Me refiero hoy a dos problemas atinentes a la educación y a la cultura, en los que el Ejército está involucrado, por lo que un amplio sector civil se vería favorecido si fueran resueltos para beneficio de tal sector.

El consagrado artista Elmar René Rojas, en su carácter de presidente de la Asociación Nacional de Egresados Alamedinos, solicita al mandatario Portillo que, como parte de la reducción del Ejército y de la reestructuración de las bases militares del país, en concordancia con los acuerdos de paz y sus particulares y últimas declaraciones, sea trasladada la Zona Militar 302 de La Alameda, Chimaltenango, hacia otro sitio; devolviendo los terrenos y las instalaciones de esa base a la Escuela Normal Rural Pedro Molina, para uso exclusivo de programas y proyectos de educación, congruentes con la reforma educativa nacional.

El hecho es que, según Elmar René, ocurrió una ?irresponsable invasión en 1981 por parte de las fuerzas armadas a los terrenos e instalaciones de la Normal Rural Pedro Molina?, y por justas y valederas razones expuestas públicamente, ha llegado la hora, inexorable para la población civil, de que el Ejército enmiende la plana y recobre muchos de sus réditos perdidos.

Es incongruente para la época actual que, en aras de la comodidad de unos cuantos, se vulneren, incluso, los derechos humanos de grandes mayorías. Otro caso en el que aparece también la ?manu militari? tiene a Chiquimula como escenario, pues el Ejército, mediante un solo plumazo, se apoderó del predio situado frente al parque citadino, (en donde anteriormente se asentaba el edificio de la Gobernación).

Esto dio origen a un comité ad-hoc que desde hace varios años viene gestionando que el predio pase a depender de la municipalidad o del Ministerio de Cultura, para seguir con el proyecto de construir allí el Centro Cultural de Chiquimula.

Tremenda frustración sufren los chiquimultecos, pues el actual gobierno, por causas que se ignoran, paralizó toda actividad respectiva, no obstante que la administración panista invirtió Q250,000.00 en estudios de prefactibilidad, planos, y maqueta. (A propósito, hay algunas dudas sobre una supuesta sobrevaloración en lo invertido, por lo que la Constructora Cujantre, de esta capital, debiera ser auditada).

Se hizo notar que el Comité, presidido por Fito Cuevas, se disolvió a raíz de que el material pertinente fue entregado el año pasado al gobernador Roberto Sagastume, pues el funcionario prometió que el gobierno daría seguimiento a la obra. Sin embargo hasta hoy, todo se ha quedado en promesas, tal y como lo acostumbra esta administración.