El otro día un amigo me preguntó si estaba yo de acuerdo con que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) continuara por dos años más. Sin titubear respondí: ¡Claro que sí! Me preocupa que sin esta entidad internacional se interrumpirían las investigaciones que determinarían la relación entre funcionarios y estructuras paralelas de poder, que tratan de controlar el sistema de justicia por medio del poder económico o político. Estos grupos corruptos cometen delitos impunemente. Socavan las bases de nuestras instituciones dañando a la población chapina.

Me pregunto, sin la Cicig, ¿quién investigará el financiamiento a los partidos políticos? ¿Quién continuará el proceso de fortalecimiento de nuestras instituciones para que en un futuro tengan la capacidad de enfrentar a los grupos criminales? ¿Cómo podremos avanzar como nación en materia de seguridad, justicia, economía y política, si nuestra cadena de justicia, que es la columna vertebral de la Nación, está quebrada por la corrupción?

Guatemala es uno de los países con los índices de violencia e impunidad más altos en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué el Estado está ausente? ¿O, porque ha sido infiltrado por estructuras oscuras que impiden que sea investigado? “No podemos permitir que sea cada vez más imperceptible la línea que divide al Estado de estas organizaciones criminales”, susurró el Clarinero. Si nuestro sistema de justicia fuera independiente y eficaz, la impunidad sería cosa del pasado, la presencia de la Cicig no sería necesaria.

La comunidad internacional reconoce la importancia de la permanencia de esta entidad en el país. Por eso ha manifestado que brindaría su apoyo técnico y financiero si Guatemala confirmara su mandato. ¿Quedaría Guatemala aislada internacionalmente si no continúa la Cicig? ¿Quién decide si permanece o se retira? El Ejecutivo. El presidente Otto Pérez Molina ha manifestado que no prorrogará su mandato y como estrategia para no mostrar su inflexibilidad creó una comisión integrada por el Ministerio Público, el Organismo Judicial, el Ministerio de Gobernación y el Instituto de la Defensa Pública Penal para que evaluara el trabajo que ha realizado. Su intención era dejar afuera de esta mesa de trabajo a las organizaciones de la sociedad civil, a las universidades y al sector privado, pero la buena noticia es que Josué Felipe Baquiax, presidente de la Corte Suprema de Justicia, las invitó a participar. “Lo cual es positivo”, dijo Norma Cruz, de Fundación Sobrevivientes, ya que fueron estas organizaciones las que tuvieron la iniciativa de proponer esta instancia.

Creo que el comisionado Iván Velásquez ha trabajado con valentía y seriedad. Para los guatemaltecos la Cicig es un referente moral que nos anima a seguir adelante en esta etapa de crisis. Además, su presencia en este año electoral es indispensable. Desde mi Ventana me uno a los sectores que apoyan su continuidad. Es obvio que el Estado no tiene los recursos ni la institucionalidad suficientes para enfrentarse legalmente al crimen organizado. Por ello, no puede decirle que no a la Cicig que viene, como decimos en buen chapín, con su pan bajo el brazo y con sed de justicia.
clarinerormr@hotmail.com