Ante la renuncia de la vicepresidenta y la captura del Presidente de la República señalados de dirigir una red de defraudación aduanera y consiguiente enriquecimiento ilícito, el Ejecutivo, encabezado por Alejandro Maldonado Aguirre y Juan Alfonso Fuentes Soria, empieza tomando atinadas decisiones.

El pasado jueves 17 de septiembre juramentó como ministra de Cultura y Deportes a la connotada escritora Ana María Rodas, junto a otros funcionarios que concluirán el período 2012-2016 en enero próximo. Son ellos Rubén Alfonso Ramírez, en Educación; Oswaldo Enríquez, en Trabajo y Previsión Social; Andreas Lenhoff Temme, en Ambiente y Recursos Naturales; Marlon Josué Barahona Catalán, en la Secretaría General de la Presidencia, y Julio César Rivera Clavería, en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.

A lo largo de su fructífera carrera, la licenciada Rodas ha sido una especie de rey Midas; por donde ha pasado elevó su eficiencia a altas cotas de calidad, que como suele suceder, no ha sido superada. Más allá de su labor académica, producción literaria y enseñanza universitaria, basta recordar la primera época de la Revista Crónica, dirigida por Francisco Pérez de Antón, que junto a una pléyade de colaboradores produjeron la mejor revista del país; o su paso por el Diario de Centro América, que de ser el anodino vocero del Estado, en donde se publican acuerdos, nuevas leyes e información sobre subastas públicas, lo convirtió en un excelente medio de comunicación, con una revisa cultural de primer orden que, con el gobierno del PP, volvió a ser un poco menos de lo que había sido anteriormente; es decir, casi nada.

El período que los nuevos funcionarios ejercerán es muy corto como para rectificar el rumbo de la administración, pero suficiente para mostrar lo bien que es posible desempeñar un cargo público en beneficio de la función para la que cada institución fue creada y dejar de ser una especie de caja chica que beneficie los intereses espurios de la cúpula de gobierno, colaboradores y financistas.

La creación del Ministerio de Cultura y Deportes es resultado de la nueva constitución formulada luego del golpe de Estado de 1982, producto de la Asamblea Nacional Constituyente que la redactó; entró en vigencia en enero de 1986. Dentro del Capítulo II Derechos Sociales fue creada la Sección Segunda: Cultura, que contiene los artículos del 57 al 65 que definen lo que se entenderá por cultura y patrimonio cultural, su protección y conservación.

Por experiencia propia he estado presente en la lucha por la defensa de ese patrimonio. La Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, en su artículo 59, “… reconoce a las asociaciones civiles o juntas de vecinos, su calidad de vigilantes del Patrimonio Cultural de la Nación, las que tendrán legitimidad para denunciar ante las autoridades administrativas, de policía y judiciales los hechos y actos que atenten contra el Patrimonio Cultural de la Nación”. Por lo que desde esta columna ofrezco a la señora ministra mi apoyo y el de las asociaciones de vecinos de La Antigua Guatemala, para el éxito de su gestión.

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