Danilo López, de Prensa Libre, y Federico Salazar, de Radio Nuevo Mundo, fueron asesinados a plena luz del día en el Parque Central de Mazatenango. Todas las muertes deben repudiarse, pero hay actos como el ocurrido hace ocho días, que más que un cobarde asesinato, también quien contrató a los matones pretende dar un mensaje: “Acá hago lo que quiero, no me toquen, yo acá mando”.

Debemos aplaudirle a la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público lo rápido que lograron las capturas; sin embargo, los presuntos peones están tras las rejas, falta el alfil y el imbécil que se considera rey.

Danilo López se sentía amenazado y hasta en las redes sociales lo evidenció, gozó de protección, se le retiró y hoy el daño es irreparable. El dolor es inmenso y aún así la esposa es amenazada para “dejar todo como está”. Marchas se han hecho en la capital y en la provincia, hay miedo, pero también solidaridad.

Los hechos no pueden negarse, testigos señalan que uno de los matones se escondió en casa del propio alcalde mazateco. En esta columna no se puede acusar a nadie, pero ese relato es una clara línea de investigación para tomarse por las autoridades, y el propio alcalde debería ser el principal interesado por desvirtuar lo dicho. El funcionario optó por el silencio.

La muerte de Danilo López y Federico Salazar no son casos aislados. El narco, la corrupción, empresarios y finqueros inescrupulosos, sindicatos mafiosos y pseudoorganizaciones sociales han obligado a una autocensura para quienes se dedican al periodismo en los departamentos, basta recordar el Coatepeque de hace unos años para saber que la Prensa es un blanco de ataque por los gestores de la impunidad.

El tema es tan grave que no es un asunto focalizado en la Costa Sur. En las Verapaces, en el oriente y Petén se han registrado hechos; la ausencia del Estado y el caudillismo se imponen, a fuerza de sangre, sobre todo cuando se acercan las elecciones.

Lo sucedido en Mazatenango no solo se combate al juzgar ese crimen, o cambiamos este centralismo capitalino, bien probado por ineficaz, o las lágrimas no dejarán de caer.

De Guatemala tuvo que salir la magistrada Claudia Escobar por tener un pecado: denunciar la forma en que nuestro corrupto Congreso procedió en una elección crucial; dos juezas correctas están condenadas por la presidencia del Organismo Judicial a dejar las sedes de sus judicaturas para trasladarse lejos y así obligarlas a renunciar, mientras existen algunas auténticas y conocidas chorchas condenando inocentes con total impunidad; médicas denunciantes de la situación de abuso en San Marcos están amenazadas por alzar su voz.

Vivimos en un país donde hacer las cosas bien lleva riesgos, y si esto sigue así, de plano, hay dos opciones: aliarse con los sátrapas o emigrar. Por eso, el crimen cometido en Mazatenango es un crimen contra todos y no podemos callar la verdad.