A FINES DE LOS AÑOS NOVENTA, Colombia se debatía entre la fuerte penetración del crimen organizado en el Estado y la lucha contra la guerrilla. Los narcos imponían autoridades locales, diputados y funcionarios públicos. Fue en ese contexto en que comenzó a gestarse el Plan Colombia, por el cual Estados Unidos lanzó un paracaídas a ese país, para evitar la profundización del narcoestado. Washington inyectó en cinco años más de US$4 mil 500 millones, cuyo objetivo era combatir el flujo de drogas hacia el Norte, la penetración del crimen organizado en el Estado e impulsar proyectos de desarrollo económico y social. El gobierno de Andrés Pastrana había solicitado ese apoyo como una especie de Plan Marshall, en referencia al programa gringo que permitió la reconstrucción de los devastados países europeos cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial.

AÑOS DESPUÉS, WASHINGTON comienza a percibir el peligro de que el crimen organizado se apodere de tres pequeños países: Guatemala, El Salvador y Honduras, y promueve una iniciativa parecida al Plan Colombia: la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica. Los componentes son similares: ayuda para el desarrollo, lucha contra las redes de crimen organizado infiltradas en el Estado y combate del narcotráfico, en el que la Cicig juega un papel fundamental contra la impunidad y se habla de la posibilidad de crear una instancia regional. El único inconveniente es que el presidente de una de estas parcelas, Otto Pérez Molina, quiere apoyo para el desarrollo pero rechaza a la instancia que lucha contra las estructuras incrustadas en el Estado.

¿POR QUÉ EL PRESIDENTE RECHAZA a la Cicig? La percepción de la mayoría de sectores es que el Estado guatemalteco, no solo la estructura gubernamental, se encuentra infiltrada por redes de corrupción, contrabando y narcotráfico. Estas mafias ya no solo son compañeras de negocios, sino que ahora mandan y deciden en el Estado. Por eso crece la certidumbre de que el mandatario tiene muchos intereses que proteger o encubrir para evitar que caigan esas redes, en las que muy probablemente estén involucrados sus familiares, altos funcionarios, financistas y amigos. Fuentes cercanas a la Embajada de EE. UU. han advertido de que Washington ya no confía en Pérez Molina, mucho menos en su vicepresidenta. Un aviso contundente llegó con el vicepresidente Joe Biden, quien pidió que Roxana Baldetti no estuviera presente durante su estancia en el país.

EN SU AFIEBRADA TRINCHERA, Pérez Molina cree que con decir no a la Cicig ya habría resguardado a esas redes de las miradas incómodas. Lo que no parece comprender el mandatario es que la comunidad internacional ya le tomó la medida a su terquedad y lo peor que le podría ocurrir es que se vaya la Cicig, porque sería la evidencia de que apaña estructuras paralelas dentro del Estado. Las señales han traspasado la mesura diplomática y se han convertido en mensajes claros, tan claros como que no habrá Plan para la Prosperidad si se va la Cicig. El siguiente paso podría llegar en forma de revocatoria de visas para viajar a EE. UU. La impunidad no paga.

@hshetemul