, y ahora grupos que niegan los horrores causados durante el enfrentamiento armado toman ese estandarte para intentar confundir a una población, sobre todo la urbana y que no vivió el horror de la guerra, para deslegitimar el proceso judicial de mayor relevancia en nuestra historia republicana.

Guatemala como país debe estar a la altura del siglo 21 y será su sistema judicial, con sus imperfecciones y porosidades, quien deberá asumir, tal como lo hacen uruguayos, chilenos y argentinos, los horrores de su pasado para que estas nuevas generaciones construyan un mejor futuro.

@Alex_balsells