Un nuevo desafío afrontarán las autoridades el próximo miércoles porque, según un reciente comunicado de prensa, 20 ciudades del país podrían quedar paralizadas por manifestaciones del Comité de Defensa Campesina (Codeca), lo que sin duda actualizaría la confrontación entre los grupos indígenas y el resto no indígena, en un momento en que la debilidad institucional es más que evidente.

El Codeca plantea varias demandas en el aviso de esta protesta, como la renuncia del presidente Jimmy Morales, la nacionalización de la electricidad, el castigo a Energuate, el cese a lo que llaman “la criminalización de los defensores comunitarios de derechos humanos” y el castigo a los expresidentes Álvaro Arzú y Óscar Berger por la privatización de bienes públicos durante sus mandatos.

Así que el país deberá prepararse para un nuevo momento caótico como el vivido en mayo pasado, cuando la misma organización afectó el tránsito a escala nacional ante la aquiescencia de las autoridades del Ejecutivo, en ese entonces no tan debilitadas como ahora. La manifestación anunciada es una evidente prueba de fuerza y desafío a la autoridad para fortalecer algunas actividades muy cuestionables de este grupo, cuyo poder está en la confrontación y el reclamo de derechos que, como muchos otros exigidos bajo presión y usando como rehén a la población no activista, implica ventaja para unos y desventaja para otros.

El Codeca ha sido señalado en múltiples oportunidades de robar energía eléctrica en el interior del país, donde ha protestado violentamente en repetidas ocasiones contra empresas que incursionan en la provincia porque estos estarían afectando derechos de la población campesina. Varios de sus dirigentes fueron detenidos y llevados ante los tribunales, y no fueron procesados porque los juzgadores dispusieron dejarlos en libertad, decisión cuestionable pero legal. Sin embargo, no se conoce ninguna acción de sus dirigentes con beneficios para el país.

Lo obvio en las manifestaciones anunciadas es la búsqueda de protagonismo. Sabedores de que sus peticiones no son atendibles en el corto plazo, sus organizadores recurren a acciones de hecho, sin importarles el derecho del resto de ciudadanos. Vale preguntar si alguna autoridad tendrá el valor de defender los derechos de la mayoría ante la amenaza de paralizar el país hecha por un grupo con capacidad operativa pero que es una minoría agresora del sistema. Es claro que su agenda tiene puntos precisos que solo a ellos les favorecen, pero que para imponerlos invocan el interés de una mayoría silenciosa trabajadora que se verá afectada por el paro, aunque no está involucrada en hechos delictivos, como sí parecen estarlo los organizadores del robo de electricidad.

Hay mucha tela por cortar en este caso. Habría que analizar cuáles son las intenciones de este paro, así como las consecuencias si se hace realidad. Habrá que saber quién será el principal beneficiado en esta tormenta legal y política, porque evidentemente no será el país quien resulte ganador, porque ese día sufrirá la economía nacional, que no tiene ninguna vinculación con quienes son los cabecillas de ese desastre anunciado.